Corte de Suprema debera resolver si decreta o no una Comisión de verdad Justicia y Reparación a favor de niños y niñas del Sename

Corina decide garantizarse su dignidad  y la de su pequeña hijita. El 2017  luego de  cumplir 18 años nos contacta y  ya  liberada de la institucionalizacion en  Sename y de la búsqueda  de Carabineros  decretada por un tribunal de familia, decide dar a conocer públicamente su realidad pues quería proteger a su pequeña bebe de los flagelos de la internación;  temía que Sename «cayera sobre la bebe como cayeron los  hermanitos» .

Así la conoció  Chile. Quien vio el programa Corina y los presidenciables   de TVN  el  2017 supo de sus sufrimientos y de la frustración   de enfrentarse a nuevas evaluaciones para poder reencontrase con su hermana Giuliana ( 18 años) y se armaba de fuerzas para  recuperar  el contacto al mismo tiempo que buscaba justicia acudió  a Fiscalia  denunciando   el delito sexual hacia  su hermana y ella ; estos hechos permanecen hasta la fecha  en impunidad.

Corina decidida en llegar hasta el final , interpone el pasado 25 de Noviembre un recurso  de protección,  rol 177.521 ante la Corte de apelaciones de Santiago, el cual es declarado inadmisible por la ministro señora Dobra Lusic Nadal e integrada por el ministro señor Rafael Andrade Diaz y por el abogado integrante señor Jorge Norambuena Hernández ante  lo cual el  patrocinante señor  Weinborn ingreso el 30 de Noviembre   UNA REPOSICIÓN CON APELACIÓN SUBSIDIARIA ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, por el recurrente de protección, en autos caratulados “BLANCO/PIÑERA”, Ingreso Corte Nº 177.521-2019, a US.

Atendido lo dispuesto en el numeral 2º del Auto Acordado Nº 94-2015 sobre tramitación y
fallo del Recurso de Protección, y encontrándome dentro de plazo legal, interpongo recurso de reposición respecto de la resolución de fecha 27 de Noviembre pasado, que declaró inadmisible el recurso de protección interpuesto en autos, omitiendo además todo razonamiento y pronunciamiento de carácter “convencional” respecto de la petición subsidiaria relativa al “Requerimiento para la Salvaguarda de Garantías de la Convención Americana de Derechos Humanos” – R.S.G.C.- (cuya regulación con PRIMACÍA AUTORITATIVA reside en los artículos 8, 25 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante C.A.D.H.), conforme a lo dispuesto en los artículos 1.1, 2 y 3 del mismo Tratado – más allá de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile-).

De la misma forma, en carácter subsidiario de la reposición, y para el evento que ésta sea
rechazada, planteo recurso de Apelación para ante la Excma Corte Suprema, a fin de que esta
resuelva sobre esta presentación, acogiendola y declarando admisible el Recurso de Protección a para que sea conocido por la I. Corte de Apelaciones (o en su defecto, declarar admisible el R.S.G.C. – interpuesto en subsidio- con el mismo objetivo)

Tanto el Recurso de Reposición, como la Apelación Subsidiaria tienen su fundamento en
los siguientes antecedentes de hecho y de derecho que a continuación expongo:
I.- FUNDAMENTO ESENCIAL DE ESTE RECURSO:

1- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H.) dice que un ciudadano de un país firmante de la C.A.D.H., cuando la “Potestas” está en Crisis (como sucede en Chile por el flagelo desatado de la Corrupción) tiene el derecho interamericano de exigir que se establezca la Verdad (por vía del recurso establecido en el art 25 del Tratado que en esta arista recibe en Chile el nombre de Recurso de Protección), a través de la “Auctóritas” (o
poder “socialmente reconocido”) mediante la creación de una Comisión de Verdad (para efectos de justicia y reparación), conforme al DERECHO SOCIAL A LA VERDAD, establecido por los fallos interamericanos (Corte I.D.H., Caso Bámaca Vs Guatemala; más todas sus sentencias formativas, anexas y complementarias).

2- La sentencia recurrida niega un derecho ya establecido por los fallos interamericanos, DESAHUCIANDOLOS de facto…

3- Para los fallos de la Corte I.D.H., El Derecho Social a la Verdad es SACROSANTO.

…Y lo es incluso tratándose de un simple delito común (que no es el caso de la recurrente cuyos Crímenes relatados tienen el “Status” de “Lesa Humanidad”)…
4- El propio relato de la recurrente explica incluso que cuando cumplió 18 años realizó la

denuncia de la violación sexual que le había sucedido a Giuliana (su hermana) y los abusos sexuales cometidos en contra de ambas, causa que sin embargo hasta la fecha no ha avanzado en nada… (Implicando una hipótesis de impunidad, denegación de justicia y cosa juzgada fraudulenta, violándose los deberes de diligencia debida e investigación seria: Corte I.D.H., Casos Durand Y Ugarte Vs Perú ; Y; Castañeda Gutman Vs Chile)

5- La Corte I.D.H. no permite que mediante distintas figuras procesales internas (como lo es también una declaración de “inadmisibilidad”) se prive a las víctimas de su Derecho Social a la Verdad (para lo cual ha desarrollado incluso instituciones jurídicas que reparan la impunidad, la denegación de justicia, mediante las condiciones objetivas de cosa juzgada fraudulenta y la proscripción de la violación de la prohibición del “Perículum in Mora”, al vulnerarse los deberes de diligencia debida e investigación seria : Corte I.D.H., Casos Durand Y Ugarte Vs Perú; Y; Castañeda Gutman Vs México)

6- La Sentencia recurrida al decir que la recurrente no tiene derecho a exigir por vía de protección el establecimiento de la verdad, lo que está diciendo es que Corina Blanco Gómez en realidad no tiene derecho a nada (ni siquiera a lo mínimo), lo que en sí es un acto de
Tiranía…

… Y en la Tiranía, sólo hay fracaso…

II.- PREMISAS DE ESTE RECURSO:
1- El 18 de Noviembre de 2019 (en una audiencia con la sociedad civil chilena) el Secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Don Pablo Abrao (Misión técnica preparatoria para la próxima visita “In Loco” a Chile de la Comisión I.D.H., que se verificará en enero de 2010, a penas en poco más de un mes) recibió la información (por quien suscribe) de que la judicatura chilena había legalizado por vía jurisprudencial, la desnudez de
mujeres detenidas en recintos policiales incluso durante su período menstrual (Corte de Apelaciones de Talca, libro de Amparo, rol 72 – 2019 /Excma. Corte Suprema, libro criminal, rol 13.360 – 2019, fallo que contó con el voto favorable de los 3 ministros de la Excma. Corte que fueron acusados constitucionalmente durante el año 2018), de lo cual existe un video que
muestra la indignación de los presentes (Por ejemplo: Espacio de Memoria José Domingo Cañas) y la SORPRESA de la Misión Interamericana, que tomó ESPECIAL nota de los antecedentes proporcionados.

2- Según lo publicado internacionalmente, lo anterior constituye la prueba requerida por el Director del I.N.D.H., para hablar de una Violación “SISTEMÁTICA” de Derechos Humanos en Chile (durante el estallido social), ya que una conducta prohibida internacionalmente (Corte I.D.H., Caso Espinoza Gonzáles Vs Perú, Corte I.D.H., Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs Perú; más todas sus sentencias formativas, anexas y complementarias); y que la Corte I.D.H. ha definido como “una aberración, una afrenta inadmisible a la conciencia jurídica humana”; aparece previamente legalizada por el “SISTEMA” institucional jurídico chileno.

3- En la misma audiencia referida en el numeral anterior (también porquien suscribe) el Secretario de la Comisión I.D.H.; Don Pablo Abrao; recibió la información de que la judicatura chilena (durante el último tiempo y en un sin número de materias de trascendencia fundamental) se ha negado a ejercer “Ex – Officio” el “Control Difuso de
Convencionalidad”, DESAHUCIANDO de facto las Sentencias de la Corte I.D.H.
4- Los días 25 y 29 de noviembre de 2019, la misma información (referida en los numerales anteriores), fue dada al Departamento de Comunicaciones y al Director de Estudios y Proyectos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA https://cejamericas.org/ ) lo que implica que la información de rigor será prontamente conocida por la Cumbre Judicial Iberoamericana (Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales –IIAEJ- / Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional – IBERRED-), la Red Plurinacional de Juezas y Jueces de Las Américas, El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH / https://www.fidh.org/es/ ), La Comisión
Internacional de Juristas ( https://www.icj.org/es/ ) y la federación internacional de Periodistas.

5- Después de publicarse que la judicatura chilena había legalizado por vía jurisprudencial la desnudez de mujeres detenidas en recintos policiales (incluso durante su período menstrual), se produjo una protesta de mujeres a las afueras del Palacio de Tribunales de Santiago, que se
ha viralizado mundialmente.

La referida protesta figura en los siguientes links de internet:

https://infocielo.com/nota/112467/el-violador-eres-tu-el-potente-mensajede-
las-mujeres-chilenas-contra-la-violencia-machista-y-estatal/

La viralización mundial de la protesta, figura en los siguientes links de internet:

https://www.cnnchile.com/mundo/un-violador-en-tu-camino-lastesisvideos-
mundo_20191129/

https://www.24horas.cl/nacional/reino-unido-barcelona-alicante-toulouselos-
lugares-donde-se-esta-replicando-el-baile-feminista-del-colectivolastesis–
3760383

III.- ANTECEDENTES DEL RECURSO DE PROTECCION PLANTEADO CON “REQUERIMIENTO PARA LA SALVAGUARDA DE GARANTIAS DE LA CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS” (EN SUBSIDIO)

1. Con fecha 25 de noviembre pasado, mi representada planteó Recurso de Protección teniendo como recurrido a MIGUEL JUAN SEBASTIAN PIÑERA ECHEÑIQUE, a fin que, con el objeto de restablecer el Imperio del Derecho tanto Doméstico como del Corpus
Iuris Internacional, y conforme a las garantías fundamentales previstas en el Artículo 19 Nº 1, 2 y 24 de la Carta Fundamental, con motivo de la corrupción nacional desatada que fue relatada en el libelo, el recurrido proceda a disponer la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad por temas de Corrupción (para efectos de Verdad, Justicia y Reparación /con una arista especial dedicada a temas de infancia que aborde el HOLOCAUSTO acaecido en el Sename).

2. En forma subsidiaria, fundamentada en los mismos antecedentes, se hace valer el “Requerimiento para la Salvaguarda de Garantías de la Convención Americana de Derechos Humanos” (De acuerdo a la Convención Americna de Derechos Humanos), en adelante R.S.G.C (Conforme a la nomenclatura asignada para las presentaciones verificadas en otros países adscritos a la Cumbre Judicial Iberoamericana), teniendo como Requerido a MIGUEL JUAN SEBASTIAN PIÑERA ECHEÑIQUE, a fin que disponga la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad por temas de Corrupción (para efectos de Verdad, Justicia y Reparación /con una arista especial dedicada a temas de infancia que aborde el HOLOCAUSTO acaecido en el Sename), para la Protección de las Garantías Interamericanas del Requierente, solicitando desde ya (conforme al ejercicio “Ex – Officio” del “Control Difuso de Convencionalidad”) que el Requerimiento sea admitido a tramitación, para la hipótesis en que se ha hecho valer, y en definitiva sea acogido en todas sus partes, a objeto que conforme a los artículos 1, 2, 8, 25 y 63.1 de la C.A.D.H., se respeten las Garantías Interamericanas de los artículos 4, 5, 8.1, 8.2 y 24 del Requierente, establecidas en el Tratado
Internacional referido, en razón que la verificación de la inadmisibilidad o rechazo de la Protección Interpuesta (en lo Principal del libelo) implica la consignación de la “FALTA DE RECURSO IDONEO, EFECTIVO, RAPIDO Y EFIZCAZ”, para recurrir, causal de procedencia del R.S.G.C., comprendida en los artículos 2, 8 y 25 de la C.A.D.H., para lo cual es preciso el restablecimiento del derecho tanto Doméstico como del Corpus Iuris Interamericano.

3. Con fecha 27 de noviembre pasado, la Primera Sala de la I Corte de Apelaciones de  Santiago, presidida por la ministra señora Dobra Lusic Nadal e integrada por el ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz y por el abogado integrante señor Jorge Norambuena Hernández, declaró INADMISIBLE el recurso de protección interpuesto, en los siguientes términos:

“C.A. de Santiago
Acs/mac
Santiago, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve
Vistos y teniendo presente: 1.- Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales; 2.- Que los hechos descritos en la presentación y las peticiones que se formulan a esta Corte exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso, atendida su naturaleza cautelar, por lo que no será admitido a tramitación. Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara inadmisible el recurso de protección interpuesto en contra de Miguel Juan Sebastian Piñera Echeñique.
Archívese.
N°Protección-177521-2019.
Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago,
presidida por la ministra señora Dobra Lusic Nadal e integrada por el ministro (s) señor
Rafael Andrade Diaz y por el abogado integrante señor Jorge Norambuena Hernández.
En Santiago, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, autorizo la resolución que
antecede, la que se notifica por el estado diario con esta misma fecha”

4. Es del caso que, atendido los fundamentos expuestos tanto en el Recurso de Protección, como en la petición subsidiaria de “Requerimiento para la Salvaguarda de garantías de la Convención Americana de Derechos Humanos”( R.S.G.C.), la resolución que se impugna adolece de serias deficiencias jurídicas, tiene un grave impacto en el ámbito Internacional de los Derechos Humanos, y por cierto omite todo razonamiento y pronunciamiento de carácter convencional respecto del R.S.G.C. (cuya regulación con PRIMACÍA AUTORITATIVA reside en los artículos 8, 25 y 63.1 de la C.A.D.H., conforme a lo dispuesto en los artículos 1.1, 2 y 3 del mismo Tratado – más allá de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile-), todo lo cual se analizará en el Capítulo siguiente:

IV.- INFRACCION DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA AL CORPUS IURIS INTERAMERICANO Y AL
DERECHO DOMÉSTICO Y SUS CONSECUENCIAS
1. Se desprende de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Bámaca Velásquez vs Guatemala), que la manifestación individual del derecho SOCIAL a la verdad (principal instrumento de combate jurídico – interamericano contra la corrupción), se relaciona estrechamente con el derecho de los afectados a un recurso judicial efectivo en la medida en que ambos surgen del deber del Estado de esclarecer los hechos relacionados con toda vulneración de los derechos protegidos por el Corpus Iuris Interamericano. – en adelante C.I.I.-

2. Por otra parte, en la letra c) el mismo artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se dispone que “ninguna disposición de la presente Convención
puede ser interpretada en el sentido de… excluir otros derechos y garantías … que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno”, entre los que se contempla el derecho a exigir del Estado, como componente fundamental del ejercicio de la democracia, según lo estipula el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, “la transparencia de las actividades gubernamentales”. (Como Referencia: Corte I.D.H., CASO RODRÍGUEZ VERA Y OTROS -DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA- VS. COLOMBIA, SENTENCIA DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

3. En relación con lo anterior, es preciso recordar entonces que la transparencia (según el propio recurrido, es el mejor antídoto para la corrupción) es parte del derecho SOCIAL a la verdad (porque el mismo supone tener acceso a la verdad que es transparentada)

4. la Corte IDH en el caso «Myrna Mack Chang vs. Guatemala» ha reiterado que toda persona tiene el derecho a la verdad. En consecuencia, la sociedad como un todo DEBE ser informada de todo lo sucedido con relación a violaciones del C.I.I., porque este derecho a la verdad ha venido siendo desarrollado por el Derecho Internacional; Y al ser reconocido y ejercido en una situación concreta; ello constituye un medio importante de reparación. Por lo tanto, en este caso da lugar a una EXPECTATIVA QUE EL ESTADO DEBE SATISFACER A LA SOCIEDAD

5. El derecho a la verdad impone al Estado obligaciones concretas como por emplo, Buscarla y AGOTAR los medios para ello (Sentencia Corte IDH 29/07/1988. Caso Velásquez Rodríguez con Honduras, Serie N° C 04)

¿CUÁL ES EL RECONOCIMIENTO NORMATIVO DE ESTE DERECHO PARA EL ESTADO DE CHILE?
6. El artículo 25 de la C.A.D.H., referido a la protección judicial, implica a la vez la posibilidad de acceder a la justicia, es decir, al recurso rápido y sencillo para recuperar o reconocer un derecho afectado, lo que implica conocer y reconocer la verdad como un fundamento de ello.
7. La sociedad y sus comunidades tienen derecho a conocer y a EXIGIR la verdad (Sentencia Corte IDH 24/11/2010, Caso Gomes Lund y Otros -Guerrilla de Araguaia-, serie C Nº 219.)
8. En relación con lo anterior (y respecto del reconocimiento de incumplimiento; consecuencia jurídica de la sentencia de inadmisibilidad recurrida de reposición con apelación subsidiaria en esta litis; del deber estatal de adecuar la legislación interna para con el tratado : art 2 de la C.A.D.H.), y dado que la protección y el R.S.G.C
(subsidiario) fueron interpuestos conforme a la exhortación de la propia Corte Suprema de observar lo mejor que se está haciendo al nivel de la “Cumbre Judicial Iberoamericana”, es que en Perú (miembro de esta cumbre), en el caso “Villegas Namuche”, la judicatura reconoció el derecho a la verdad como un “derecho fundamental” directamente protegido por la Constitución, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA C.A.D.H. (Caso Genaro Villegas Namuche. Causa No. 2488-2002-HC/TC, 18 de marzo de 2004.) Luego entonces solo hay 2 posibilidades:
a) O la sentencia recurrida (en esta reposición con apelación en subsidio) está reconociendo (al aseverar que en la protección interpuesta se exceden las materias que deben ser conocidas por este recurso) que el Estado de Chile, ha incumplido su deber de adecuar su legislación interna para con la C.A.D.H. ( Art 2 Del Tratado) conforme al derecho de contar con un recurso efectivo y rápido que cautele las garantías establecidas en la C.A.D.H. (art 25 del
tratado), que en Chile (en la temática comprendida en el recurso interpuesto) corresponde al recurso de protección; O
b) La otra posibilidad (sostenida por quien suscribe) es que la sentencia recurrida comete un error al aseverar que en la protección interpuesta se exceden las materias que deben ser conocidas por este recurso, razón por lo cual la misma debe ser revocada, y en definitiva, declararse admisible la protección interpuesta (o en su defecto el R.S.G.C.).

9. Las Comisiones de Verdad son un INSTRUMENTO DEL ESTADO DE DERECHO para las Sociedades (OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LOS DERECHOS HUMANOS, NACIONES UNIDAS, NUEVA YORK Y GINEBRA, 2006)

10. Judith Schönsteiner, Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, expone sobre la necesidad de una Comisión de Verdad (Como un instrumento del Estado de Derecho: art 4 de la C.P.R., que establece para Chile el régimen de una REPÚBLICA democrática), como se aprecia en el siguiente link de internet:
https://m.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2018/08/01/unacomision-
de-verdad-y-reparacion-independiente/

11. La sociedad y sus comunidades también tienen derecho a conocer y a exigir la verdad (Sentencia Corte IDH 24/11/2010, Caso Gomes Lund y Otros – Guerrilla de Araguaia-, serie C Nº 219)

12. El derecho a la verdad va de la mano con el derecho a la justicia

13. La víctima por la falta de verdad es la sociedad completa, y por ello, sólo la verdad permite alcanzar una justicia real. Esto último, ha sido afirmado- ya no solo por la Corte I.D.H.-; como ya se ha dicho; sino también, por un abogado, ACTUAL JUEZ CHILENO (Gerardo Bernales Rojas) y autor jurídico (El Derecho A La Verdad* The Right To The Truth *), cuya tesis de doctorado (“El acceso a la justicia y su autonomía como derecho respecto del derecho
al debido proceso. Análisis doctrinario y jurisprudencial”) fue presentada por la Propia
Excma. Corte Suprema por medio de su actual Presidente (el Ministro Don Haroldo
Brito), el día 23 de septiembre de 2019, como se aprecia a continuación:

14. Luego entonces, SI TANTO EN LA PROTECCIÓN, COMO EN EL R.S.G.C. (subsidiario), se invocó el artículo 25 de la C.A.D.H, no se explica que la sentencia recurrida (en  esta reposición con apelación subsidiaria) haya resuelto declarar inadmisible la protección
y omitir todo razonamiento y pronunciamiento de carácter convencional respecto del R.S.G.C (cuya regulación con PRIMACÍA AUTORITATIVA reside en los artículos 8, 25 y 63.1 de la C.A.D.H., conforme a lo dispuesto en los artículos 1.1, 2 y 3 del mismo Tratado – más allá de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile)

15. Conforme a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, el derecho SOCIAL a la
verdad ha sido entendido como UNA JUSTA EXPECTATIVA QUE EL ESTADO DEBE
SATISFACER (Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones.
Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116; Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114; Y; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70) 16. Por ello, la plena garantía de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial busca combatir la impunidad, entendida ésta como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”
(Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 186; Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 123; Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 211. En el mismo sentido, el Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad define la impunidad como “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”. Asimismo, se establece que “la impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones”. ONU, Comisión de
Derechos Humanos, Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005).

17. Entonces; y como se ha dicho; la Corte I.D.H., ha sostenido que en una sociedad democrática dicho derecho ES UNA JUSTA EXPECTATIVA QUE EL ESTADO DEBE SATISFACER.

18. Como antecedente ilustrativo, la Corte I.D.H. decretó en el Caso Gudiel Álvarez y otros –
Diario Militar- Vs. Guatemala, que al impedir el esclarecimiento de la verdad a través de la vía extrajudicial (como lo es una Comisión de Verdad) “[…] el Estado violó el derecho a la integridad personal, consagrado en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana[…]”, QUE ES PRECISAMENTE UNA DE LAS GARANTÍAS INVOCADAS TANTO EN EL RECURSO DE PROTECCIÓN (hecho valer en esta litis), COMO EN EL R.S.G.C (interpuesto subsidiariamente). Ver: Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez (Diario Militar) Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012. Serie C No. 253

19. Durante los últimos años, las autoridades de los distintos poderes del Estado en Chile,
han manifestado públicamente (en medio del “contexto” de una corrupción desatada) la necesidad de una sociedad EMPODERADA, para propender a una justicia integral propia de un Estado de Derecho.

20. Pues bien, cabe representar en este punto, que son objetivos de las comisiones de verdad (entre otros): reconocer a los afectados como sujetos de derechos, darles una voz y EMPODERARLOS; promover la integración social; y proveer información importante para otros mecanismos de justicia (ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación  y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, A/HRC/24/42, 28 de agosto de 2013) 21. la Corte I.D.H., ha establecido respecto de las Comisiones de Verdad ( en relación a la actividad de los tribunales), que se trata de determinaciones de la verdad que son complementarias entre sí, pues cada una tiene un sentido y alcance propios, así como potencialidades y límites particulares. (Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166; Caso Gudiel Álvarez -Diario Militar- Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012 Serie C No. 253.)

22. Las Comisiones de Verdad son iniciativas oficiales, y son creadas (por ejemplo, en la hipótesis abordada en esta litis) por un decreto del Poder Ejecutivo, como sucedió en los casos de Argentina o Panamá (Decreto N° 187/83 de la República Argentina; Decreto Ejecutivo de 18 de enero de 2001 de la República de Panamá) e incluso como ya ha sucedido en Chile.

23. Cabe recordar en este punto, que en esta litis, se interpuso subsidiariamente un REQUERIMIENTO, frente a lo cual cabe representar que según lo ha expresado el propio Sistema Interamericano (Comisión Interamericana De Derechos Humanos Oea/Ser.L/V/Ii.152, Doc. 2, 13 Agosto 2014 – Derecho a la Verdad en Las Américas), diferentes sectores de la sociedad civil (de los estados firmantes del 17 Tratado), han tenido un rol importante en REQUERIR al Estado la creación de una Comisión de Verdad. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú
(Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, Informe Final, págs. 22-23.)

24. La razón de lo anterior, se debe a que el poder (“socialmente reconocido”:
“Auctóritas”) de las Comisiones De Verdad, se debe a la autoridad moral, competencia y prestigio de sus Comisionados (ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, A/HRC/24/42, 28 de agosto de 2013) 25. Ahora bien, el Recurrente en estos autos, ha REQUERIDO la Creación de una Comisión de Verdad, contando con la asistencia de su respectivo defensor. Dado lo anterior, cabe representar la importancia que el Sistema Interamericano ha asignado incluso a los defensores de derechos fundamentales en torno a las Comisiones de Verdad: La Comisión I.D.H. reitera que la labor de defensoras y defensores es fundamental para la implementación universal de los derechos humanos, así como para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho (CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 66, 31 diciembre 2011)

V.- MAGNITUD DE LA GRAVEDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA EN ESTA REPOSICIÓN CON APELACIÓN SUBSIDIARIA:
1. La decisión contenida en la resolución recurrida (en esta reposición con apelación subsidiaria), implica decir que los Tratados Sobre Derechos Fundamentales son «infra – Constitucionales» que es la doctrina sustentada por Bolivia para hacer prevalecer su normativa interna CONSTITUCIONAL de «irrenunciabilidad a la soberanía del Mar», por sobre el TRATADO firmado con Chile….
2. Los países con una situación limítrofe «compleja» (como Chile) saben que la paz solo se sustenta con TRATADOS (limítrofes) sobre todo cuando se tienen riquezas (Recursos Mineros, Agropecuarios, Marítimos, Hídricos, Lacustres, Forestales, etc) que otrora históricamente en el mundo, han despertado la «avaricia» y «envidia» de “vecinos”, incentivando la «creatividad» justificatoria de INVASIONES…
3. Durante las INVASIONES, se producen MASACRES…
4. Lo único que evita la impunidad de las MASACRES (efecto disuasivo), es el Derecho Internacional….
5. La Corte Interamericana de Derechos Humanos prohíbe la aplicación de amnistías, indultos generales o particulares; y ; la prescripción, en casos de Crímenes de Guerra, Genocidio, Crímenes de Estado y/ o de Lesa Humanidad.
6. Por su situación limítrofe «compleja», Chile ha mantenido una estrategia de alianza logística histórica («HV2» Y «HV3» / “Hipótesis Vecinal Máxima”) con Ecuador y Paraguay (actualmente afectados por situaciones internas delicadas), como también con Colombia (hoy enfrascado en un «polvorín» con Venezuela)…
7. Tras el fallo de la Corte Internacional de la Haya por el litigio entre Perú y Chile, el Padre del Ex – Presidente Peruano Ollanta Humala manifestó: «Este es un triunfito. El día de mañana iremos por Antofagasta.»
8. …Actualmente, desde el punto de vista del «HV2» Y «HV3», Chile nunca antes ha estado más solo….
9. En la práctica internacional histórica, para que el derecho internacional proteja con «eficacia», se ha requerido haber tenido una conducta respetuosa de los Tratados y Fallos Internacionales:

10. Hoy no están en la agenda mediática, las eventuales faltas al debido proceso de los juicios a los jerarcas del régimen nazi (Núremberg), pero si el de las atrocidades sexuales cometidas contra niñas, niños y adolescentes durante regímenes democráticos (informes de la O.N.U. respecto del Estado Vaticano) que a lo menos “en el papel” respetan los Tratados y los fallos internacionales. (por ejemplo, en el fallo de una CORTE)

11. PROPAGAR LA DOCTRINA; consignándola por escrito (por ejemplo en el fallo de una Corte /La Iltma. Ministra Dobra Lusic Nadal, quien este año fue propuesta por el Presidente de la República para un cupo en la Excma. Corte Suprema, e integró y presidió la Primera Sala que declaró inadmisible la protección de autos, omitiendo todo razonamiento y pronunciamiento de carácter “convencional” respecto de la petición subsidiaria relativa al
“Requerimiento para la Salvaguarda de Garantías de la Convención Americana de Derechos Humanos” – R.S.G.C.- cuya regulación con PRIMACÍA AUTORITATIVA reside en los artículos 8, 25 y 63.1 de la C.A.D.H., conforme a lo dispuesto en los artículos 1.1, 2 y 3 del mismo Tratado – más allá de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile-); DE QUE LOS TRATADOS NO VALEN (afirmando – en consecuencia- que son inferiores a las normativas meramente internas) es una invitación a los «vecinos» para que inicien una invasión, bajo la justificación (de seguridad nacional) de que el propio Estado invadido afirma (por medio de una CORTE suya) que los Tratados no valen (por estar supeditados a las normas meramente internas), sobre todo en una época en que la página de internet del Poder Judicial de Chile ( www.pjud.cl ) , es accesible desde cualquier lugar del mundo, incluso por agentes de Perú, Bolivia y Argentina… (Con quienes
Chile ya ha tenido conflictos limítrofes y/o bélicos)

12. -…Aseverar que las normas meramente internas prevalecen sobre los Tratados (como la C.A.D.H.) y los Fallos internacionales (como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) es una situación que afecta una temática de SEGURIDAD NACIONAL.

13. -Por lo anterior; y precisamente en pos del amparo de las víctimas; es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que los Tratados sobre Derechos Fundamentales, tienen rango SupraConstitucional (Corte I.D.H., Caso Hilaire Vs Trinidad y Tobago – sentencia de excepciones preliminares-; y; Gelman Vs Uruguay – sentencia de Fondo; más todas sus sentencias formativas, anexas y complementarias)
14. Lo expuesto anteriormente; en todo caso; no es nada nuevo. Así por ejemplo, El reconocido litigante chileno de derechos humanos Don Nelson Caucoto, ha manifestado abiertamente que los Tratados Internacionales sobre Derechos Fundamentales tienen rango “SupraConstitucional”, como también lo ha realizado Doña Jeannette Irigoin Barrenne, en sus cátedras de Derecho Internacional Público (década de 1990) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (jefa académica de la academia nacional de estudios políticos y estratégicos del MINISTERIO DE DEFENSA:
https://www.anepe.cl/docentes/jeannette-irigoin-barrenne/ , Abogado,Universidad de Chile, Magíster en Estudios Internacionales, Doctora en Derecho Internacional, Postgrado Academia de Derecho Internacional, Postgrado, Academia de Derecho de la Haya, Postítulo en Políticas y Relaciones Internacionales, Diploma Instituto Internacional Derechos Humanos, Áreas de Especialización: Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Solución de controversia.)

15. Por lo demás, la primacía INEXCUSABLE de los Tratados sobre las normas internas de los Estados firmantes de un Pacto, HA SIDO LA DOCTRINA CONSTANTE Y UNIFORME SUSTENTADA POR EL ESTADO DE CHILE (incluso ante la Asamblea General de Naciones Unidas y la Corte Internacional de La Haya) para defenderse de las argumentaciones de Bolivia, que hacen prevalecer su normativa interna CONSTITUCIONAL de “irrenunciabilidad a la soberanía del mar” por sobre el Tratado firmado con Chile.

16. Por todo lo expuesto, la resolución impugnada (en esta reposición con apelación en subsidio), transgrede toda la normativa internacional, los fallos, los antecedentes citados y precisamente en un sentido absolutamente contrario a lo que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos exige a cada uno de los países firmantes. De esta forma, el Poder Judicial, ha expresado mediante esta Resolución una decisión contraria al Corpus Iuris Internacional, lo que evidentemente trae como consecuencia, una responsabilidad para el Estado de Chile frente al Sistema Interamericano de Justicia, cuestión ésta que se desea resolver INTERNAMENTE agotando las vías Locales.

VI.- CONCLUSION:
La resolución recurrida (en esta reposición con apelación subsidiaria) debe ser enmendada conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en sintonía necesaria con nuestro Ordenamiento Jurídico, pues nuestro país debe ser un fiel cumplidor de sus compromisos Internacionales, imagen que no puede verse afectada por una Resolución Jurisdiccional, emanada del Poder Judicial de Chile, razón por la que se solicita muy respetuosamente sea enmendada conforme al Corpus Iuris Interamericano y conforme nuestra Carta Fundamental.

Como consecuencia de lo anterior, y habiéndose planteado el Recurso de Protección fundado en infracción de garantías Constitucionales amparadas por el Recurso de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 20 de la Carta Fundamental, esto es las garantías previstas en el artículo 19 Nº 1, 2 y 24 de la Carta Fundamental, siendo arbitrarios los actos descritos, solicito se reponga la resolución recurrida (en esta reposición con apelación subsidiaria) y en su lugar se declare admisible el recurso de Protección planteado (o en su defecto el R.S.G.C interpuesto en subsidio), ordenando Informar al recurrido (o Requerido) conforme lo dispone el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. En el evento que se deniegue la Reposición, solicito se tenga por presentado, en subsidio, recurso de apelación para ante la Excma. Corte Suprema, fundada en los mismos fundamentos de hecho y de derecho expuestos, los que doy por enteramente reproducidos para todos los efectos
legales, solicitando en concreto que los antecedentes sean elevados para ante la Excma. Corte Suprema, a fin que Ésta conociendo del presente recurso decida revocar la resolución recurrida y en su lugar declare admisible el Recurso de Protección (o en su defecto el R.S.G.C. interpuesto en subsidio), ordenando continuar con su tramitación.

POR TANTO, RUEGO A US. ILMA, Tener por presentado recurso de reposición en contra de la resolución de fecha 27 de noviembre pasado, acogerla a tramitación y en definitiva reponer la resolución recurrida, declarando en definitiva Admisible el Recurso de Protección planteado. En el evento que se deniegue la Reposición, solicito se tenga por presentado, en subsidio, recurso de apelación para ante la Excma. Corte Suprema, fundada en los mismos fundamentos de hecho y de derecho expuestos, los que doy por enteramente reproducidos para todos los efectos legales, solicitando en concreto que los antecedentes sean elevados para ante la Excma. Corte Suprema, a fin que Ésta conociendo del presente recurso decida revocar la resolución recurrida y en su lugar declare admisible el Recurso de Protección (o en su defecto el R.S.G.C. interpuesto en subsidio), ordenando continuar con su tramitación.

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