Solucion para la violencia de Carabineros en Chile y la creación de una nueva Institucionalidad

VIOLENCIA POLICIAL DE CARABINEROS DE CHILE

Solicitamos recomendar que Carabineros y sus Fuerzas Especiales sean disueltos.

Por mismos motivos aquí enunciados  la desmilitarización del Walmapu, por décadas requerido por el  pueblos mapuche , es una demanda urgente que debe tomar fuerza en los movimiento de mujeres, trabajadores, estudiantes

Palabras claves  :corrupción , dolo, apremios ilegítimos  ,  libertad de expresión , derecho a asociación y a manifestación, art. 13 CIDH

Luego del informe de Human Rights Watch (HRW) que da cuenta de violaciones a los derechos humanos cometidos por Carabineros, Francia ha comunicado su  rechazó  para aconsejar a Chile sobre métodos para mantener el orden público. El fin de semana recién pasado, el Presidente Sebastián Piñera visitó la Escuela de Suboficiales de Carabineros y dijo que la institución recibiría asesorías profesionales de policías extranjeras, incluyendo al país europeo, sin embargo, durante esta jornada  Francia rechazó aconsejar a la policía uniformada.. Es oportuno  que la decisión de  asesoramiento sobre métodos para mantener el orden, y respecto de  todos los proyectos que puedan haberse planificado por parte de la Policía española, debe ser nuevamente  reflexionada y evaluada por su parlamento.

 el pasado mes de noviembre, organizaciones chilenas  se reunieron  con el señor Paulo Abrao Secretario de la  Comisión Inter americana de Derechos Humanos  para solicitarle recomendar al  Estado de Chile , que Carabineros y sus Fuerzas Especiales deben ser disueltos.

La opinión publica y el mundo debe conocer las respuestas  de Sebastián Piñera  de fecha 24 Junio 2019  al EPU/Chile/2019 ,  respecto de  las recomendaciones que le realizaron los países miembros de la ONU, durante el proceso al  examen periódico  universal 

Chile respondió que  acepta las recomendaciones 125.59 y 125.60. Sin embargo, el Estado hace notar dos circunstancias vinculadas a estas recomendaciones.

1.- Primero, hoy existe una creciente formación en derechos humanos al interior de las fuerzas de orden y seguridad públicas. Segundo, las policías disponen de procedimientos que les permiten investigar y sancionar de forma administrativa los abusos policiales. Ello, sin perjuicio de las atribuciones que tanto el Ministerio Público como los tribunales disponen.

Al respecto favor revisar los siguientes Links 

https://www.concierto.cl/2019/11/mayoria-de-carabineros-responde-mal-prueba-sobre-derechos-humanos/

https://www.youtube.com/watch?v=1dBX7uuXWMs

2.- No es aceptada la recomendación 125.74. Ello porque los abusos policiales denunciados en el contexto de manifestaciones pacíficas son investigados y, en caso de que los hechos se demuestren como ciertos, sancionados.

Al respecto remarcar 

a)el contenidos de  circular 1832  a la cual debió ceñirse Carabineros,  que por cierto fue modificada por recomendación de la CIDH por sentencia Lemun  vs Chile ( oficial de carabineros dispara a la cabeza del joven mapuche de 17 años ) LA curclar no contó ( con se acrodó) con la  participación de esta sociedad civil como señalaba el acuerdo firmado por Chile con el organismo internacional y fue redactada por Carabineros ,  a prisas y  promulgada el pasado mes de Marzo 2019 

Para las Garantías de no repetición se debió aprobar los  lineamientos generales sobre el uso de la fuerza policial donde el Estado   se comprometió a aprobar antes del 11 de marzo de 2018  ( aprobado  recién en Marzo 2019) , un Decreto Presidencial que establecerá los lineamientos sobre el uso de la fuerza en conformidad con los estándares internacionales sobre derechos humanos en esta materia. Dicho Decreto contendrá un mandato para la revisión de protocolos existentes en la materia a la luz de los estándares internacionales. El Estado se compromete a iniciar un proceso de actualización del protocolo aprobado por el Decreto dentro de los 90 días de aprobado el mismo. Dicho proceso incluirá la participación de la sociedad civil y del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Asimismo, dicho Decreto mandará a reportar anualmente estadísticas relativas al uso de la fuerza y episodios violentos. Dicha información se sistematizará y hará pública anualmente.
Este Decreto será de público conocimiento, y se encontrará en las páginas web del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Carabineros de Chile de manera permanente. La publicidad del Decreto hará referencia al presente Acuerdo y al reconocimiento de responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos de la que fue víctima Alex Lemun y su familia.
b) Capacitaciones  Programa de capacitación en terreno a funcionarios de carabineros asignados en la Araucanía
El Estado se compromete a desarrollar un programa de capacitación en terreno a carabineros asignados a funciones en la Araucanía. En particular, Carabineros de Chile reforzará el entrenamiento permanente de su personal operativo en técnicas de intervención policial ajustadas al estándar internacional para el uso de la fuerza a través de las siguientes medidas: (i) Un plan nacional de entrenamiento práctico para comisarías de todo el país; (ii)
Capacitaciones semanales de contenido teórico-práctico en el Centro de Perfeccionamiento de Carabineros; y (iii) Cursos de capacitación para instructores multiplicadores en derechos humanos aplicables a la función policial. Se hace presente que las capacitaciones teóricas consideran la enseñanza de todos los temas incluidos en el libro Servir y Proteger del CICR1. . El Estado incorporará en los programas de capacitación el abordaje específico de
los estándares internacionales que deben regir la actuación policial en contextos de protestas sociales y comunidades indígenas. A su vez, la Subsecretaría de Derechos Humanos, se compromete a brindar asesoría técnica para el diseño de contenidos de dicha capacitación.
c) Adecuación de la oferta docente de cursos de formación y perfeccionamiento dirigido a jueces y juezas del Poder Judicial La Corte Suprema se compromete a establecer coordinaciones con la Academia Judicial de Chile a fin de que estudie la adecuación de la oferta docente de sus cursos de formación y de perfeccionamiento dirigido a jueces y juezas del Poder Judicial, en materia de estándares internacionales aplicables a la investigación, juzgamiento y sanción de episodios violentos en el marco del uso de la fuerza por agentes estatales.

Favor revisar siguiente link.

https://www.youtube.com/watch?v=KSRFbzxnHrI

3.- No es aceptada la recomendación 125.87. Esto porque el derecho interno no sólo reconoce, sino que también asegura la libertad de expresión y protege el derecho de reunión a través de distintos mecanismos constitucionales, legales y administrativos.

Al respecto  remarcar que Chile es el único país que para manifestarse requiere de la disponibilidad de Carabineros para que se acepte,  la manifestación. 

LA VIOLENCIA POLICIAL  HACIA NIÑOS  Y ADOLESCENTES

La violencia policial hacia niños, niñas y adolescentes se ha incrementado en el contexto de un paquete de iniciativas gubernamentales focalizadas en niñez y adolescencia con evidentes sesgos etnocéntricos,  de género y adultocéntricos, que atentan contra los derechos, calidad de vida y bienestar de niños, niñas y adolescentes.

En el área de cuidado y educación no han habido muestras de atender los temas de fondo -como establecer estándares de calidad, excelencia y valorizar el ejercicio profesional- ni tampoco se ha asumido que las demandas estudiantiles apuntan a la transformación de un modelo educativo rígido y retrógrado, para dar cabida a modelos alternativos actualizados y diversos. En vez de incorporar evidencia actualizada y avanzar hacia un enfoque de derechos, el gobierno en cambio ha impulsado un conjunto iniciativas que tienen como consecuencia diversas formas de discriminación, vulneración de  derechos y/o criminalización de la niñez y adolescencia, al mismo tiempo que buscan ampliar y optimizar el lucro en las áreas de cuidado y educación, favoreciendo el flujo de recursos del Estado

1. Disminución de edad  de imputabilidad de delitos a 12 años. Iniciativa    de Diputados RN y UDI

  21 de Junio 2018.

A pesar de que las cifras de Fiscalía y Aupol muestran una disminución de delitos efectuados por adolescentes, diputados de partidos de gobierno proponen bajar la edad de imputabilidad de delitos de 14 años a 12 años. Por presión de  organizaciones civiles, de derechos humanos y organismos expertos la idea fue finalmente desestimada por el gobierno.
2.    Ampliación de  atribuciones a directores para sanciones y expulsión de estudiantes-

Proyecto de Gobierno Ley “Aula Segura”

19 Diciembre 2018

 

Faculta a directores de establecimientos educacionales para castigar  con expulsión y cancelación de matrícula de forma inmediata a  estudiantes involucrados en actos violentos, que causen daños a la institución o funcionarios. Contraviene  orientaciones de ley SAE que establece protocolos y procedimientos  participativos para evaluación de sanciones. Esto en respuesta a la organización y movilizaciones estudiantiles que han involucrado tomas de establecimientos educacionales. Hasta ahora es el único proyecto del gobierno en esta área aprobado por el Congreso. Sus resultados han sido la  militarización de conflictos educacionales,  criminalización, persecución de alumnos, expulsiones irregulares y vulneraciones de derechos hacia menores de edad.

3. Disminución edad control policial de identidad de 18 a 14 años. Proyecto de Gobierno Ley Fortalecimiento Control Identidad

 

  29 Marzo 2019

A pesar de que las cifras indican una disminución de delitos cometidos por adolescentes desde 2011, el gobierno impulsa proyecto que ampliaría facultades policiales para control aleatorio de identidad a menores de edad, e incluso registro de vestimentas y accesorios. La medida fue rechazada por contravenir Convención de Derechos de Niños Niñas y Adolescentes por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Defensoría de la Niñez y el propio Ministerio Público. A pesar de ello, el proyecto se encuentra en fase de aprobado por parte de la Cámara de Diputados con modificación de edad a 16 años.

4. Toque de queda  a menores de edad. Brigadas civiles de control a niños. Idea de sector ultraderechista. Proyecto de Ley impulsado por diputados de derecha RN y UDI 2 de Abril 2019

Buscaba restricción del tránsito de menores de edad en espacios públicos en horario nocturno, con sanciones y multas. Contraloría declaró ilegal el proyecto. Ocho municipios de derecha realizaron plebiscito, que contó con un recurso de protección en su contra por vulnerar  derechos de niños, niñas y adolescentes. A pesar de ello, los ocho alcaldes habilitaron en forma local un horario restringido para menores. Comuna de Las Condes articuló brigadas civiles para el control de menores de edad, finalmente suspendidas y reemplazadas por patrullas municipales de seguridad.

Incursiones policiales año 2010

El año 2010, iniciando el primer período del presidente actual , el gobierno y especialmente el Ministro del Interior  decidieron replicar los métodos que el alcalde de Nueva York, , aplicó en su ciudad desde mediados de los 90’s y que redujo los índices de criminalidad en un 60%, Esta política de choque se basa en el supuesto de que si alguien que comete cualquier tipo de infracción no es condenado de inmediato va a reincidir, y que si esa condena no es con todo el peso de la ley, la gravedad del delito irá en aumento. Por supuesto no soluciona nada y solamente desplaza territorialmente, por un momento, a quienes la autoridad considera delincuentes, no generando ningún efecto en la supuesta sensación de impunidad, sino únicamente animadversión contra la policía, que multiplica sus métodos provocadores y abusivos.

Desde mediados del 2011 se instalaron en Chile sus asesores, creadores y aplicadores directos: Lou Anemone, ex jefe de la policía de Nueva York y consultor internacional; William Bratton, comisionado de policía de Giuliani, quien implementó el novedoso programa de investigación Compstat (Computer Statics o Comparative Statics) en su institución, basado en estadísticas y bases de datos que permitieron focalizar la acción de la policía local; y Michael Berkow, ex jefe de policía en Los Angeles y otras ciudades de EEUU, quien además fue llamado a Londres para trabajar con la policía después de los atentados de julio del 2005.

Todos ellos estuvieron aproximadamente 4 meses en el país, habiendo sido elegidos en la licitación de la empresa consultora Altegrity (la misma que había trabajado en el tema carcelario) para aplicar el sistema Comptstat, que pasó a llamarse STAD en Chile, sigla de Sistema Táctico de Análisis Delictual, trabajando directamente con el entonces subsecretario de Prevención del Delito Cristóbal Lira, con el entonces general director de carabineros Gustavo González Jure, y en diversas comisarías donde comenzó a ser aplicado (partiendo como piloto en tres de las seis prefecturas de la zona metropolitana -norte, sur y oriente-), con la idea de estar aplicado en todo el país a fines de ese año.

Esa política fue bautizada como “revolución en carabineros”, y consistía en reuniones periódicas de los jefes de unidades y sus superiores (incluyendo unidades especializadas, como el OS-7 de drogas, y el OS-9 de crimen organizado) para compartir información, establecer patrones de conducta delictuales y acordar tácticas en común, en base a tablas comparativas y gráficos, buscando “atacar al delito” en el lugar y momento precisos, llegando a implementar cambios operacionales innovadores y sobre todo con resultados medibles y aplicación de metas. Todo resultó en un rotundo fracaso, y la mayor crisis interna de carabineros en todo el período desde la transición pactada hasta el año pasado.

La “revolución en carabineros” no solamente confundieron a la nueva “generación sin miedo”, que eran cientos de miles de luchadoras y luchadores con dramas y necesidades concretas, con una minoría a la que llamaron “nueva generación de encapuchados”, supuestamente empujados a la calle “por contagio”. La “innovación” y las “decisiones creativas” exigidas a la oficialidad, la “optimización de recursos” y los “cambios en los procedimientos” se tradujeron en todos los casos en una re edición de viejas prácticas, en un sacar del baúl antiquísimos métodos tales como la tortura, cuyas denuncias se multiplicaron ese año, o los verdaderos estados de sitio que se produjeron el 4 y el 25 de Agosto.

Corrupción en  la Institución de Carabineros de Chile

Destacar el caso por defraudación de caudales públicos, cometido por funcionarios de Carabineros en servicio activo, investigado por la fiscalía de Punta Arenas, constituye un hecho particularmente grave, por una serie de aspectos.

Las defraudaciones habrían comenzado en 2010, y el  monto superaría los 8 mil millones de pesos, algo así como el 1% del presupuesto anual de Carabineros. La corrupción es un fenómeno multi causal, que corroe las instituciones del Estado, socavando las bases de la institucionalidad democrática. Pese a las múltiples comisiones y recomendaciones que han surgido en el último tiempo, Chile presenta de manera persistente y transversal, crecientes síntomas de falta de probidad.

Agrava la situación, el largo período de tiempo que dichas prácticas delictivas se perpetraron al interior de la institución. En este sentido, su modernización no sólo implica incorporar mayores recursos tecnológicos e infraestructura, sino que también desarrollar mecanismos de control interno, que permitan advertir oportuna y eficazmente situaciones de corrupción a su interior.

Ocho carabineros ya habían sido detenidos y desvinculados de la institución, por delitos asociados a la ley de drogas, robo con intimidación, cohecho y omisión de denuncia.  Meses antes , la Contraloría General de la República, en el marco de la investigación por fraude en el Ejército, detectó que Carabineros, entre 2010 y 2015, pagó más de $ 3.200 millones a siete empresas proveedoras de repuestos y otros servicios, entre ellas, tres firmas investigadas por facilitar facturas falsas para la reparación de vehículos militares.

Los cambios paradigmáticos que ha experimentado Chile en las últimas décadas, tanto a nivel social, cultural, político y económico, además de la adaptación de las instituciones a un Chile más democrático, moderno y respetuoso de los Derechos Humanos, sumado al aumento de la delincuencia y al altísimo impacto de la Reforma Procesal Penal, son factores que posiblemente han relentizado la implementación de mecanismos internos y externos no solo de fiscalización, sino que especialmente de prevención contra la corrupción en Carabineros.

 

Manipulación de evidencia por Carabineros de Chile.

En la llamada «Operación Huracán»[1]; fraude al Fisco en el «Pacogate»; venta ilegal de armas; golpizas a estudiantes; cobro de sobornos a comerciantes extranjeros; y alianzas con bandas dedicadas al narcotráfico y robos con intimidación. Todos estos casos, ocurridos desde 2015 a octubre de este año, tienen algo en común: se vinculó a uno o más carabineros y la institución optó por iniciar el proceso para darlos de baja mientras se esclarecen los hechos.

Internamente, se les llama bajas de «efecto inmediato», y ocurre cada vez que un uniformado incurre en una falta o ilícito. Estos pueden ir desde quedarse dormido, permitiendo la fuga de un detenido, o admitir haber borrado evidencia clave, como ocurrió hace unos días en el caso del comunero Camilo Catrillanca, donde el general director, Hermes Soto, reconoció que uno de los miembros del GOPE grabó el operativo del cual salió letalmente herido el joven de 24 años. Según cifras enviadas a Emol por Transparencia, en los últimos tres años la institución ha iniciado este tipo de proceso de desvinculación -lo que implica que eventualmente podría revertirse la salida- contra 1.010 policías. Esto de un universo de dotación cercana a los 50 mil hombres. Pero las bajas de efecto inmediato no son las únicas, aunque sí la mayoría (53%). De acuerdo a los datos, en el periodo analizado un total de 1.903 funcionarios fueron sometidos a la dada de baja por distintos motivos, lo que equivale a más de uno al día. Los casos ocurridos en los diez primeros meses de este año (441) ya se equiparan con todos los del 2015. El peak, en tanto, fue en 2017 con 523 situaciones .

                              Denuncias y desvinculaciónes de la Institucion de  Carabineros  de Chile.

A los otros motivos, 299 policías fueron desvinculados por una mala calificación al interior de la institución. Según explicaron fuentes conocedoras de los procesos, cada año los funcionarios policiales son calificados y clasificados de acuerdo a su desempeño.

 

La lista uno equivale a «mérito»; la dos a «satisfactoria»; la tres a «observación» y la cuatro a «eliminación». Caer una vez en la última categoría -ya sea por múltiples sanciones-, o dos años consecutivos en la penúltima ya es causal de salida. 188 Procesos se iniciaron por carabineros heridos mientras ejercían funciones. También, el proceso se inició contra 79 aspirantes de la Escuela de Carabineros por malas calificaciones o comportamiento[2]; y contra 325 policías con «imposibilidad física», que quiere decir tener una enfermedad externa al ejercicio de la profesión y que le impida ejercer el ejercicio de esta. Otros 188 casos los constituyen aquellos que sufrieron un en un acto de servicio; y solo dos son considerados como «destitución», donde se consideran a los civiles que prestan servicios a la institución mediante la firma de un contrato por resolución (CPR). En esta última categoría entró el ingeniero Álex Smith Leay, apodado por sus compañeros de inteligencia como «El Profesor», quien fue el creador del programa que supuestamente había permitido interceptar la mensajería entre los comuneros indagados en «Huracán». Procesos de desvinculación iniciados 2015 441 2016 498 2017 523 2018 441 Total 1.903

Entre 2010 y junio de este año, las ramas de las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad recibieron -en total- 284 denuncias, divididas entre acoso sexual, abuso sexual, violación y otro tipo de actos indebidos, donde 103 casos terminaron con sanciones. Es decir, un 36 por ciento. Carabineros fue la institución que más registró, con 160, seguida del Ejército con 78. A su turno, la Fuerza Aerea  reportó 29 y la Fuerza Armada 17.

 Dentro de los castigos aplicados, los más frecuentes fueron las desvinculaciones y la imposición de días de “arresto militar”. Las acusaciones han ido en aumento en los últimos años, en parte por la decisión de las víctimas, como también por el mejoramiento, aunque lento, de los protocolos internos. La única entidad que no dio respuesta a la solicitud realizada a través de la Ley de Transparencia fue la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). La institución violó abiertamente el plazo que establece el cuerpo legal sin siquiera enviar los datos solicitados.

 

Acusaciones de índole sexual.

De Estados Unidos a Chile, pasando por Europa y Asia, sacerdotes, políticos, actores y directores de cine y televisión, entre otros, han sido derribados de sus posiciones de poder gracias a las víctimas de actos sexuales que se han atrevido a denunciarlos públicamente, como también ante la justicia. En Chile, los casos más emblemáticos han sido los que han remecido a la iglesia y productores de TV, entre otros. Las Fuerzas Armadas, como también las de Orden y Seguridad, no han estado exentas de este fenómeno.

Entre 2010 y junio de 2018, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y Carabineros han recibido 284 denuncias por acciones de índole sexual contra algunos de sus funcionarios. De ese total, 127 fueron por abuso sexual, 103 por acoso sexual, 38 por violaciones y 16 por otros actos indebidos. Así lo revelan las cifras a las cuales accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío a través de la Ley de Transparencia.

La institución más denunciada fue Carabineros[3], con 160 casos, seguida del Ejército, con 78. Le sigue la Fuerza Aerea , que durante ese período reportó 29 denuncias, y la Armada, con 17 .

De las acusaciones registradas[4] en el lapso de tiempo, 103 terminaron con sanciones, lo que equivale a un 36% del total. De ellas, 46 fueron por casos de abuso, 27 por acoso, 18 por violaciones y 12 por otras conductas de connotación sexual. Carabineros también encabezó este “ranking”, ya que aplicó medidas disciplinarias en 67 casos, secundada por la Fuera Aerea  y la Armada que registraron 13 cada una, mientras que el Ejército sancionó en 9 casos. Esta última rama castrense, sin embargo, reconoció que no tiene información de lo que ocurrió con el desarrollo de 56 denuncias.

.Cabe acotar que si bien no se precisó cuántos casos fueron derivados al Ministerio Público, las entidades aseguraron que remitieron los antecedentes en todos los casos que podrían haber implicado algún delito.

Descrédito de  la institución de Carabineros ante la opinión publica .

El descrédito de la policía de Carabineros ha quedado demostrada latamente ante la opinión publica . Desde 2015 a la fecha 222 policías  han sido sancionados  con la baja de la institución : 5 carabineros de comisarias donde se atienden a personas menores , 120 carabineros con rango de oficiales , 76 carabineros pertenecientes al grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y 20 carabineros del Departamento O.S.9 Investigación de Organizaciones Criminales. Las razones para  sus bajas, son diversas:

Aprovechar situación funcionaria en beneficio personal,   declarar hechos falsos , no cumplir con interés deberes profesionales , ebriedad en servicio o vida privada , conducta impropia en vida privada, no cumplir orden o hacerlo con tardanza ,omisión o atraso al dar cuenta de hechos, trato indebido a subalterno o a compañero, destrucción o perdida de especies , imprudencia en manejo armas de fuego, negligencia o descuido indicada como falta  de cooperación al  servicio.

Sentencias y juicios  por tortura , trato degradante e inhumano de Carabineros.

 Desde el año En el año 2016 . Chile cuenta con la provisión jurídica para enjuiciar la  Tortura , la discriminación ( Comité contra la Tortura de Naciones Unidas) y  los tormentos.

El 2019 se condeno a 22 años de presidio efectivo ,   17 años recluido por tormento y apremios a un  suboficial mayor  quien deberá cumplir  torturas y cinco   años por falsificación de documento público. Otro suboficial fue condenado deberá cumplir una sentencia de ocho años de presidio efectivo  acusados ambos  por haber torturado el 2016 a comerciantes ambulantes en la 21° comisaría de Estación Central. de SantiagoLa fiscal Metropolitana Centro Norte,  calificó esta  condena como “histórica y emblemática” y destacó el hecho de que ambos uniformados deberán cumplir en total 30 años de presidio por ejecutar torturas y apremios ilegítimos mientras ejercían sus funciones como Carabineros.

El pasado  28 de Septiembre, en Valparaíso, el activista socio ambiental Patrick Rojas Cancino denunció que fue torturado la madrugada del sábado 28 en la Segunda Comisaría de Carabineros de Valparaíso. la Fiscalía Local de Valparaíso inicio una investigación por el delito de apremios ilegítimos, en que el amparado tiene la calidad de víctima, causa en la cual, previa investigación podrá determinarse la efectividad de los hechos denunciados.

En las últimas semanas, hemos sido testigo de la violencia desmedida por parte de agentes del Estado a la población chilena. Son numerosos los casos donde la tortura vuelve a ser el mecanismo de represión utilizado en las personas que ahora protestan por sus demandas ciudadanas. Un importante cantidad de  de las personas mayores han vuelto atrás y se han angustiado  viendo en la prensa la aplicación de la fuerza que los retrotrae a  la dictadura militar, los golpes físicos, el maltrato psicológico, la desaparición forzada y la violencia sexual, fueron algunos de los mecanismos utilizados por fuerzas armadas, carabineros e incluso civiles. Al parecer, tras 30 años del retorno de la democracia, los mecanismos de represión no han cambiado.

El agente de Estado Hernan Larrain  a cargo de la cartera de Justicia y Derechos Humanos[5]  el día 4 de Noviembre  aseguró que se le ha explicado a la delegación de la ONU que si se aplicó un estado de excepción fue para “asegurar la paz social” y que en tanto esta se pudo restablecer, el estado de excepción fue terminado.

 

A la vez, el secretario de Estado destacó que desde su cartera han estado siempre comprometidos con el respeto de los derechos humanos y con el cumplimiento de los protocolos de Carabineros y del Ejército respecto del uso de la fuerza y el trato en las manifestaciones. “Desde el primer día se le dieron todas las instrucciones a las fuerzas policiales y militares para que sus actuaciones cautelando el orden público siempre fueran respetuosas de los derechos y libertades de las personas, asegurando el cumplimiento de los protocolos que existen para esta materia, los que han sido observados, incluso, con la subsecretaria de Derechos Humanos. Tuvimos una reunión el jueves 24 con el jefe a cargo de Santiago, el jefe militar y todo su alto mando para corroborar y comprobar que esto efectivamente estuviese siendo cumplido, cuestión que sí, efectivamente, pudimos verificar con las declaraciones y actuaciones que nos hicieron presentes en esa oportunidad”, indicó.

Con fecha 6 de noviembre El fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, confirmó que 14 carabineros serán formalizados por el delito de tortura.

 

El persecutor entregó detalles del caso de un menor de 16 años que fue golpeado brutalmente en forma reiterada por dos uniformados pertenecientes a la 61 Comisaría de Carabineros de La Florida. “Estos hechos a nuestro juicio también constituyen torturas”; y dijo que van a actuar con el máximo rigor posible y exigirán prisión preventiva contra los oficiales. Detalló que se decidió formalizar dos casos distintos por delitos de tortura: “Ambos hechos ocurren el 21 de octubre, uno en Plaza Ñuñoa, del cual tomamos conocimiento por la televisión en el cual agreden a una persona y le propinan una serie de golpes los cuales le originan lesiones de carácter grave. Por ese hecho 12 funcionarios de Carabineros van a ser formalizados por el delito de torturas por la Fiscalía de Ñuñoa”.

En un video que se dio a conocer por medios de prensa  11/11/2019– que sería confidencial y solo de acceso a la tropa-  el general director de Carabineros, Mario Rozas, dio el total apoyo a sus subordinados por su actuar en estas tres semanas de manifestaciones sociales y ciudadanas. Prometió defensa a quienes hayan incurrido en actos violentos, irregulares, de abusos sexuales, maltratos, violaciones a los derechos humanos, no respeto de los protocolos y agresiones a ciudadanos. Rozas, en lo que se conoce del mensaje, no hizo ningún llamado a detener o no caer “en excesos” (como los definió el Presidente Sebastián Piñera), ni menos a la necesidad de que Carabineros respete los derechos humanos. Esos conceptos, como suele ocurrir, no estuvieron en el mensaje a oficiales y a la tropa policial. Lo que sí dijo el jefe de Carabineros, es que “todos aquellos que están siendo sumariados, que todos aquellos que están puestos en conocimiento del Ministerio Público, sepan que vamos a tomar todas las acciones, todos los resguardos, para que tengan el debido proceso y la defensa que todo el mundo tiene derecho”. Enfatizó el tremendo respaldo institucional que tendrán quienes están detenidos, sumariados o investigados por actos violentos e ilegales: “Dispuse que la Dirección de Justicia, con todos nuestros abogados, y si es necesario coordinar con abogados externos, para tener la mejor defensa y poder clarificar estas verdades desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista administrativo”. Por su parte el agente de estado de la cartera de Interior, se refirió a la situacion de estudiantes  heridas por perdigones por carabineros sin identificación que les disparo al interior del Liceo 7 de Santiago.   . Al menos uno de ellos realizó disparos, lo que provocó heridas en dos jóvenes. Blumel indicó que «efectivamente no se cumplió el protocolo y su incumplimiento es lo que ha dado paso a una investigación penal que fue puesta a disposición de la Fiscalía por Carabineros». Y agregó: «En segundo lugar a una formalización que por supuesto tiene que realizarse con la máxima diligencia para despejar los incumplimientos». El ministro también fue consultado por la situación que ocurrió al interior del Liceo 7 de Santiago , donde—según las escolares—cuando intentaron tomarse el recinto, la directora Denisse Berenguela solicitó la presencia de uniformados.

Desde el 20 de octubre hasta las 13:30 horas de este sábado 26 , distintas organizaciones y personas particulares han presentado en las Cortes de Apelaciones del país un total de 167 recursos de amparo por posibles vulneracion de derechos en contra de autoridades políticas, Carabineros y los respectivos Jefes de la Defensa Nacional en las zonas de emergencia. La Corte de Apelaciones de Santiago es el tribunal que más causas de este tipo ha recibido, ya que ha analizado un total de 49 recursos.

La siguen, la Corte de Apelaciones de Valparaíso con 30 acciones y la Corte de Apelaciones de La Serena con 15 recursos. En tanto, las Cortes de Apelaciones de Chillán y Coyhaique no han recibido ningún recurso de amparo hasta el momento.

Hasta la fecha, se han fallado en el fondo y rechazado un total de cinco recursos de amparo (cuatro en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y una en la Corte de Apelaciones de Talca). Remarcar al Comite que el presidente la Corte suprema de Justica al reunirse con la Misión de observación arribada  a Chile

La situación general en las restantes 162 causas es la siguiente:

  • 19 recursos declarados inadmisibles.
  • 100 recursos en tramitación y a la espera de informes de distintas autoridades recurridas.
  • 5 recursos acumulados a otros.
  • 6 enviados por incompetencia de un tribunal de alzada a otro.
  • 4 acciones fueron desistidas
  • 28 se encuentran sólo ingresadas a la espera de resolución judicial.

El año 2018,  35 personas se atrevieron a denunciar. En los últimos años en tanto el nivel ha fluctuado sobre las 40 e incluso en 2017 el número llegó a 59, mientras que en lo que va de 2018 hay 40.

Para José Andrés Murillo, una de las víctimas del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima y que hoy lidera la Fundación para la Confianza, lo que ocurre en este tipo de entidades radica en el modelo de una cultura organizacional, donde la antigüedad constituye grado.

“Sabemos que este tipo de organizaciones son especialmente asimétricas, donde fácilmente el poder se transforma en un poder abusivo donde no hay una cultura de denuncia interna, donde las personas tienen que probablemente sufrir o vivir situaciones de abuso de manera silenciosa y solitaria. Porque, además, durante mucho tiempo (…) pareciera que predominan culturas donde está más prohibido hablar del abuso que abusar, está más prohibido hablar del abuso que ser víctima de abuso”, afirmó.

Y añadió: “Por lo tanto, que comiencen a haber estas denuncias, más que una mala noticia, me parece una buena (…) porque sabemos que son contextos propicios para el abuso sexual y/o el abuso de poder con connotación sexual. Y el hecho de que la gente esté comenzando a denunciar es una manera también de limpiar o de sanear los mecanismos y las dinámicas de poder”.

Razones institucionales

Uno de los factores que explica la diferencia en la cantidad de denuncias recibidas por cada institución es el tamaño de ellas. Mientras que en Carabineros y el Ejército, que fueron las que encabezaron los registros, su dotación de personal supera las 50.000 personas, la Armada está compuesta por 25.000 efectivos y la Fuerza aérea  con 12.000 efectivos.

Más allá de este factor, las instituciones expusieron distintas miradas sobre el panorama que entregan las cifras a las que accedió este medio. En particular, si la cantidad de casos denunciados en cada entidad es considerado un nivel bajo, medio o alto.

Carabineros, que lideró tanto la cantidad de denuncias como las sanciones aplicadas, no respondió hasta el cierre de esta edición las preguntas formuladas por Radio Bío Bío. ( extracto del medio de prensa señalado

                                                                                     La verdadera cara de los Gobiernos.

El estudiante Rodrigo Avilés[6] fue gravemente herido por el chorro de un carro lanza aguas, el 21 de mayo del 2015, en pleno segundo Gobierno de Michelle Bachelet, en el contexto de las marchas que se realizaban en Valparaíso hacia el Congreso en ocasión de la inauguración del año legislativo. La primera prueba política de oposición a los gobiernos, las cuales ya no se realizan a instancias del Alcalde del FA Jorge Sharp.

Éstas marchas fueron duramente reprimidas por todos los gobiernos, que mostraban su verdadera cara no solamente aprobando leyes a favor de los empresarios, sino que criminalizando a todos quienes se manifestaran. El agresor, ex carabinero Manuel Noya, fue condenado por “uso excesivo de la fuerza” a dos años de pena remitida: sin pena de cárcel, sólo firma mensual. El mismo Avilés, que estuvo un mes en riesgo de muerte, sostuvo que “es baja para lo que me pasó, necesitamos una reestructuración de FF.EE. de Carabineros”.

Links a videos de criminalizacion de la protesta social

https://cctt.cl/2019/04/20/aula-segura-igual-a-violencia-policial-y-criminalizacion-contra-estudiantes-secundarios/

http://www.londres38.cl/1937/w3-printer-91279.html

https://www.hispantv.com/noticias/chile/390726/violencia-policial-estudiantes-derechos-humanos

http://prensairreverente.cl/la-derecha-usa-la-violencia-policial-como-en-dictadura-para-amedrentar-al-movimiento-social/

http://www.laizquierdadiario.cl/Aula-Segura-Instituto-Nacional-acoge-recurso-que-evita-la-expulsion-de-estudiante

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/educacion/colegios/aula-segura-estudiante-expulsado-por-supuesto-porte-de-molotov-se/2019-08-01/113914.html

https://www.eldinamo.cl/educacion/2018/10/26/colegios-expulsaron-en-promedio-a-6-estudiantes-por-semana-en-el-ultimo-ano/

El 8 de marzo recién pasado, un día histórico de lucha en todo el mundo, no sólo contó con 30.000 asistentes, trabajadoras, sindicatos y un semi-Paro del sector público en Valparaíso, sino que fue empañado por una nueva agresión, con el mismo método, a la estudiante R.C.M. quien resultó con TEC leve, esguince en una muñeca y fractura de rótula izquierda. Su agresor, de quien carabineros no ha publicado su nombre, fue desvinculado de la institución, mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INHD) interpuso una querella criminal contra quienes resulten responsables por “violencia innecesaria con resultado de lesiones graves”.

Carabineros, a su vez, esgrimió que la desvinculación se da por “no respetar los protocolos”.

Los protocolos de la violencia necesaria

Los nuevos protocolos reafirman “el uso legítimo de la fuerza” y de diversos “elementos disuasivos y medios de fuerza” para hacer cumplir la ley, entre los que se encuentran armas letales. Todo dentro del siguiente parámetro: el uso legítimo de la fuerza “obliga a todas las personas a someterse al control policial”. Esa es la premisa sobre la cual puede “dar eficacia el derecho” y, en definitiva, mantener el “control del orden público”.

Más allá de eso, mantiene vigente y reafirma la principal atribución que le otorga la Constitución Política de Chile (escrita en dictadura) y la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros (1990), la cual consiste en que “deposita en las Fuerzas de Orden y Seguridad el ejercicio del monopolio estatal de la fuerza en el ámbito interno” (las FFAA también poseen ese monopolio del uso de las armas, tanto en la “función defensa” como en la de “unidad nacional”).

En otras palabras, el Estado se reserva el derecho de uso de las armas y de la violencia, por ley y a través de Carabineros. Y todas las personas deben someterse.

En cuanto al mantenimiento del orden público plantea los principios de gradualidad y proporcionalidad y reafirma los principios de persuasión, negociación y mediación antes de los “medios violentos”. En todos los casos el criterio más importante es el sometimiento a la autoridad policial. Por eso clasifica las manifestaciones en “lícitas” e “ilícitas”. Las primeras, incluso, pueden ser sin autorización (espontáneas), pero siempre pacíficas y en obediencia. Las segundas, pueden ser “violentas” (con vulneración de derechos de terceros, como corte de vías), o “agresivas”, cuando hay intención de daño a personas o policías.

Llama la atención en esta curiosa clasificación que, por ejemplo, un corte de ruta sea calificado de “manifestación ilícita violenta” siendo que ha sido históricamente un derecho democrático básico y elemental, tal como la huelga o paralización de faenas.

¿En qué consistió el no respeto a los protocolos en la agresión ocurrida el 8M?

Que no hubo concordancia entre los niveles de colaboración/resistencia de las personas, y el nivel del uso de la fuerza.

Veamos:

Bajo el parámetro del sometimiento de las personas al control policial, puede haber un Nivel 1, de Cooperación (“cumplimiento de indicaciones”). A ello los carabineros deben responder con su sola presencia o diálogo. En un Nivel 2, de Resistencia Pasiva (“no acatamiento de indicaciones”/ “actitud indiferente o indolente”), el funcionario debe usar medios preventivos y “mandato perentorio” (léase, empieza a ponerse prepotente).

En un Nivel 3, de Resistencia Activa (oposición directa a la fiscalización / intento de evasión) comienza el control físico y la reducción por la fuerza. En el Nivel 4 (“agresión activa”) se encuentran los intentos de agresión a carabineros con medios no letales, y la respuesta incluye palos, lacrimógenas o carros lanza aguas.

El Nivel 5 (“agresión activa potencialmente letal”) incluye armas blancas o de fuego, y carabineros considera el uso de “medios reactivos y fuerza potencialmente letal”, considerando los “requisitos de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad” (el principio de responsabilidad es el que eleva la responsabilidad al mando, y no sólo al individuo policial agresor, lo cual evidentemente no se está cumpliendo en este caso ya que ningún oficial se ha hecho cargo del operativo).

Éste es el “Modelo para el uso de la fuerza policial de Carabineros”, actualizado al 04 de Marzo de 2019.

Para el raciocinio deformado del carabinero que operaba el pitón del carro lanza aguas LA-047 ese 8M en Valparaíso, la estudiante R.C.M. estaba en un Nivel 4, por lo que apuntó directo a su cabeza, con los resultados que todos conocemos. Por eso fue desvinculado.

Una nueva crisis en Carabineros

Pero este cambio de protocolos intenta ocultar una nueva y profunda crisis en carabineros, o si se quiere, un salto dentro de la continuidad de la crisis abierta el año pasado.

Resumiendo, el segundo Gobierno de Sebastián Piñera intentó nuevamente aplicar la política de “Tolerancia Cero”, reorganizando la fuerza de carabineros a través del Plan STOP[7] para poner todos sus recursos en el plano “operativo”, de la calle (lo cual llamó “Modernización de carabineros”), reeditando así su fracasado Plan STAD del 2010 que fue completamente pasado por encima por el Movimiento Estudiantil del 2011.

Esto se tradujo el pasado 2018 en infinidad de casos de brutalidad policial, que iban desde verdaderas baridas  de estudiantes al interior de establecimientos educacionales y en sus alrededores, detenciones de escolares a arbitrio . “Barridas” a vendedores ambulantes, agresiones a  mujeres, a niños, militarización con métodos antiguerrilla en el Wallmapu (que culminó con el asesinato de Camilo Catrillanca y una inmensa crisis en el Gobierno, por sostener el montaje) o represión a luchadores sociales y trabajadores, como en el caso de Quinteros – Puchuncaví o con el intento de derrotar el Paro Portuario, reventando la sede del Sindicato de Estibadores de Valparaíso, que fue respondido con un Paro Nacional portuario y una nueva crisis política para el Gobierno.

Todo esto condujo a esta nueva crisis en Carabineros:

1) La ya citada crisis por la derrota en las calles del Plan STAD el 2011.

2) La crisis por el quiebre interno entre la fracción de la “Inteligencia” (personal instalado por Bachelet, y responsables por el megafraude) y los “pacos de calle” el año pasado.

3) La crisis el año pasado por los costos políticos del nuevo Plan STOP. Y ahora, una nueva crisis que se abre porque el Gobierno se vio obligado a cambiar los protocolos de acción de Carabineros, proceso instruido por el Ministro del Interior Andrés Chadwick y el Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla[8], que fueron publicados en el Diario Oficial el día 04 de Marzo recién pasado.

El Gobierno insiste en reprimir

Pero el Gobierno de los empresarios no se queda contento con esto. No habiendo podido doblegar y disciplinar a la población en general con su política represiva, sale ahora a acotar su objetivo y lo reduce a un sector social específico: la juventud de entre 14 y 18 años, que con la nueva iniciativa de Ley de Piñera podrían ser objeto de control policial y registro de su ropa y pertenencias.

 

Lo único que hacen es revelar su miedo más profundo: el movimiento estudiantil y la enorme rabia combativa de las y los secundarios.

Ahora bien, dejando de lado los formalismos y la minucia legal de los herederos del pinochetismo como Chadwick y Ubilla, en serio, ¿esto es lo que queremos? Según carabineros, todo esto se hace “cumpliendo los estándares internacionales, garantizando el respeto a los derechos humanos y el profesionalismo policial”. Según ellos, “dan garantías a la comunidad del alto estándar de servicio” y “legitiman jurídica y éticamente las intervenciones policiales en que se hace uso de la fuerza”.

Lo cierto es que carabineros es la institución que se ha ganado más desaprobación a su desempeño desde hace un año hasta hoy, llegando a alcanzar un 38% a fines del 2018, aún más bajo que el Gobierno en su peor momento. Su caída sólo es comparable a la iglesia católica, fuente de escándalos por abusos sexuales y pedofilia.

Los casos pacogate y la corrupción institucional, el caso Catrillanca, la negativa del ex general Hermes Soto a renunciar y la obligación de Piñera de despedirlo, la infinidad de brutalidades y el manto de impunidad que cubren sus actos muestran con hechos que no cumplen el más mínimo estándar ni cuentan con ninguna legitimidad. Por el contrario, se muestran como un grupo de sujetos armados que se dedican a defender una legalidad hecha para que los empresarios sean más ricos y el pueblo trabajador tenga que someterse sin reclamo. Mejor dicho, que tenga que pedirle permiso a esos mismos empresarios y sus leyes para manifestarse en contra.

Por ejemplo, los permisos para marchar deben realizarse ante las Intendencias regionales, la cual es una institución creada en dictadura y que cuenta con un cargo de responsabilidad política que no es elegido por nadie, sin ninguna votación, y en cambio es puesto a dedo por el presidente de turno. En otras palabras, si una marcha quiere manifestarse contra un gobierno, debe pedirle permiso a ese mismo gobierno. Y si ese gobierno otorga el permiso, se reserva el derecho de poner infinidad de condiciones a las cuales todas las personas deben someterse, o podrían ser objeto del “uso de la fuerza”.

No hay manera de reformar esto. Un cambio de protocolos sólo puede afinar más el aparato represivo, lo mismo una reestructuración. Un mayor control ciudadano o responsabilidad de mando no es garantía de nada, como lo demostraron los montajes en el Caso Catrillanca o los multimillonarios robos. Lo que hay de fondo, lo que ningún gobierno de los empresarios va a cambiar nunca, es el sometimiento de la población a la fuerza policial para así “dar eficacia” a las leyes hechas por los políticos de los empresarios para beneficio de ellos mismos.

Fue el La Prensa Austral», la madrugada del 8 de julio de 2017 el joven «recibió una brutal agresión en calle Magallanes, entre Bulnes y Eberhard, en la capital de Ultima Esperanza, y cuyos protagonistas fueron los carabineros Miguel Delgado Velásquez y Pedro Loncuante Loncuante, junto al guardia de seguridad Sebastián Cáceres Alonso, acometida en la cual también resultaron heridos los amigos de la víctima principal, Sady Galindo Soto y Víctor Hernández Saldivia».

 El joven  Gonzalo Muñoz del Campo[9] (23)  el 2018 , muere tras casi un año de permanecer en la Unidad de Cuidados Medios del Hospital Clínico de Magallanes

Durante el estallido social   se reiteran actos brutales por parte de carabineros. esta vez Alex Núñez Sandoval (39), fue brutalmente golpeado por Carabineros hasta dar con su muerte la madrugada del 23 de octubre durante el estado de emergencia . “Le pegaron lumazos en las piernas y patadas en la cabeza”, contó Natalia Pérez, pareja de Núñez a La Tercera. Al día siguiente, no  espertó.”Vomitaba sangre. Se llamó al SAMU. De ahí lo intubaron y lo trajeron a la Posta Central. Ya hoy de madrugada, 3.15 por la contusión cerebral. TEC Cerrado. Su cuerpo sigue en la Posta”, relataba su  viuda, horas antes de su deceso.

El Gobierno de Chile elevó este jueves (14.11.2019) a 22 la cifra de fallecidos durante las protestas contra el presidente Sebastián Piñera, mientras el camino a la nueva Constitución que pide la ciudadanía se allana en el Parlamento en un intento de los legisladores por llegar a un acuerdo que destrabe la crisis social. El balance de fallecidos se había estancado desde las primeras semanas del estallido social, pero nuevos sucesos ocurridos esta semana terminaron con la suma de dos nuevos nombres a la lista de decesos tras 28 días de protestas.

Hasta la fecha  las cifras de mutilados visuales es desvastadora.

El informe detalla que, mediante la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador, hasta el 8 de noviembre existen 151 pacientes con trauma ocular severo, de los cuales 129 corresponden a hombres (85,4%) y 22 a mujeres (14,6%).

Además, 32 personas (21,2%) tienen traumatismo ocular en el globo abierto del ojo, de los cuales 18 experimentan un estallido en esa zona y 14 presentan heridas penetrantes, siendo el principal causante de esto los balines (81,1%).

El Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile , a revisado los balines disparados  en contra de la poblacion, concluyendo que solo un quinto de su composición es de caucho y el 80 por ciento restante corresponden a otros materiales. Dicho análisis se realizó sobre dos muestras de proyectiles, ambos retirados de los cuerpos de pacientes que habían sido impactados durante las manifestaciones. Lo  que permitieron a los autores concluir que: “los perdigones analizados contienen un 20 por ciento de caucho y el 80 por ciento restante corresponde a otros compuestos” y que “los otros compuestos son sílice, sulfato de bario y plomo“. Asimismo, otra de las conclusiones es que: “La dureza del perdigón es de 96.5 Shore A.“.  Por su parte el General de carabineros aseguró que los proyectiles están acorde a las especificaciones del proveedor de la institución, es decir, que los balines sí son de goma. Además manifestó que el análisis de Labocar de la misma institución llegó a la misma conclusión. Pese a lo anterior, Rozas de octubre  manifestó que para dar mayor transparencia,  se hizo una solicitud a la empresa proveedora para que actualice las especificaciones técnicas de los balines. A lo anterior, agregó que pedirán  análisis por laboratorios externos y una universidad extranjera. Por su parte, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel en conversación con el programa Estado Nacional, respondió a las voces de la oposición que piden la salida del General Director de Carabineros, Mario Rozas, particularmente luego del fallecimiento de Abel Acuña en Plaza Baquedano, luego de sufrir un paro cardio rrespiratorio y que no pudo recibir la atención adecuada por personal médico del SAMU quienes luego denunciaron que fueron impedidos de auxiliar al hombre debido a la acción policial.

El titular de Interior fue enfático al señalar que no se permitirá la impunidad en ningún tipo de ilícito y especificó que ya “hay  más de 500 personas en prisión preventiva, se está empezando a encontrar a quienes cometieron o instigaron estos delitos y las instituciones tienen que actuar. También tiene que haber investigación y justicia para todos quienes hayan sufrido algún tipo de atropello, vulneración o abuso policial”, aseguró el secretario de Estado. Lo preocupante  en las detenciones son las corrupción de Carabineros en las posibles imputaciones  de personas y en el  falseamiento de relatos ante fiscalia .

En Valparaiso , el 14 noviembre  4 rectores de Universidades , interpuso un recurso de proteccion[10] a favor de las vidas de las personas. Piden que Carabineros dejen de usar escopetas y perdigones como elementos disuasivos en las manifestaciones  el que fue acogido atendido el mérito de los antecedentes se concede la orden de no innovar solicitada solo en cuanto a restringir el uso de balines por parte de Carabineros de Chile en la zona de su jurisdicción correspondiente a la Región de Valparaíso en manifestaciones de carácter pacífico», dice la resolución[11].

Asimismo, la Corte de Valparaíso ofició a las partes recurridas para que informen al tenor del recurso interpuesto, en un plazo de ocho días, debiendo adjuntar todos los antecedentes que obren en su poder. De esta forma, el Tribunal de Alzada de Valparaíso se suma a Concepción, Antofagasta, La Serena y Valdivia; este último que se concedió gracias a un recurso de protección presentado por el cuerpo triestamental de la Universidad Austral de Chile (UACH).

Segun el ultimo informe del INDH del 15 noviembre Último reporte del INDH: 2.365 personas heridas y casos de lesiones oculares llegan a 217, según detallaron en esta última actualización, se han visitado a 6.199 personas en comisarías, y a 2.365 heridas en hospitales. De esta última cifra, se registraron 774 lesionados por disparos de perdigones; 400 por arma de fuego no identificada; 42 por disparos de bala; 45 por balines y 1.104 por golpes, gases y otros. En el caso de las heridas oculares, el número de casos aumentó a 217 personas.

Cabe destacar que uno de los casos emblemáticos de la violencia policial que se ha registrado en las manifestaciones es el del joven estudiante de psicología Gustavo Gatica, quien se encuentra internado en la Clínica Santa María desde el 8 de noviembre. El joven recibió dos balines disparados por Carabineros en Plaza Italia, que lo han dejado con un daño ocular tan severo en ambos ojos, que no se descarta que pueda quedar ciego.

En cuanto a las acciones judiciales presentadas por el INDH, se cuentan 335. De ellas, 236 corresponden a querellas por torturas y tratos crueles. Mientras que 57 por violencia sexual (tocaciones, violaciones, desnudamientos y amenazas); 13 por lesiones; 7 por homicidio frustrado y 5 por homicidio. Estas cifras abarcan a un total de 489 víctimas representadas; 106 mujeres, 289 hombres y 95 niños, niñas y adolescentes.

En relacion a la muerte de Abel Acuña  , El General Director descartó que Fuerzas Especiales haya jugado un rol en su muerte ocurrida el viernes 15 en Plaza Baquedano. «No es posible asegurar que la operación de control de orden público que se llevó a cabo, haya incidido en el lamentable deceso de este joven», señaló el oficial.

[1]
Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/11/23/928334/Carabineros-ha-dado-de-baja-a-1900-policias-desde-2015-La-mayoria-por-haber-cometido-una-falta-o-delito.html

[2] Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/11/23/928334/Carabineros-ha-dado-de-baja-a-1900-policias-desde-2015-La-mayoria-por-haber-cometido-una-falta-o-delito.html

[3][3] (revisa acá el registro de las cuatro ramas).

[4] Ejército y casos sexuales sin información: «No tenemos un catastro completo»

[5] https://radio.uchile.cl/2019/11/04/hernan-larrain-asegura-que-siempre-se-ha-instruido-a-las-instituciones-respetar-los-dd-hh/

[6] https://www.eldesconcierto.cl/new/2016/04/27/videos-11-registros-emblematicos-de-la-violencia-de-carabineros-en-democracia/

https://www.eldesconcierto.cl/2017/06/28/video-agrupacion-de-victimas-de-violencia-policial-pide-sumario-por-golpes-y-abuso-sexual-contra-secundarios/

[7] Piñera lanza el Sistema Tactico Operacional Policial STOP

[8] El fracaso de la política policial de Piñera

[9] Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/05/17/906492/Tras-casi-un-ano-de-agonia-muere-joven-golpeado-por-ex-carabineros-en-Puerto-Natales.html

[10] https://www.elmostrador.cl/dia/2019/11/17/corte-de-valparaiso-ordena-a-carabineros-restringir-uso-de-balines-en-manifestaciones-pacificas/

[11] Corte de Valparaíso ordena a Carabineros restringir uso de balines en manifestaciones pacíficas

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