GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL segun ARTS. 8 Y 25.1 Corte americana de derechos humanosADH

Ante  el conocimiento publico  del Informe PDI  de la Fuerza de tarea SENAME para investigar las 1311 muertes de niños bajo tutela del estado , de los cuales en el Informe nada se dice , se hace necesario que los defensores de la Niñez adoptemos una posicion clara frente al estado para exigir se entregue por cadena Nacional la informacion de que paso con sus muertes .

Mientras estimamos convenientes analizar la juriprudencia  y en conjunto acodemos los sugientes pasos a segur para lograra JUSTICIA Y REPARACION A LOS  FALLECIDOS DURANTE 10 AÑOS,  EN UN ESTADO NEGLIGENTE .

Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela.

EXTRACTO CUADERNILLO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Nº 21: DERECHO A LA VIDA/ Corte IDH.

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281
214. La Corte ha establecido en su constante jurisprudencia que dentro de las medidas positivas que un Estado debe adoptar para garantizar los derechos reconocidos en la Convención se encuentra la obligación de investigar violaciones de derechos humanos. El cumplimiento de esta obligación consiste no sólo en prevenir sino también investigar las violaciones de derechos reconocidos en ese instrumento, así como procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones a los derechos humanos.
215. La Corte ha expresado que los Estados están obligados a proveer recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos (artículo 25), los cuales deber ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1) todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1) .
216. La obligación de investigar implica que una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

Este deber es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la
aportación privada de elementos probatorios. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos .
217. Asimismo, la Corte ha señalado que para que la investigación sea efectiva en los términos de la Convención, debe llevarse a cabo con la debida diligencia, la cual exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue . Es decir que debe sustanciarse “por todos los medios legales disponibles y [estar] orientada a la determinación de la verdad”47. Este deber involucra a toda institución estatal , tanto judicial como no judicial, por lo que la debida diligencia se extiende también a los órganos no judiciales a los que corresponda la investigación previa al proceso, realizada para determinar las circunstancias de una muerte y la existencia de suficientes indicios para interponer una acción penal. Sin el cumplimiento de estas exigencias, el “Estado no podrá posteriormente ejercer de manera efectiva y
eficiente su facultad acusatoria y los tribunales no podrán llevar a cabo el proceso judicial que este tipo de violaciones requiere”
.
218. Por otro lado, este Tribunal ha establecido que “el derecho a la tutela judicial efectiva exige a los jueces que dirijan el proceso de modo a evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos. Asimismo el Tribunal ha considerado que “los jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”, pues de lo contrario se “conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones” todo ello en un plazo razonable . Es decir que los juzgadores deben “actuar en forma diligente, procurando la celeridad en la tramitación de los procesos ”.
219. En relación con las investigaciones y los procesos penales llevados a cabo en virtud de las muertes de los hermanos Landaeta Mejías, la Comisión y los representantes alegaron una serie de omisiones, retrasos e inactividad procesal que vulneraron el deber de debida diligencia del Estado, así como el plazo razonable en la sustanciación de los mismos. En virtud de ello, la Corte constata que en el caso de Igmar Landaeta no se han esclarecido los hechos en controversia y si bien, inicialmente, se condenó a uno de los dos procesados, su caso fue “sobreseído” en noviembre de 2003. Con respecto a Eduardo Landaeta, la Corte constata que el proceso penal se encuentra en la etapa de juicio oral en la actualidad, luego de 17 años de ocurridos los hechos. Asimismo, el Tribunal toma nota que las líneas de
investigación de ambas muertes fueron sustanciadas de manera separada, a pesar de los indicios de la relación entre ellas y que las muertes ocurrieron con 45 días de diferencia.
225. Con base en lo señalado, la Corte considera que las investigaciones aisladas que se efectuaron no contribuyeron con el esclarecimiento de los hechos ni, en su caso, con la determinación de responsabilidades. En este sentido, este Tribunal estima que el Estado al no investigar ambas muertes de manera conjunta no agotó todas las posibles líneas de investigación que permitieran el esclarecimiento de los hechos.

227. La Corte ha establecido que la eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación de investigar una muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad. En este sentido, este Tribunal ha especificado los principios rectores que son precisos observar en una investigación cuando se está frente a una muerte violenta, tal como se desprende de los hechos del presente caso. Las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben realizar como mínimo, inter alia:

i) identificar a la víctima;

ii)recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables;

iii)identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga;

iv) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y

v)distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Las autopsias y análisis de restos humanos deber realizarse en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados. En el mismo sentido: Corte IDH. Caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2017. Serie C No. 338, párrs. 157 y 158; Corte IDH. Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 13 de marzo de 2018. Serie C No. 352, párr. 119.
228. De igual manera, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen y deben realizarse algunas diligencias mínimas e indispensables para la conservación de los elementos de prueba y evidencias que puedan contribuir al éxito de la investigación. En este sentido, los estándares internacionales señalan que, en relación con la escena del crimen, los investigadores deben, como mínimo: fotografiar dicha escena, cualquier otra evidencia física y el cuerpo como se encontró y después de moverlo; recoger y conservar todas las muestras de sangre, cabello, fibras, hilos u otras pistas deben ser recogidas y conservadas; examinar el área en busca de huellas de zapatos o cualquier otra que tenga naturaleza de evidencia, y hacer un informe detallando cualquier observación de la escena, las
acciones de los investigadores y la disposición de toda la evidencia coleccionada
.
El Protocolo de Minnesota establece, entre otras obligaciones, que al investigar una escena del crimen se debe cerrar la zona contigua al cadáver, y prohibir, salvo para el investigador y su equipo, el ingreso a la misma.
230. Por otro lado, la Corte constató que durante el transcurso de la investigación varias diligencias probatorias o de recaudación de prueba no se efectuaron, o no fueron llevadas a cabo apropiadamente y que no hubo una ivestigación exhaustiva de la escena del crimen. En virtud de ello, el Tribunal analizará si las falencias acreditadas en las diligencias iniciales incidieron en términos determinantes en el esclarecimiento de los hechos y en el resultado final del proceso penal.
231. La Corte nota que no se desprende del expediente que la escena del crimen se haya resguardado con el objetivo de preservar la zona del delito y las pruebas que en ella podrían haberse encontrado. El Tribunal constata que en el presente caso, dicha falencia generó consecuencias en relación con la efectividad de la inspección ocular de los hechos ya que no se pudo recolectar suficiente material probatorio y la misma fue contaminada por civiles. En efecto, la Corte constató que un trozo de plomo color amarillo parcialmente deformado y seis cartuchos calibre 9
mm fueron recolectados en la zona del crimen por civiles, Ignacio Landaeta y José Francisco Hernández Ramírez, respectivamente, y entregados a las autoridades  encargadas de la investigación (supra párr. 78). Asimismo, el acta de inspección ocular describió de manera general la escena del crimen y no denotó la realización de una investigación exhaustiva de la misma y de las pruebas encontradas cuya ubicación no fue documentada antes de su recolección , con el fin de contribuir con el esclarecimiento de los hechos. De igual manera, si bien de las diligencias de inspección ocular de los hechos y del cadáver se deriva la existencia de fotografías, las mismas no figuran en el expediente y no fueron aportadas por el Estado, a pesar de que este Tribunal se lo solicitara como prueba para mejor resolver. En este sentido, este Tribunal estima que la toma de fotografías durante las investigaciones podría otorgar certeza y garantizar la información recabada en las inspecciones oculares.
232. Con respecto a la autopsia, la Corte constata que presentó una serie de omisiones tales como: un análisis somero de las lesiones encontradas, sin la determinación de la presencia de residuos de hollín, pólvora o quemadura, lo que permite determinar la cercanía aproximada del cañón al blanco; la falta de fotografías de sustento de las conclusiones del reporte, y contradicciones con la inspección ocular del cadáver . Asimismo, el Tribunal constata que dicha diligencia se limitó a concluir que la causa de muerte fue una contusión cerebral severa producto de una herida facio-craneal ocasionada por proyectil de arma de fuego y no recogió todos los elementos de prueba necesarios a determinar en el caso, ya que no determinó la hora del deceso ni el tiempo que transcurrió desde que Igmar
Landaeta fue herido hasta su muerte, elementos relevantes a determinar en el presente caso.
233. Este Tribunal resalta que la autopsia debe respetar ciertas formalidades básicas y tiene como objetivo recolectar, como mínimo, información para identificar a la persona fallecida, la hora, fecha, causa y forma de la muerte. En relación con la falta de establecimiento de la hora de muerte de Igmar Landaeta, el perito José
Pablo Baraybar señaló que, con base en lo manifestado por el médico Velmar Quintero, de acuerdo al acta policial en donde rindió declaración el agente Ildelgar Ferrera, a “las 03:20 horas de la tarde de [17 de noviembre de 1996], había ingresado a ese centro de asistencia, […] Landaeta Mejía[s], Igmar Alexander, […] quien presentó para el momento de su ingreso, dos heridas por armas de fuego, y sin signos vitales” . El perito concluyó que lo dicho apoya la hipótesis de que Igmar Landaeta se encontraba probablemente muerto ya en el lugar de los hechos y que,
pese a ello, fue llevado a un hospital; en su opinión “probablemente Alexander [Landaeta] [,] después de recibir el disparo en la cabeza, ya estaba muerto ”. El señor Baraybar afirmó que ello se hizo con la intención de “generar una imagen de ayuda humanitaria que en realidad degrada[ba] la escena del delito, al remover el cuerpo de la escena del delito, a sabiendas de que se trata[ba] ya de un cadáver, y no de una persona herida”. En este sentido, la Corte estima que la diligencia practicada no cumplió con dichos requisitos mínimos y fue llevada a cabo de manera incompleta.
234. Por otro lado, en relación con las pericias de autoría de los disparos y de comparación balística, la Corte constató que si bien se práctico una pericia de traza de disparos y se llevó a cabo una experticia de reconocimiento legal y de comparación balística (supra párrs. 80 y 81) sobre el arma incautada por autoridades policiales y presuntamente utilizada por Igmar Landaeta, no se tomaron huellas dactilares , lo cual podría haber corroborado la hipótesis respecto del uso de la misma durante el presunto enfrentamiento con los agentes policiales.
De igual manera, este Tribunal corroboró que la experticia de reconocimiento legal y de comparación balística no se hizo respecto de las armas utilizadas por los agentes policiales. Estas no les fueron decomisadas a los policías involucrados y no consta en el expediente una diligencia de comparación balística entre los proyectiles que le causaron la muerte a Igmar Landaeta y los utilizados por las autoridades, ni  la toma de huellas dactilares de las armas de los funcionarios policiales. Esta Corte
considera que ello reviste una especial importancia, ya que las pruebas balísticas deberían hacerse cada vez que un arma de fuego ha sido utilizada, sobre todo si se está llevando a cabo una investigación en donde están involucrados agentes estatales y donde se debe determinar la cantidad de disparos proferidos por dichas autoridades, a efectos de contribuir con el esclarecimiento de si el uso de la fuerza por parte de los policías fue necesario y proporcional con el fin de agotar todas las líneas de investigación para la consecución de la verdad. En este sentido, la propia legislación interna vigente al momento de los hechos establecía la necesidad de identificar las armas utilizadas, su especie y su calibre.
235. Adicionalmente, respecto a la determinación de la responsabilidad penal, este Tribunal constata que no se llevó a cabo ninguna experticia tendiente a establecer la autoría de los disparos realizados por cada uno de los funcionarios y no se practicó diligencia de reconocimiento de los agentes policiales por parte de los testigos presenciales, necesaria a efectos de que dichos testigos identificaran, de ser el caso, cuáles de los agentes realizaron los disparos. Asimismo, no consta que las autoridades realizaran otras experticias que podrían haber brindado
mayores elementos técnicos para aclarar las discrepancias entre las diversas versiones de lo ocurrido, como por ejemplo, el análisis de los vehículos, tanto el que transportó a Igmar Landaeta al centro médico, como el supuesto vehículo blanco detrás del que se habría escondido el mismo durante el presunto enfrentamiento, según ciertas declaraciones de testigos (supra párrs. 63 y 65).
Tampoco se realizó diligencia alguna que desvirtuara la controversia en relación con la forma en que se llevó a cabo el segundo disparo que provocó la muerte de Igmar Landaeta.
236. En virtud de lo expuesto, el Tribunal considera que, la falta de exhaustividad en el tratamiento de la escena del crimen y de la autopsia, las falencias en la preservación de la zona de los hechos, así como la ausencia de otras diligencias de importancia o la realización deficiente de algunas de ellas, demuestran falta de diligencia del Estado en la recuperación y preservación de material probatorio. Todo ello generó la carencia de elementos técnicos certeros e imprescindibles ante las versiones contradictorias de los hechos (supra párrs. 60 a 68), y derivó en la imposibilidad del esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido.

[Muerte de persona bajo custodia Estado]
253. Conforme a lo señalado por la jurisprudencia de la Corte y a la luz del deber de investigar del Estado, cuando se trata de la muerte de una persona que se encontraba bajo su custodia, como en el presente caso, las autoridades
correspondientes tienen el deber de investigar los hechos, a través de todos los medios legales disponibles para la determinación de la verdad y para lograr el enjuiciamiento y castigo, de considerarse pertinente, de todos los responsables de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales . De igual manera, el Tribunal reitera su jurisprudencia en cuanto al deber de tutela judicial, agregando que, en el caso de que se trate de un niño, el deber de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles se ve acentuada .
Asimismo, la Corte ya ha señalado que el Estado tiene la obligación de proveer una explicación inmediata, satisfactoria y convincente ante la muerte de cualquier individuo bajo su custodia (supra párr. 183).
254. Adicionalmente a lo establecido por este Tribunal y por los estándares internacionales para casos de muertes violentas (supra párr. 227), la Corte considera pertinente enfatizar que en casos de muertes en custodia de agentes
estatales, el Estado debe guiar su actuación tomando en cuenta ciertos criterios específicos relevantes, inter alia:

i) una investigación ex officio , completa , imparcial e independiente , tomando en cuenta el grado de participación de todos los agentes estatales;

ii) brindar a la investigación un cierto grado de escrutinio público en razón del interés público que podría generarse en virtud de la calidad de los presuntos agentes involucrados;

iii) apersonarse inmediatamente a la escena de los hechos y darle tratamiento de una escena del crimen, así como preservarla con el fin de proteger toda evidencia y realizar pruebas balísticas cuando armas de fuego hayan sido utilizadas , especialmente por agentes del Estado;

iv) identificar si el cuerpo ha sido tocado o movido y establecer la secuencia de eventos que podrían haber llevado a la muerte , así como llevar a cabo un examen preliminar del cuerpo para asegurar cualquier evidencia que podría perderse al manipularlo y transportarlo , y

v) realizar una autopsia por profesionales capacitados que incluyan cualquier prueba que indique presuntos actos de tortura por agentes estatales.
256. No obstante lo anterior, existieron otras diligencias que no se practicaron, que fueron ampliadas o complementadas muchos años después de los hechos (infra párr. 259). De igual manera, este Tribunal verifica que durante el transcurso de la investigación algunas diligencias iniciales presentaron omisiones e irregularidades
relevantes, a saber:
a) con motivo de que la autopsia presentó una serie de omisiones, el Juzgado solicitó su ampliación en el año 2006, al no haberse recuperado todos los proyectiles sin orifico de salida del cuerpo de Eduardo Landaeta (supra párr. 109). Asimismo, dicha diligencia sólo estableció la causa de muerte y mencionó de manera general otras lesiones observadas (supra párr. 102), sin llevar a cabo un análisis detallado de las mismas, de cuya descripción no se pudo obtener mayor detalle a efectos de analizar si podrían haber sido causadas durante el momento de la detención ilegal y arbitraria de Eduardo Landaeta. De igual manera, la Corte considera que la autopsia no cumplió con los requisitos mínimos a efectos de establecer con detalle la hora, fecha, causa y forma de la muerte de Eduardo Landaeta, ni
de determinar cómo ocurrieron los hechos, respetando ciertas formalidades básicas, y concluye que la autopsia practicada, adolece de las mismas omisiones , inter alia, ya reconocidas para el caso de Igmar Landaeta por el
perito José Pablo Baraybar (supra párr. 232);
b) no consta en el expediente ante la Corte el acordonamiento de la escena del crimen con el objetivo de preservar las pruebas que en ella podrían haberse encontrado. En este sentido, el Tribunal constata que dicha falencia influyó en la imposibilidad de la recolección de todos los casquillos y proyectiles impactados en el cuerpo de Eduardo Landaeta, quien habría recibido 15 impactos de bala;
c) la pericia de reconocimiento legal de cinco proyectiles, nueve conchas de bala, y otros objetos, recuperados de la escena del crimen y del cuerpo de Eduardo Landaeta se realizó en julio de 1998, sin embargo, sólo concluyó que las nueve conchas encontradas eran de calibre 7,65 mm y no determinó las armas de procedencia de los proyectiles encontrados, por lo que no se realizó una comparación balística entre estos, encontrados en el cuerpo de Eduardo Landaeta, y las armas utilizadas por los agentes , y

d) siendo que el tipo de armamento utilizado por los agentes policiales  presuntamente se habría extraviado, no se solicitó información precisa sobre el mismo, sino hasta el año 2004.
257. La Corte ha señalado que las actuaciones más próximas al suceso, debidamente realizadas por las autoridades encargadas de la investigación, suelen arrojar indicios más adecuados que favorecen a la identificación de elementos  probatorios para el caso. Por tanto, este Tribunal considera que las omisiones cometidas durante las primeras diligencias han generado la obstaculización de la investigación, en contravención del deber de investigar con debida diligencia.
264. En virtud de lo señalado, esta Corte considera que si bien al inicio de las investigaciones se llevaron a cabo diversas diligencias, algunas de ellas presentaron falencias. En este sentido, las diligencias complementarias o ampliatorias fueron realizadas entre ocho y doce años después de los hechos, afectando con ello la inmediatez de la prueba y la obtención de información fidedigna, lo que implicó la pérdida de prueba o la imposibilidad de su recolección, debido al paso del tiempo.
Asimismo, el Tribunal verifica la falta de actuación de pruebas sustanciales a pesar de las solicitudes del señor Ignacio Landaeta Muñoz y de la Fiscalía (supra párr. 259), que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos. De igual modo, la Corte considera que la ausencia de diligencias con el fin de desvirtuar la versión sobre la interceptación de los encapuchados, así como la falta de investigación conjunta tomando en cuenta los hechos de la muerte de Igmar Landaeta y una serie de irregularidades en el proceso, demuestran una falta de efectividad en el
actuar del Estado con el fin de alcanzar la verdad y sancionar a los responsables.
271. Asimismo, el Tribunal observa que la investigación de una muerte en custodia puede revelar un patrón o práctica directa o indirectamente vinculada con ella. En tales situaciones, la investigación debe hacer frente a las posibles causas de raíz y prevenir este tipo de incidentes. A ese respecto, los Estados deben:  a)recabar la información esencial relativa a las personas bajo custodia, tales como el tiempo y lugar de su detención; b) el estado de su salud a su llegada al lugar de detención; c) el nombre de las personas responsables de mantenerlos en custodia, o en el momento, y d) el lugar de su interrogatorio debe ser registrado y puesto a disposición de procedimientos judiciales o administrativos .
275. La Corte concluye que con respecto a las investigaciones y el proceso penal incoado por la muerte de Eduardo Landaeta, el Estado no llevó a cabo una averiguación diligente debido a falencias durante la recolección de pruebas, las cuales implicaron la actuación de diligencias de importancia más de ocho años después de sucedidos los hechos. Asimismo, el Tribunal concluye que el Estado no siguió líneas conjuntas de investigación en relación con la muerte de Igmar Landaeta, a pesar de los indicios de conexidad existentes entre ambas muertes. De igual manera, este Tribunal considera que el proceso penal presentó serios retrasos procesales e irregularidades destacadas por las propias autoridades internas, por lo que no se ha llevado a cabo en un plazo razonable, con el fin de esclarecer los
hechos y sancionar a los responsables. Finalmente, la Corte concluye que el Estado no llevó a cabo ningún tipo de averiguación en virtud de la detención ilegal y arbitraria de Eduardo Landaeta ni por los indicios de tortura durante su detención.
En consecuencia, este Tribunal considera que el Estado es responsable internacionalmente por la violación de los derechos establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares de Eduardo Landaeta (infra párr. 294).

 

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