EPU Chile.  Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas del Estado examinado

Consejo de Derechos Humanos 41º período de sesiones 24 de junio–12 de julio de 2019

Tema 6 de la agenda: Examen periódico universal     Chile .   Adición       Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal*  

  Video  25 de Enero/ Troika asignada  revisa el Proyecto  del Informe EPU de Chile presentado el 20 enero 2019.

El plazo de Chile para presentar presentar respuestas fue en 24 de Junio del 2019, aca se presenta :

                  LAS  Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios

y respuestas del Estado examinado, Chile 

Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas presentadas por Chile, en el marco del tercer Examen periódico universal

  1. El Estado de Chile intervino en el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el día 22 de enero de 2019, representado por una delegación de alto nivel, integrada por representantes de todos los poderes del Estado. Para Chile, el EPU constituye una oportunidad relevante de cooperación entre los Estados para la promoción de los derechos humanos al interior de la comunidad internacional.
  2. Sin embargo, el EPU no sólo permite a los Estados promover el respeto por los derechos humanos. A través de esa promoción, EPU contribuye al fortalecimiento de una verdadera democracia, la cual no puede existir sin asegurar los derechos humanos de todos y todas. En ese contexto, Chile recibe las recomendaciones de los distintos Estados en el marco del espíritu constructivo que caracteriza esta instancia. Al mismo tiempo, Chile recibe las recomendaciones asumiendo también los desafíos y oportunidades que como Estado aún enfrentamos en la materia. El Estado reitera su compromiso con el sistema universal de derechos humanos, y en particular, con el trabajo realizado por el Consejo de Derechos Humanos.
  3. Chile es un Estado que tiene un compromiso irrestricto con los derechos humanos. Este compromiso se refleja, por ejemplo, en los avances concretos que hemos alcanzado desde el último diálogo constructivo sostenido en enero. Entre estos avances es posible mencionar la reciente promulgación de la Ley N° 21.154, del 25 de abril de 2019, que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Otro avance significativo es la dictación de la Ley N° 21.151, del 11 de abril de 2019, que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno. Estos logros ya dan respuesta a una serie de recomendaciones planteadas en el actual ciclo.
  4. En este tercer ciclo de EPU, Chile recibió un total de 266 recomendaciones por parte de 101 Estados. A partir de un proceso participativo entre organismos del Estado, Chile ha decidido aceptar 211 recomendaciones, que constituyen un 79,32% del total recibido. Se ha decidido tomar nota de 37 recomendaciones, que representan un 13,90% del total de recomendaciones. Para finalizar, se informa que 18 recomendaciones – que representan el 6,76% porcentaje del total –, no son aceptadas o consideradas por Chile.

               Recomendaciones aceptadas por el Gobierno de Chile

  1. Recomendaciones 125.18, 125.19, 125.20, 125.21, 125.22, 125.23, 125.24, 125.25, 125.26, 125.27, 125.28, 125.29, 125.30, 125.31, 125.32, 125.33, 125.34, 125.35, 125.36, 125.38, 125.39, 125.40, 125.41, 125.42, 125.43, 125.44, 125.45, 125.46, 125.47, 125.48, 125.49, 125.50, 125.51, 125.54, 125.55, 125.56, 125.57, 125.58, 125.59, 125.60, 125.63, 125.64, 125.65, 125.66, 125.67, 125.68, 125.69, 125.70, 125.71, 125.72, 125.73, 125.76, 125.77, 125.78, 125.79, 125.80, 125.83, 125.84, 125.88, 125.90, 125.92, 125.93, 125.94, 125.95, 125.96, 125.97, 125.98, 125.99, 125.100, 125.101, 125.102, 125.106, 125.107, 125.108, 125.109, 125.110, 125.111, 125.112, 125.113, 125.114, 125.115, 125.116, 125.117, 125.118, 125.119, 125.120, 125.121, 125.122, 125.124, 125.125, 125.128, 125.135, 125.136, 125.137, 125.138, 125.139, 125.140, 125.141, 125.142, 125.143, 125.144, 125.145, 125.146, 125.147, 125.148, 125.149, 125.150, 125.151, 125.152, 125.153, 125.154, 125.155, 125.156, 125.157, 125.158, 125.159, 125.160, 125.161, 125.162, 125.163, 125.164, 125.165, 125.166, 125.167, 125.168, 125.169, 125.170, 125.171, 125.172, 125.173, 125.174, 125.175, 125.176, 125.177, 125.178, 125.179, 125.180, 125.181, 125.182, 125.183, 125.184, 125.185, 125.186, 125.187, 125.188, 125.189, 125.191, 125.192, 125.194, 125.195, 125.196, 125.197, 125.198, 125.199, 125.200, 125.201, 125.202, 125.203, 125.204, 125.205, 125.206, 125.207, 125.208, 125.209, 125.210, 125.211, 125.212, 125.213, 125.214, 125.216, 125.217, 125.218, 125.219, 125.220, 125.221, 125.222, 125.223, 125.224, 125.225, 125.226, 125.227, 125.228, 125.229, 125.230, 125.231, 125.232, 125.234, 125.238, 125.239, 125.240, 125.242, 125.243, 125.245, 125.246, 125.247, 125.248, 125.249, 125.250, 125.251, 125.252, 125.253, 125.254, 125.255, 125.256, 125.257, 125.258, 125.261, 125.262, 125.263, 125.265 y 125.266.

                   Recomendaciones aceptadas por Chile anteriormente señaladas y que entregan información adicional

  1. El Estado acepta la recomendación 125.34 haciendo notar que la configuración legal del mecanismo nacional de prevención de la tortura se ajusta a las exigencias de los Principios de Paris.
  2. Chile acepta las recomendaciones 125.59 y 125.60. Sin embargo, el Estado hace notar dos circunstancias vinculadas a estas recomendaciones. Primero, hoy existe una creciente formación en derechos humanos al interior de las fuerzas de orden y seguridad públicas. Segundo, las policías disponen de procedimientos que les permiten investigar y sancionar de forma administrativa los abusos policiales. Ello, sin perjuicio de las atribuciones que tanto el Ministerio Público como los tribunales disponen.
  3. Se aceptan las recomendaciones 125.93, 125.94 y 125.95. Sin embargo, se hace presente que la legislación chilena hoy se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de lucha contra el tráfico y la trata de personas.
  4. Se acepta la recomendación 125.101. Sin embargo, el Estado se permite señalar que la expresión “including by harmonizing national legislation with relevant international standards” no da cuenta del hecho de que la legislación chilena se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de lucha contra el tráfico y la trata de personas.
  5. Se acepta la recomendación 125.102. Al igual que en el caso anterior, el Estado se permite señalar que, en relación con la expresión “including by reviewing its criminal legislation on trafficking in persons in line with international standards, ensuring the prosecution of perpetrators and providing rehabilitation and compensation to victims”, es necesario precisar que la legislación chilena hoy se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de lucha contra el tráfico y la trata de personas.
  6. La recomendación 125.110 es aceptada por el Estado. Sin embargo, se hace presente que, si bien hoy existe un proyecto de ley que busca crear un “independent control authority”, no es posible asegurar su aprobación por parte del Congreso Nacional debido a la naturaleza y duración de los procesos constitucionales propios de la tramitación de una iniciativa legislativa.
  7. Respecto a la recomendación 125.144, la misma se acepta con la precisión de que no se puede comprometer la tramitación legislativa, la que no cuenta con una duración determinada, y considerando que de todos modos la ley de presupuesto del sector público ya contempla el financiamiento de esta materia.
  8. La recomendación 125.195 es aceptada por el Estado. Ello particularmente porque existe una política pública en torno a la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador adoptada en 2015 y liderada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, el Estado hace notar que la frase de la recomendación “by increasing the number of labour inspectors, particularly in remote areas” representa una medida concreta cuyos recursos están sujetos a la aprobación anual de la ley de presupuestos del sector público.
  9. Se acepta recomendación 125.220. Ello sin perjuicio del compromiso total asumido por el Estado de Chile en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas.

               Recomendaciones de las que Chile ha tomado nota

  1. Respecto de las recomendaciones 125.1, 125.2, 125.3, 125.4, 125.5, 125.6, 125.7, 125.8, 125.9, 125.10, 125.11, 125.12, 125.13, 125.14, 125.15, 125.16 y 125.17 referidas al proceso de ratificación de los instrumentos mencionados, Chile toma nota de éstas. Ello porque el Estado no puede comprometer una fecha cierta para la discusión y posible ratificación de instrumentos internacionales. Esto debido al requisito constitucional de aprobación por parte del Congreso Nacional, proceso que no cuenta con una duración determinada.
  2. Respecto de la recomendación 125.52, Chile toma nota de ella atendido a que la misma Corte Suprema ha dejado sin aplicación el Decreto Ley N° 2.191. Ello en el entendido que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Como consecuencia de ello, los tribunales han continuado procesando y condenando a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidos entre 1973 y 1990.
  3. Chile toma nota de la recomendación 125.53 en su totalidad. En Chile se encuentra derogada la pena de muerte y, sólo excepcionalmente, puede ser aplicada en jurisdicción militar en tiempos de guerra.
  4. Se toma nota de la recomendación 125.61. Esto porque el ordenamiento jurídico chileno hoy ya dispone de los mecanismos legales necesarios para prevenir y sancionar posibles excesos por parte de las fuerzas policiales.
  5. Se toma nota de la recomendación 125.62. Ello porque el ordenamiento nacional hoy ya contempla los procedimientos necesarios para asegurar que las fuerzas de orden y seguridad públicas actúen dentro del marco del estado de derecho. Además, el ordenamiento cuenta con mecanismos para investigar y sancionar cualquier tipo de abuso por parte de aquellas fuerzas, independiente del contexto en el cual esos abusos se puedan presentar.
  6. Se toma nota de la recomendación 125.75. Ello porque el ordenamiento jurídico chileno contempla hoy mecanismos que permiten realizar una investigación pronta, imparcial y efectiva de los abusos policiales, pudiendo el Poder Judicial determinar las penas correspondientes, así como las eventuales reparaciones que puedan proceder.
  7. Se toma nota de la recomendación 125.81. Ello porque el ordenamiento jurídico chileno contempla hoy mecanismos que permiten realizar una investigación pronta, imparcial y efectiva de denuncias de desapariciones forzadas ocurrida en nuestro país. Renovamos como Estado nuestro compromiso con el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos.
  8. En cuanto a la recomendación 125.82, se toma nota de ésta. El Estado manifiesta su intención de continuar con la implementación de las medidas de reparación establecidas en favor de las víctimas de derechos humanos ocurridas en dictadura.
  9. Se toma nota de las recomendaciones 125.103, 125.104 y 125.105. Ello en razón de que las recomendaciones recaen sobre una materia acerca de la cual no es posible asegurar un resultado legislativo al respecto.
  10. Se toma nota de la recomendación 125.129. Ello en el entendido que la referencia a “legal abortion” dice relación únicamente con aquellos casos contemplados actualmente por la Ley N° 21.030, no buscando extenderse a otros distintos de aquellos establecidos en ella, y siempre respetando el marco normativo establecido por la institucionalidad nacional para regular esta materia.
  11. Se toman nota de las recomendaciones 125.236, 125.237y 125.244. Ello porque en Chile la legislación antiterrorista se aplica únicamente a aquellas personas que incurren en las conductas típicas señaladas en la ley, sin ningún tipo de discriminación fundada en el origen o raza.
  12. Chile toma nota respecto de la recomendación 125.259. Ello porque el proyecto de ley sobre migraciones que actualmente se discute en el Congreso Nacional es consistente con los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.
  13. Se toma nota de la recomendación 125.264. Chile hoy asegura, a través de su normativa y su práctica institucional, los derechos de todas aquellas personas que, por razones legales, son expulsadas del país.

               Recomendaciones que no son aceptadas por el Gobierno de Chile

  1. No es aceptada la recomendación 125.37. atendido a que la normativa migratoria chilena se encuentra conforme al derecho internacional vigente, el cual permite establecer restricciones necesarias para proteger la seguridad, el orden público y la salud o la moral públicas en materia de tránsito transfronterizo. La aplicación de estas normas no responde a criterios discriminatorios fundados en la nacionalidad.
  2. No es aceptada la recomendación 125.74. Ello porque los abusos policiales denunciados en el contexto de manifestaciones pacíficas son investigados y, en caso de que los hechos se demuestren como ciertos, sancionados.
  3. No es aceptada la recomendación 125.87. Esto porque el derecho interno no sólo reconoce, sino que también asegura la libertad de expresión y protege el derecho de reunión a través de distintos mecanismos constitucionales, legales y administrativos.
  4. Atendido a que la recomendación 125.89 utiliza el verbo “refrain”, ésta no es aceptada. En cuanto estado de derecho, la legislación nacional es aplicada a todos los ciudadanos por igual. Tratándose de la ley antiterrorista, ésta se aplica a todos quienes incurran en las conductas típicas descritas por la ley. Es por ello que no es posible a priori excluir de su aplicación a personas basándose en su origen étnico o en su pertenencia a un determinado grupo.
  5. No es aceptada la recomendación 125.91. Ello atendido a que el Ministerio Público, haciendo uso de sus facultades legales, investiga resguardando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En caso de infracción de éstos, existen mecanismos jurisdiccionales para salvaguardar su respeto.
  6. Las recomendaciones 125.126, 125.127, 125.132 y 125.133 no son aceptadas atendido a que la Ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, contempla la posibilidad de que personas o instituciones puedan invocar la objeción de conciencia. Tratándose de personas, un médico cirujano, requerido para interrumpir un embarazo por alguna de las tres causales legales, puede manifestar su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud. De este mismo derecho gozan los miembros del equipo que participan durante la intervención. Los requisitos y el procedimiento para realizar esa manifestación se encuentran regulados en el Decreto N° 67 de 2018 y en la misma ley. Ambos instrumentos obligan a desarrollar protocolos para asegurar la atención de la mujer, reasignándola a personal no objetor, o bien, derivándola a otro establecimiento que pueda realizar el procedimiento.
  7. Las recomendaciones 125.130, 125.131 y 125.134 no son aceptadas atendido a que, en Chile, tras un lato debate democrático, se encuentra vigente la ley N° 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, a saber, riesgo vida de la madre, inviabilidad del feto de carácter letal y violación. No se contempla la extensión de las causales que fueron consensuadas al interior del Congreso Nacional. Junto con ello, la legislación nacional protege expresamente la maternidad y plantea un acompañamiento de manera especial respecto de los embarazos vulnerables.
  8. Chile no acepta la recomendación 125.241. El proyecto de ley que modifica la legislación antiterrorista nacional no contempla crear excepciones a la generalidad de su aplicación.
  9. Chile no acepta la recomendación 125.260. Ello porque los derechos de los ciudadanos bolivianos que viajan en tránsito hacia los puertos del Pacífico se encuentran asegurados por la legislación nacional y por la aplicación que de ella hacen las instituciones públicas.

               Recomendaciones parcialmente aceptadas y parcialmente anotadas por el Gobierno de Chile

  1. El Estado toma nota de la recomendación 125.85. Ello, haciendo notar que la expresión “many victims and their families still have not received the appropriate reparations from the State”, no es compatible con el esfuerzo realizado por Chile para avanzar de forma sustantiva en políticas de reparación para víctimas de la dictadura. Se acepta el resto de la recomendación.
  2. Se toma nota de la recomendación 125.193 sólo en lo relativo al “establecimiento de una comisión independiente”, atendido a que en la actualidad el Ministerio Público – organismo con autonomía constitucional –, ya se encuentra investigando tanto los casos de muertes como de abusos reportados de niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Servicio Nacional de Menores, y de proceder una sanción, el Poder Judicial determinar las penas correspondientes, así como las eventuales reparaciones que puedan proceder. Se acepta la recomendación respecto del resto del texto.
  3. Se toma nota de la recomendación 125.233 únicamente en lo referente a la expresión “considering revising the antiterrorism law”. Esto porque hoy se encuentra en el Congreso Nacional un proyecto de ley que reforma la legislación antiterrorista.
  4. Se toma nota de la recomendación 125.235 únicamente en lo correspondiente a la frase “in the new constitutional text”. Ello atendido a que no está contemplada la realización de un proceso constituyente en el país.

               Nota adicional

  1. En relación con las recomendaciones 125.86, 125.123, 125.190, 125.215, el Estado ha tomado la decisión de no considerarlas, dado que fueron emitidas por representantes de un régimen cuya legitimidad no es reconocida por el gobierno de Chile.

                                    

                     *   El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

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