Expulsan estudiantes diferenciales de escuelas y liceos.

El pasado Jueves 2 de Mayo Vanesa Hermosilla Directora ejecutiva de la  ONG  Emprender con Alas  convocó a representante de  Alto Comisionado de las Naciones Unidas  para los Derechos Humanos  Camila Acevedo de la Oficina Regional América del Sur , representantes nacionales abogado Gabriel Aguirre  del INDH y las abogadas Waleska Abusada Lues  y Giannina Mondino de la Unidad de Protección de Derechos y al abogado Cristóbal Santelices jefe jurídico , todos de  la Defensoría de la Niñez , para darles   a conocer  estadísticas del uso de reglamento escolar en Chile y  procedimientos aplicados  del llamado » debido proceso 2019 o aula segura», que estarían  vulnerando derechos constitucionales y  humanos de los  escolares en Chile.

La psicopedagoga Cecilia Deserafino presentó una breve síntesis del caos relacional entre   la normativa , leyes y decretos  educacionales vigentes versus Aula Segura . La psicóloga experta en trauma, doctorandose en salud global Elle Steward,  se refirió a los efectos traumáticos que acarrearía  al  sistema educativo esta ley tramitada a presión, con prisas en el Parlamento, para ser  aprobada sin estudios previos concluyentes y sin evaluar el impacto   biopsicosocial hacia niños niñas y estudiantes .

Hoy las  disputas legales contra  sostenedores y funcionarios de la educación,  el gasto  económico de las partes en la  resolución legal de controversias, las tensiones reñidas con el articulo 2 y 9 ley general educación al interior de los establecimientos educacionales tales como discriminación y actuaciones arbitrarias hacia  el sujeto jurídico niño , niña , adolescente  y apoderados  son provocadas por vacíos legales no considerados por el Estado , en la creación de esta ley :

a) El ejecutivo y el legislador no consideraron estipular como se aseguraría  el derecho constitucional  del afectado ( 19 CPR) por error  o por abuso en la aplicación del procedimiento sancionatorio en la ley .

b)  El ejecutivo y el legislador no consideraron incluir  el procedimiento legal para aplicación de un debido proceso y sanciones al mal uso de este.

c) El ejecutivo y el legislador no consideraron  delimitar  que es un «proceso investigativo administrativo » al interior de un establecimiento educativo.

d) Lo anterior es indispensable considerando que Chile no posee un código de garantías de protección a niños y adolescentes que ponga limites a la aplicación de mecanismos  sancionatorios a estudiantes escolares .

e) El legislador y el ejecutivo  no considero otorgar atribución  legal a la Superintendencia como Estado  para fiscalizar procedimientos y en su especial rol  de garante observar la  protección de los escolares;  para   sancionar  procesos que contravengan  los derechos   constitucionales y   acuerdos  internacionales ( art 5 CPR)  de niños , niñas y adolescentes chilenos y migrantes  en nuestro sistema educacional escolar.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *