El mobbing escolar aumenta las probabilidades de Suicidio de niños y adolescentes

Autoras:  Myriam del Canto Segovia ,Vanesa Hermosilla

Ya expresamos  el 6 de Junio de 2016 ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional de Chile, que el Proyecto de Ley que crea Un Codigo de Garantías de proteccion de los Derechos de la Niñez y que se encuentra en proceso de trámite parlamentario en el Congreso desde el año 2015; no hace mención en ningún artículo a las funciones de los establecimientos educacionales públicos, semiprivados y privados en la detección y derivación temprana de toda forma de maltrato infantil & escolar y de salud mental detectado en el espacio escolar y que el Comité Internacional de los Derechos del Niño, expresó su preocupación ante la delegación chilena el pasado 24 de Septiembre de 2015 en la ciudad de Ginebra, por el limitado campo de acción y sanción de la ley de violencia escolar. Cabe señalar que en Chile no existe provisión jurídica que penalice por acción y omisión toda forma de maltrato infantil fuera del ámbito familiar.

El código de procedimiento penal en su artículo 175, penaliza con multas de exigua cuantía económica a los funcionarios públicos y privados quienes omiten, en sus posición de garante, denunciar una situación de maltrato infantil constitutiva de delito de la que tengan conocimiento. Como consecuencia de ello, la jurisprudencia nacional, con respecto a la fuente de la posición garante y los delitos de comisión propia o impropia, son prácticamente inexistentes en el país, y concretamente inexistentes en lo que respecta a los casos de suicidios de infanto adolescentes.

Con el objetivo de informar a parlamentarios que legislan asuntos de Infancia,  sobre la limitada potestad fiscalizadora y sancionadora de los órganos de la administración del Estado que regulan la normativa educativa vigente en Chile, se enumeran 7 enunciados corroborativos:

 

1.-El Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación Escolar (organismo fiscalizador de la normativa educativa) consideran que los protocolos de actuación ante situaciones de maltrato infantil son meros imperativos éticos para los establecimientos educacionales, por lo que no están obligados por ley o procedimiento administrativo alguno a que el personal docente y profesionales de la educación tengan capacitación y formación rigurosa en maltrato infantil y salud mental adolescente, a lo cual están jurídicamente obligados en virtud del derecho internacional que el Estado de Chile ha ratificado. Nos referimos a la frase textual contenida en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ya que son los establecimientos educacionales, custodios circunstanciales contra toda forma de violencia y maltrato infantil develada en el espacio escolar, incluyendo aquella que no deja lesión física evidente, ya que de esta forma lo estipula la Observación 13 del Comité Internacional de los Derechos del Niño, que interpreta jurídicamente el artículo 19 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen potestad jurídica interpretativa.

2.-El Ministerio de Educación de Chile carece de procedimientos administrativos que regulen la forma y el contenido de los protocolos de actuación ante situaciones de maltrato escolar y los protocolos opcionales de actuación ante situaciones de maltrato infantil. La Superintendencia de Educación Escolar y el Consejo de la Transparencia denegaron informar a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 20285, la forma en que se fiscalizan ‘estos protocolos, amparada dicha decisión en el artículo 21 inciso 1 de la Ley de Transparencia que establece el secreto de reserva porque afecta el debido cumplimiento del órgano requerido. Esta resolución del ministerio de educación ya se notificó a la Relatoría de la Libertad de Expresión art 13 y de Acceso a la Información Pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

3.- El Ministerio de Educación de Chile, carece de procedimientos administrativos que regulen el monitoreo escrito de la salud mental, desarrollo emocional y de las habilidades sociales de los alumnos, debido a que su normativa educativa se basa exclusivamente en el desarrollo de las habilidades cognitivas, lo cual viola el párrafo 1 del artículo 29 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño sobre los propósitos holísticos de la Educación, definidos en la observación 1 del Comité Internacional de los Derechos del Niño. Como consecuencia de esta omisión, es frecuente observar la carencia consecutiva de observaciones del desarrollo emocional y de las habilidades
sociales en las hojas de vida de los niños y adolescentes en edad escolar, lo cual sólo coadyuvan a evadir la responsabilidad que les cabe a los establecimientos educacionales.

4.- El Ministerio de Educación de Chile y la Superintendencia de Educación Escolar, establecen sanciones pecuniarias a los establecimientos educacionales que transgreden la normativa educativa vigente, con lo cual se diluye la responsabilidad individual en favor de la corporativa.

5.- El Ministerio de Educación no cuenta con un registro estadístico del número de estudiantes en edad escolar que se han suicidado a pesar que el Estado de Chile figura entre los países de América con los más altos índices de suicidio infanto adolescente. El Ministerio de Educación de Chile no cuenta con procedimientos administrativos que regulen la inclusión de niños y adolescentes con problemas de salud mental, sean tutelados o no tutelados por el Estado de Chile.

6.- El Ministerio de Educación de Chile, carece de un procedimiento administrativo que regule las funciones del orientador escolar en las áreas de maltrato infantil y problemas de salud mental de los alumnos. El Ministerio de Educación de Chile, carece de procedimientos administrativos que obliguen a los establecimientos educacionales a poner la fecha de la entrada en rigor y de revisión de los protocolos de actuación ante situaciones de maltrato escolar y los opcionales de maltrato infantil.

7.- En el evento de suicidio o muerte violenta por maltrato infantil intra o extra familiar de un estudiante en edad escolar; los establecimientos educacionales no asumen ninguna responsabilidad civil extra contractual, penal o administrativa, aunque hubiere evidencia de negligencia docente, por falta de provisión jurídica y administrativa interna que lo exija de 10 forma expresa en Chile, con lo cual el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación Escolar, podrían eventualmente incurrir en responsabilidad internacional al violar el derecho a la vida, la supervivencia y a desarrollo de todos los niños y adolescentes chilenos y extranjeros, sin discriminación social, geográfica o étnica. 

Este 2019, Movimiento Nacional por la Infancia junto con FJU  invita a todas organizaciones, familias , madres y profesionales a participar en la próxima Caminata donde se incluiran actividades  para los asistentes . La prevención promoción y protección  para la  Vida se hara proximamente un dia Domingo  en el Parque Forestal, Santiago

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