EL INFORME CHILENO AL EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL DEL 22 ENERO 2019, #UPR32

Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 32º período de sesiones 21 de enero–1 de febrero de 2019
Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos* Chile ( El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas).

I. Introducción
1. El gobierno del Presidente Sebastián Piñera presenta el informe del Estado de Chile correspondiente al tercer ciclo del EPU, señalando diversos avances y desafíos de nuestro país en materia de derechos humanos entre 2014-2018. Ello busca reafirmar nuestro compromiso irrestricto con los derechos humanos y el sistema universal de protección.
II. Metodología y proceso de participación.

2. Este informe fue elaborado por la SDH del MINJUDH, con el apoyo de MINREL y en un trabajo colaborativo con instituciones del Estado como PJUD, MP y los Ministerios SEGPRES, MINDESO, MISP, MMEG, MINSAL, MINEDUC, MINTRAB, SEGEGOB, MMA, MBN, MINDEF, MINECO, MINVU, junto con la SN, SPENSIONES, Carabineros, PDI, DPP, GENCHI, SRCEI, SENAME, CAJ, y SENADIS1
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3. Se han agrupado las recomendaciones aceptadas por el Estado de Chile para dar cuenta temáticamente de las mismas. Para saber qué recomendación se responde, entre paréntesis y ennegrecida está el número de recomendación del párrafo 121 del Informe del GT.

4. Asimismo, el 10 de octubre se realizó un proceso de diálogo con 32 organizaciones de la sociedad civil, para escuchar su opinión respecto de avances y desafíos existentes en Chile2
.
III. Compromisos internacionales del estado.

5. Diversos tratados internacionales han sido ratificados (18). Entre ellos, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones (2015) (3, 10, 11); fueron aprobadas por el Congreso y están en proceso de publicación la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, y la Convención para
Reducir los Casos de Apatridia (17); y el Convenio 189 de la OIT sobre el Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos (2016) (8, 9). Asimismo, se encuentra en proceso de promulgación el acuerdo sobre el Estatus y las Funciones de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, suscrito el 2014 (21).

6. Las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma fueron ratificadas el 2017 (14, 15, 19). A su vez, el Proyecto de ley que modifica la ley N°20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, para incorporar el delito de agresión y extender los crímenes de guerra a conflictos no internacionales (Boletín 10665-07), fue iniciado por moción el 11 de mayo de 2016 y se encuentra actualmente en primer trámite constitucional en el Senado (20).

7. El proyecto de ley que ratifica tanto el Protocolo Facultativo de CEDAW (2, 4, 5, 6,7), como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (16), se encuentra en  tramitación ante el CN.

8. El ACNUDH proporcionó apoyo técnico a la SDH sobre el PNDH, y respecto de capacitaciones a funcionarios públicos para la elaboración de informes de tratados y manejo de talleres de DDHH (50).

9. Desde 2014, Chile ha presentado informes periódicos ante mecanismos convencionales: CDH, CRC, CRPD, CEDAW y CAT. En 2016 Chile emitió su primer informe al SPT, el cual es público con el informe de la visita del SPT y durante el 2019 se desarrollarán los diálogos ante el CED, CERD y CMW. Desde 2014, el Estado ha recibido
visitas de numerosas relatorías. Asimismo, Chile fue electo el 2017 como miembro del HRC.

10. Sobre tortura, Chile lidera en su región a través de la Iniciativa Global contra la Tortura (CTI), para promover la ratificación del CAT. Esto se suma a la tipificación del delito de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes, incorporándose dichos  delitos al CP chileno (Ley 20.968), siendo consistente con los estándares internacionales en
la materia (74, 75).

11. La Ley además modificó la ley N° 20.477, precisando que los civiles y adolescentes en calidad de víctimas o imputados no estarán sujetos a la competencia de tribunales militares (109).

IV. Institucionalidad en derechos humanos (23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 79)

12. Respecto a institucionalidad gubernamental, en 2017 comenzó en sus funciones la SDH (Ley N° 20.885). Su misión es la promoción y protección efectiva de los derechos humanos, a través del diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas.

13. Entre sus funciones está elaborar el PNDH, con una duración de cuatro años, y contiene el diseño de las políticas encaminadas al respeto, promoción y protección de los DDHH y coordinar su ejecución, seguimiento y evaluación. El primer PNDH (2017) se elaboró con más de 600 acciones comprometidas, organizadas en 50 metas y 15 capítulos.
La SDH ha coordinado la implementación del mismo.

14. A la SDH fueron traspasadas desde el MISP todas las funciones y atribuciones que se derivan del artículo 10 transitorio de la ley N° 20.405 y del DS 1005 de 1997, del Programa de Derechos Humanos, incluidas aquellas destinadas al ejercicio de las funciones o actividades asignadas a la CNRR, concentrando en la SDH las facultades generales en DDHH.

15. La Ley 20.820 (2015) creó el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género; Ley 21.045 (2017) creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y la Ley 21.090 (2018) creó la Subsecretaría de la Niñez.

16. Respecto de institucionalidad autónoma, el INDH actualmente tiene presencia en 13 regiones del país. La Ley 21.067 (2018) creó la Defensoría de los Derechos de la Niñez.

17. Está en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que designa al INDH como MNPT. El proyecto establece un Comité de Expertos al interior del INDH, resguardando los principios de Paris respecto a su independencia funcional, financiera. Se otorga al Comité atribuciones y recursos para realizar visitas periódicas preventivas a personas privadas de libertad.

V. Avances temáticos

A. Pueblos indígenas “Plan Araucanía” (39, 163, 164, 165, 178)
18. El actual Gobierno, en septiembre de 2018, presentó el “Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía”. Sus principios son: desarrollo integral e inclusivo; reconocimiento y valoración de la diversidad; y voluntad de diálogo, de acuerdo y de paz3
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Incluye medidas como el reconocimiento constitucional de pueblos indígenas. El Acuerdo también contempla una inversión pública de 8.043 millones de dólares en la Araucanía para el periodo entre 2018 y 2026. Asimismo, se espera que con las medidas contenidas en elplan, la inversión privada alcance los USD16 millones en el periodo.
Consulta libre, previa e informada (38, 67, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173,174, 175, 178)

19. Desde 2009, se han realizado 59 procesos de consulta, y 24 están en desarrollo. Estas han sido a nivel local y nacional, sobre medidas legislativas y administrativas, a cargo de MINDESO, MISP, MBN, MMA, MCAP, MINSAL, MINERG, MET, y MOP. Entró en  vigencia el DS N° 66 del MINDESO (2014), que aprobó el reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena, que fue consultado a nivel nacional.

20. Se realizó a nivel nacional el Proceso de Consulta Constituyente Indígena respecto al reconocimiento constitucional y la participación política (2017)4 . El Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.

21. MINEDUC está desarrollando desde julio 2018 la consulta sobre la propuesta de Bases Curriculares para la asignatura de Lengua y Cultura de Pueblos Indígenas, de 1° a 6° año básico.

22. MINSAL realizó un proceso consulta a nivel nacional entre 2015 y 2017, para el “Reglamento que establece el derecho de las personas pertenecientes a pueblos indígenas a recibir atención de salud con pertinencia cultural”5
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23. El MBN ha desarrollado dos procesos de consulta: uno respecto al Parque Nacional Salar de Huasco (Región de Tarapacá, julio 2016 a julio 2017), convocándose a personas quechuas y aymaras; y el segundo para la reclasificación y ampliación de la Reserva Forestal Alacalufes (2017), convocándose a comunidades kawesqar. Las comunidades se
manifestaron favorables a dichas medidas.

24. En el primer semestre 2018, el MMA ha desarrollado 18 consultas. Asimismo, SEA dictó el instructivo sobre implementación del proceso de consulta a pueblos indígenas (2016) acorde al Convenio N° 169 OIT6
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Derechos económicos, sociales y culturales (39, 58, 65, 67, 154, 155, 176, 177, 181)

25. En educación se creó la Secretaría de Educación Intercultural Indígena del MINEDUC (2014), que desarrolla la conceptualización de interculturalidad para el sistema escolar. Esto es relevante dado que según el Casen 2017, la escolaridad indígena es de 10.3 años, mientras que la no indígena es de 11.2.

26. MINEDUC reconoce la función docente de los educadores tradicionales con un nuevo estatuto, reconociendo a las personas que poseen la experticia adquirida a través del traspaso del conocimiento de la práctica de la lengua, costumbres, tradiciones, historia y cosmovisión de los pueblos indígenas.

27. En salud, se aprobó (2017) la Norma General Técnica N° 189 para la entrega de placenta (DE N° 208), para garantizar el derecho de las mujeres a disponer de su placenta, respetando sus prácticas culturales, y su cosmovisión indígena; y las “Orientaciones Técnicas de Salud Mental con Pueblos Indígenas: Hacia un Enfoque Intercultural” (2016).

28. MINSAL incorpora el enfoque intercultural en el modelo de atención, destacando acciones como la Política de salud y pueblos indígenas, vigente desde 2006, Programa de salud y pueblos indígenas (PESPI), desarrollado en todos los servicios de salud, y la atención del parto con adecuación cultural en los hospitales de las regiones con mayor población indígena.

29. Mediante el Programa Especial de Salud de Pueblos Indígenas el Estado financia acciones de salud en la línea de equidad, interculturalidad y participación en salud de pueblos indígenas, disminuyendo las inequidades en salud y tiene cobertura en los 29 servicios del país.

30. Se mantiene desde el 2012 el Programa Plan Araucanía, impulsando el mejoramiento de los centros de salud que desarrollan acciones de salud intercultural, aumentando progresivamente las atenciones de salud indígenas y de asistencia espiritual mapuche; entre otras.

31. Respecto al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se creó la Unidad de Borde Costero en CONADI (2015), elaborando 23 Informes de Uso Consuetudinario, realizando 18 consultas según lo previsto en la Ley 20.249, y destinando 140.146 hectáreas.

32. Sobre vivienda digna, se aprobó un Convenio de colaboración entre el MINVU, el MINDESO y CONADI (2016), para aunar esfuerzos de colaboración para realizar acciones sobre habitabilidad y vivienda, dirigidas a familias de pueblos indígenas de sectores urbanos y rurales.

33. En cuanto a trabajo, MINTRAB desarrolla el programa “Mejora a la empleabilidad para artesanos y artesanas tradicionales de zonas rurales”, ejecutado por la Fundación Artesanías de Chile; donde un 50% de los capacitados deben pertenecer a pueblos indígenas.

34. El Estado se encuentra cumpliendo con la sentencia de la Corte IDH recaída sobre el caso Norín Catrimán y Otros, que incluye planes de educación y salud.

Promoción de sus derechos (65, 66, 67, 68, 160, 161, 162)

35. En relación a la percepción de discriminación por parte de pueblos indígenas, según la Encuesta Casen se identifica una disminución de la misma por parte de la población indígena8
.
36. La CONADI desarrolla programas orientados a la promoción y protección de sus derechos, como el Programa de Defensa Jurídica que entrega asesoría y defensa jurídica en procedimientos judiciales y extrajudiciales y en la solución alternativa de conflictos relacionados con el uso, goce y explotación de terrenos indígenas9
.
37. El Programa de Información de los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo fin es facilitar el acceso a la información y tramitación de beneficios, públicos y privados a las personas indígenas que viven en lugares geográficamente apartados, realizó, el 2017, 32.447 atenciones, de las cuales 19.284 corresponde a mujeres (59%).

38. Respecto al Programa de Fomento Económico hay un incremento de mujeres que acceden al beneficio, alcanzando un 66% dentro del total de beneficiados en 2017. Respecto al programa de jardines infantiles donde se imparten lengua indígena y se enseña la cultura indígena, el 2018 cuentan con una matrícula indígena de 4.604 niños y niñas.

39. La DPP implementó oficinas piloto de defensa de mujeres indígenas, extranjeras y privadas de libertad en la Región de Tarapacá. Asimismo, elaboró protocolos de actuación para su atención. Además, cuenta con 11 facilitadores interculturales, quienes apoyan en elaboración de la teoría del caso y la interrelación con los usuarios indígenas.

Mujeres (165, 166)

40. Se suscribió un convenio entre CONADI y el Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural-RIMISP (2018), en el marco de la “Agenda Política de Trabajo para las Mujeres Indígenas de Chile”, iniciativa liderada por ONU. El convenio tiene por objeto promover el empoderamiento de mujeres lideresas indígenas representantes de los 9 pueblos reconocidos por Ley.

NNA (162)

41. El Plan de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia (2018 a 2025), considera actividades orientadas a NNA víctimas de discriminación y exclusión social, específicamente indígenas.

42. Para el 2018 está considerado un protocolo para asegurar servicios básicos a las familias indígenas, con especial foco en restitución de tierras. Dentro de las acciones para el  acceso a la educación, está la elaboración de un protocolo de excepción acordado para NNA indígenas que estén llamados a ser machi y requieran de acciones de excepción para finalizar su educación formal. Finalmente, el programa “Chile Crece Contigo” considera la
adaptación de las guías de gestación según los pueblos indígenas, y la elaboración de material educativo.

Acceso a tierras (175)

43. En materia de entrega y restitución de tierras, entre enero de 2014 y agosto de 2018, se adjudicaron 14.122,02 hectáreas y beneficiando a 2.040 familias, por concepto de subsidios para la adquisición de tierras por personas, comunidades indígenas o una parte de estas cuando la superficie de las tierras de la respectiva comunidad sea insuficiente (art. 20A). En el mismo período, se restituyeron 44.945 hectáreas, en beneficio de 136 comunidades indígenas, integradas por 4.680 familias, por concepto de restitución ancestral (art. 20.B).

44. En cuanto a sitios de significación cultural, el Estado ha entregado 42 hectáreas beneficiando a 28 comunidades, que a su vez se componen por 833 familias de la región de La Araucanía. Asimismo, mediante la transferencia de predios fiscales, se han otorgado 62.446,60 hectáreas, beneficiando a 505 familias. En total, se han beneficiado 164
comunidades indígenas, integradas por 8.058 familias, a través de un total de 121.555,42 hectáreas.

45. Entre 2014 y 2017 el MBN, mediante el Programa Administración de Propiedad Fiscal para Pueblos Indígenas, les asignó un total de 690.365.363,98 m2 de propiedad fiscal en todo Chile10. Ello se tradujo en 1.655 solicitudes resueltas.

46. En 2018 se realizó una reformulación del Programa anterior, manteniendo el compromiso de priorizar las solicitudes de pueblos indígenas en propiedad fiscal, habiéndose finalizado un total de 350 casos. Además, se incorporó el levantamiento de información territorial en inmuebles fiscales con alto valor patrimonial y/o ambiental,
focalizándose en unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado con intereses indígenas e inmuebles con componentes patrimoniales relevantes como geoglifos, áreas de vestigios arqueológicos, entre otros.

Desarrollo económico y financiero (165 y 166)

47. Según Encuesta Casen, el porcentaje de población indígena en pobreza en 2015 fue de 18,3%, frente a un 11,0% en la población no indígena; mientras que en 2017 este porcentaje se redujo a 14,5% en la población indígena, frente al 8,0% para la población no indígena. En cuanto a la pobreza extrema por pertenencia a pueblos indígenas en 2015 era de 6,6%, mientras que en 2017 se ubicó en 4,0%. La pobreza multidimensional entre las personas pertenecientes a pueblos indígenas es de 30,2% en comparación con las personas no pertenecientes que presentan 19,7%.
48. Por lo anterior, se creó el Programa de Desarrollo y Fomento Indígena (PDFI), con el apoyo del BID, para liderar los procesos de apertura y diálogo conducentes al acceso a financiamiento de proyectos de desarrollo productivo indígena, para iniciativas empresariales propuestas por organizaciones indígenas que sean económica y socio culturalmente sostenibles en los sectores agropecuario, forestal, energías renovables
no convencionales, turismo y acuícola11
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49. El INAPI, a través del PNDH, ha comprometido impulsar el trabajo en torno a la protección de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales a través de las herramientas de propiedad intelectual. Por otra parte, se está creando una línea de trabajo para las comunidades indígenas con el programa Sello de Origen, especialmente en la
Araucanía.

50. CORFO ha promovido el desarrollo socioeconómico de los pueblos indígenas a partir de mejoras en el acceso a financiamiento para proyectos de desarrollo productivo indígena. En 2015 se aprobó el Programa para IFI (Iniciativas de Fomento Integradas), en especial el “Programa de Desarrollo Productivo y Empresarial Indígena”12

51. El 2016 se creó el Comité de Desarrollo y Fomento Indígena para contribuir al aumento de su ingreso económico, apoyando iniciativas empresariales, económicas y socioculturalmente sustentables. Han ingresado 103 postulaciones al sistema, de las cuales 46 se han adjudicado el apoyo AFOPROIN (Apoyo para la Formulación de Proyectos
Productivos Indígenas de Alto Impacto).

52. Corfo apoyó la creación de un fondo de cobertura o subsidio contingente (COBIN) para mejorar el acceso al financiamiento de iniciativas o proyectos productivos indígenas sostenibles. Por primera vez el Estado comenzó a ofrecer una garantía de hasta un 90% de Cobertura Indígena para proyectos productivos de alto impacto con el fin de facilitar que instituciones financieras otorguen financiamiento a las comunidades, organizaciones y cooperativas indígenas.

53. Otras líneas de financiamiento son la línea de apoyo a la inversión de los pueblos indígenas (IPRO INDIGENA) creada en 2017, y el programa de desarrollo de proveedores (PDP Indígena).

54. SERNATUR con SUB TURISMO, implementan programas con foco indígena para fortalecer emprendimientos, capital humano, oferta turística de calidad, ética, entre otros13
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Aplicación Ley N° 18.314 (22, 167, 168, 169)

55. La aplicación de la Ley N° 18.314 responde a su carácter general sin ánimo de criminalizar a ningún grupo en particular. Considerando aquellos casos de primera instancia correspondientes a imputados acusados por el MP por conducta terrorista (2015-2018), se identificaron 6 sentencias en que se habría aplicado esta normativa.14 Ello sin perjuicio que la norma se ha aplicado en otros casos a acusados que no pertenecen a ningún pueblo originario.15

56. En una reciente sentencia16, la CS refuerza el alcance general de la ley exigiendo a los tribunales fundamentar su decisión eliminando todo análisis que llevase a considerar el origen étnico de los imputados como un factor para sancionar.

57. El proyecto de ley que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los CP y CPP (boletín 9.692-07 y 9669-07 refundidos) se encuentra en el Senado en su primer trámite constitucional. La iniciativa reestructura los delitos base y se establecen conductas objetivas de perpetración de ilícito terrorista, sin necesidad de recurrir a su finalidad.

Afrodescendientes

58. En 2015 se aprobó el “Plan de acción población afrodescendiente de Arica: 2015 –2018”, para la Región de Arica y Parinacota. Asimismo, se realizó la Encuesta de Caracterización de la Población Afrodescendiente de la Región de Arica y Parinacota, cuyos resultados fueron presentados en 2014.

59. En el año 2016 se firmó el convenio de asociatividad entre CONAF y la comunidad indígena Ma’u Henua, entidad representativa del pueblo Rapa Nui, para la co  administración de sitios de uso público dentro del Parque Nacional Rapa Nui. El objeto de dicho convenio es incorporar al pueblo Rapa Nui, representado por la Comunidad Indígena Ma’u Henua, en la coadministración de las áreas de uso público. También se aprobó (2018) La ley 21.070 que regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde Isla de Pascua.

B. Mujeres

Violencia de género (86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97)

60. Una materia de especial atención en el segundo ciclo fue la violencia de género y contra la mujer. El total de causas ingresadas por posibles delitos de violencia contra la mujer17 entre 2009 – mayo 2018 fue de 92.701 casos. El delito de Maltrato Habitual (Violencia Intrafamiliar) se encuentra en el primer lugar con 34.134 causas (37% del total), seguido por Abuso Sexual con Contacto de Menor de 14 años. Art. 366 Bis con 18.564 causas (20% de los ingresos). En el primer caso, entre 2014 y 2016, se dio un aumento de las causas (de 3.809 a 5.972), sin embargo, se constató una baja significativa a 4.591 durante el 2017. El 2018, se ha mantenido proporcionalmente esa tendencia (1.542 causas a mayo). Debe notarse que un 75% de las causas ingresadas entre 2015 y 2018 están concluidas, mientras que el resto se dividen entre aquellas que aún están en tramitación y las suspendidas. Respecto a femicidio, entre 2014 y 2017, el número de causas ha aumentado (83, 148, 177 y 193 respectivamente).

61. A la creación del MMEG y SERNAMEG, cabe agregar pasos importantes en legislación en la materia: Ley N° 21.013 (2017) que tipifica un nuevo delito de maltrato18  En 2017 el Ejecutivo presentó el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; que se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados19. En segundo trámite constitucional ante el Senado se encuentra el proyecto sobre violencia en las relaciones íntimas de pareja sin convivencia (boletín N° 8851-18)20 .

En otras medidas, destaca el Plan Nacional de Acción Contra la Violencia hacia las Mujeres 2014-201821
.
62. La CS (2016) creó la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (STG), la que ha trabajado en iniciativas como el Cuaderno de Buenas Prácticas para incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia y la aprobación del “Procedimiento de actuación para la prevención, denuncia y tratamiento del acoso sexual en el Poder Judicial chileno”. Asimismo, el MP ha elaborado la Pauta y Protocolo de violencia intrafamiliar22 y fortalecido su institucionalidad creando la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales23
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Participación política (38, 72, 124, 125, 126, 127)

63. Se publicó la Ley N° 20.840 (2015), que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo que fortalece la representatividad del CN. Esta obliga a los partidos políticos (a partir del 2017) a presentar un porcentaje no menor del 40% de mujeres entre sus candidatas para las elecciones parlamentarias. En la elección parlamentaria de 2017, en el Senado las mujeres aumentaron du participación de un 15.8% a 23.2%; mientras que en la Cámara de Diputados aumentó de un 15.8% a 23.9%. La ley de cuotas se mantendrá durante las elecciones de los años 2021, 2015 y 2029.

64. Las Leyes N°20.900 y N° 20.915 (2016), que modificaron la LOC de Partidos Políticos y establecen un criterio de paridad de género en su composición, garantizando un mínimo de 40% de mujeres. La Ley N° 20.940 (2017) que Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales establece la obligación de incorporar en los estatutos de
organizaciones, mecanismos que permitan la integración de mujeres en sus directorios; y la Ley N° 20.881 (2016) incorporó el criterio de género en los órganos colegiados de cooperativas, asegurando la representatividad de socios/as24
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Derechos sexuales y reproductivos (133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143)

65. Se publicó la ley N° 21.030 (2017), que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación25. Dispone que la mujer tendrá derecho a un programa de acompañamiento, tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período siguiente a la toma de decisión. Se contempla la objeción de conciencia para el
personal de salud al que corresponda estar en el pabellón quirúrgico y la objeción institucional bajo ciertas condiciones.

66. El MINSAL actualizó las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad26; para fomentar la entrega de orientación a las/los usuarias/usuarios. Además, modificó la regulación sobre anticoncepción quirúrgica voluntaria para asegurar el consentimiento informado. La Política Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva (2018), fija las directrices para contribuir al desarrollo integral y saludable de la Salud Sexual y la Salud Reproductiva de las personas. Se modificó el Decreto N° 49 (2015) sobre el reglamento para el ejercicio del derecho a recibir educación, información y orientación en materia de  regulación de la fertilidad, eliminando el requisito de prescripción de profesional para la adquisición o entrega de anticonceptivos, incluida la de emergencia.

Igualdad y no discriminación (33, 34, 35, 47, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 129, 130,131)

67. En mayo de 2018, el actual gobierno presentó la “Agenda de Equidad de Género”, la cual contiene doce medidas concretas cuya finalidad es promover la equidad de género tanto en el sector público como en el privado. Estas incluyen: (1) Reforma constitucional para la igualdad entre hombres y mujeres27; (2) Proyecto de ley que asegura el fuero maternal a integrantes de las FF.AA. y de Orden; (3) Sala cuna universal28; (4) Mayor participación de la mujer en cargos directivos.

68. Están en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados: proyecto que establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio29; y proyecto quemodifica el CT, para la igualdad remuneracional entre hombres y mujeres30. Además, la DT ha emitido varios pronunciamientos administrativos en la materia31
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69. Adicionalmente, está en el Senado – segundo trámite constitucional – el proyecto de ley que modifica el CC respecto a la supresión del impedimento de segundas nupcias (boletín N° 11.126-07). Por su parte, el proyecto de ley que reforma la sociedad conyugal permitirá que la mujer administre los bienes de la sociedad conyugal y disponga de sus bienes propios, sin autorización del marido; se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado32
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70. En políticas públicas, destaca el Plan Nacional de Igualdad entre mujeres y hombres 2018-203033, cuyo propósito es abordar las principales brechas entre la igualdad de jure y de facto. Asimismo, se mantiene la “Iniciativa de Paridad de Género”34, cuyos objetivos son aumentar la participación femenina en el mundo del trabajo, visibilizar y reducir las brechas salariales por variables de género y aumentar la presencia de mujeres en cargos de alta dirección. Por su parte, la Agenda Mujer promueve una mayor participación de las mujeres en los cargos de alta responsabilidad, tanto en el sector público como privado; y la ampliación de cobertura del “Programa 4 a 7” que busca la inserción laboral de madres y/o mujeres responsables del cuidado de niños/as de 6 a 13 años. A través del SERNAMEG se ejecutan los programas “Mujeres Jefas de Hogar”35, y “Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género”36, para promover su autonomía económica.

71. En trabajo y previsión social, el SENCE administra la demanda de la ejecución del Programa Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) financiado por el MINDESO, para aumentar la tasa de participación femenina de los sectores vulnerables en el mercado laboral formal, posibilitándoles la equiparación de remuneración con los hombres mediante un incentivo económico37. Por su parte, desde 2009 se comenzó a pagar a las mujeres los bonos por hijo
para mejorar sus pensiones, habiéndose beneficiado al 2017 a más de 550 mil mujeres.

C. Niños, niñas y adolescentes

Institucionalidad  (36)

72. Respecto de la protección de la niñez y adolescencia, la institucionalidad existente era deficiente y el país se encontraba en deuda en esta materia. Es por esto que el Presidente Sebastián Piñera asumió esta materia con prioridad, tomando varias medidas, entre ellas, convocó una mesa de trabajo sobre temas de infancia donde participaron parlamentarios de distintas tendencias políticas, ministros y expertos de la sociedad civil. Dicha mesa presentó en mayo de 2018 el “Acuerdo Nacional por la Infancia”. El informe contiene una serie de  medidas destinadas a ofrecer adecuada protección a NNA en general; a aquellos en riesgo de vulneración de derechos; y a aquellos cuyos derechos ya hubiesen sido efectivamente vulnerados38
.
73. Este esfuerzo del Ejecutivo se concreta en medidas administrativas y de gestión que se están implementando y a su vez en una agenda legislativa completa, que contiene una ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez (segundo trámite constitucional); creación del Servicio de Reinserción Social Juvenil y del Servicio de Protección a la Niñez que reemplazan al actual SENAME; aumento de la subvención que el Estado entrega a las residencias de los organismos colaboradores; reforma al sistema de adopción y para declarar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de niños y niñas.

74. Finalmente, el Estado se encuentra adoptando las medidas recomendadas por el CRC en su informe de 2018.

Trabajo infantil (98, 105)

75. El proyecto de ley sobre Protección Integral de los Derechos de la Niñez consagra el derecho de los niños y niñas a la protección contra la violencia y se refiere a los abusos sexuales, y el derecho de los niños a la protección contra la explotación económica y el trabajo infantil.

76. Junto con ello, el Plan de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia (2018 a 2025), contiene compromisos para poner fin a cualquier forma de violencia en contra de NNA, abuso sexual, trabajo infantil en todas sus formas, explotación sexual comercial infantil y adolescente; entre otras. El Plan comprende una estrategia para erradicar la explotación sexual infantil y adolescente en línea con el Tercer Marco para la Acción en la materia (2017–2019).

77. Se implementó un Sistema de Registro Único de las Peores Formas de Trabajo Infantil nutrido por Carabineros, DT y SENAME; y se ejecutan 18 proyectos especializados para la atención de víctimas de explotación sexual comercial infantil y adolescente. Entre enero 2014 y agosto 2018 se atendieron 2.764 víctimas, principalmente mujeres.

78. MINTRAB creó el Observatorio de Trabajo Infantil (2014), instancia de recolección de datos relacionados a trabajo infantil39. Asimismo, se dictó la Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador (2015–2025).

79. Se modificó la Ley N° 20.281 sobre participación de NNA en espectáculos públicos y, en cumplimiento del Convenio N° 182 de la OIT, se actualizó el listado de trabajos peligrosos y prohibidos para los adolescentes40
.
Castigo corporal a NNA (34, 35, 106, 107, 108)

80. Se promulgó la Ley N° 21.013 (2017) que tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas en situación especial, prohibiendo expresamente el maltrato corporal de los niños, y agravándose la pena en caso de que quien cometa el maltrato tenga un deber especial de cuidado41
.
81. SENAME ha implementado 26442 proyectos de prevención focalizada (PPF) dirigidos a la atención preventiva del maltrato y abuso sexual grave, y 153 programas de protección especializada del maltrato y abuso constitutivos de delitos (PRM). La primera oferta atendió, entre enero 2014 y agosto 2018, a 103.10443 NNA; y la segunda a 49.057
NNA víctimas (intervenciones reparatorias). Igualmente, se fortalecieron los procedimientos para denunciar, oportunamente, eventuales vulneraciones de derechos en centros residenciales administrados por SENAME y por organismos colaboradores, según lo instruido en Ordinarios N° 2308 y N° 2309 del 2013.

82. Están en implementación medidas para la desinternación de niños y niñas de primera infancia, privilegiando su protección mediante cuidado familiar, como el Programa Familias de Acogida administradas por SENAME (desde el año 2016) y por organismos colaboradores en virtud de la Ley N° 20.032.

Acceso a la justicia (33, 34 35, 56, 118, 119, 120)

83. En relación al derecho a ser oído, PJUD ha implementado en 51 tribunales de familia (85%) el proyecto Sala Gesell, logrando un espacio adecuado para las entrevistas, evitando la revictimización de NNA. La CS en agosto de 2018 creó el grupo de trabajo para una Política para la Efectivización de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes44
.
84. En cuanto a especialización de la justicia juvenil, SENAME ejecutó el año 2017 acciones de coordinación45 y capacitación, dirigidas a los distintos actores del Sistema de Justicia Juvenil (incluidos funcionarios del Servicio y profesionales de organismos colaboradores del SENAME). Igualmente, se capacitaron a 259 funcionarios de Centros
Privativos de Libertad y 298 profesionales de Organismos Colaboradores de SENAME en materias tales como procedimientos ante hechos eventualmente constitutivos de delito en contra de NNA, y relativos al manejo de los conflictos críticos al interior de los Centros Privativos de Libertad. Estas mismas acciones se han continuado durante el año 2018, agregándose la difusión a instituciones públicas y privadas.
85. El 2018 SENAME elaboró el “Lineamiento Enfoque de Derechos para adolescentes y jóvenes que se encuentran en centros cerrados”46, para especializar a los funcionarios que se desempeñan en los centros, en el reconocimiento de los derechos y garantías de los adolescentes. Esto fue abordado en talleres con 4 regiones del país.

86. GENCHI cuenta con la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente (URPA) la que ha desarrollado jornadas de formación dirigida a los funcionarios/as que trabajan en los Destacamentos de GENCHI y en las secciones juveniles. Desde 2014 a 2017 se han realizado 27 capacitaciones en distintas regiones y han contado con 881 participantes. Por
su parte, 40 funcionarios se han formado en alguna de las jornadas descritas, durante el año 2018.

87. El MP actualizó en el año 2018 la Instrucción General47 que imparte criterios de 88. Desde la entrada en vigencia de la LRPA (2007), la Academia Judicial ha capacitado a más de 576 jueces y funcionarios en responsabilidad penal adolescente.

89. La Ley N° 20.802 (2015) modificó la Ley que crea la DPP, con el objeto de crear cargos para la defensa penal especializada de adolescentes, institucionalizando la defensa penal juvenil48
.
D. Migrantes

Legislación (178, 179, 180, 182)

90. Se está tramitando en la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional el proyecto de ley de migración y extranjería (boletín 8.970-06). Su objetivo es avanzar hacia una migración segura, ordenada y regular, dando un trato humano a los migrantes, con igualdad de derechos y obligaciones; promoviendo la integración. El proyecto establece un Consejo de Política Migratoria, y crea el Servicio Nacional de Migraciones.

Derechos económicos, sociales y culturales (39, 156, 180, 145, 181)

91. En materia laboral, desde 2016, ChileValora y SENCE pusieron en marcha la implementación de la Política Institucional de Atención a Migrantes49. La participación de migrantes en programas de becas laborales alcanzó en 2017 un total de 1.271 beneficiarios/as en cursos de SENCE. Por su parte, la DT lanzó el Plan de Acción de
Trabajo Migrante 2017-2018, y aplicó durante el primer semestre del 2018 un total de 1.352 sanciones a empleadores, por infracciones contra trabajadores migrantes50
.
92. En educación se constata un aumento de la población escolar migrante. Si el 2015 estaban matriculados 30.625 estudiantes; el 2016 subió a 61.086; el 2017 a 77.608; y el 2018 a 113.585 estudiantes, es decir, un 3.2% de la matrícula total. En mayo de 2018 MINEDUC presentó la Política Nacional de Estudiantes Extranjeros 2018-2022.
93. En 2017 se eliminó el denominado “RUT 100”, siendo reemplazado por el Identificador Provisorio Escolar (IPE)51. Gracias a esta medida, se mantiene el mismo número a lo largo de toda la trayectoria educacional, o hasta que se regularice la situación migratoria y se le asigne un RUN, con lo que se pueden obtener certificados y acceder a
beneficios de la JUNAEB.

94. En salud, producto de la creación el 2014 de la Mesa Asesora Sectorial de Salud y Migraciones se publicó la Política de Salud de Migrantes Internacionales (2017), la que estará acompañada de un Plan de Acción.

95. Entre el 2015-2016 se implementaron pilotos de salud para migrantes en algunas regiones del país, enriqueciendo el Programa de Acceso a la Atención a Personas Migrantes, creado el 2014 para disminuir barreras de acceso a la salud para personas migrantes. El programa se encuentra implementado en 13 servicios de salud y 23 comunas.
96. Se publicó el DS Nº 67 (2016), que fija las condiciones y mecanismos para acreditar a las personas carentes de recursos como beneficiario del seguro público de salud, FONASA, con acceso a todo el régimen de prestaciones de manera gratuita, incorporando a los migrantes en situación irregular, sin visa o sin documentos, en iguales condiciones que los nacionales.

Acceso a la justicia (178)

97. Los tribunales superiores de justicia, han asumido un rol en la protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes ante una decisión de expulsión, considerando en particular, la protección de la familia52, el principio de legalidad y la obligación de fundamentar las decisiones53. Lo mismo respecto de las condiciones de
detención de las personas migrantes

54. La DPP cuenta con una unidad de defensa especializada en la materia, proveyendo asistencia jurídica en el proceso penal.

98. Respecto de hijos de extranjeros transeúntes, la CS ha sido consistente en acoger los reclamos de nacionalidad de aquellos hijos/as de extranjeros que han nacido en territorio nacional y que en el momento de su nacimiento sus padres se encontraban en situación migratoria irregular. A partir de estos fallos, se adoptó como criterio permanente que los hijos de migrantes en situación irregular nacidos en el territorio son chilenos.

Trata y tráfico de personas (99, 100, 101, 102, 103, 104)

99. A partir de la Ley 20.507 -que tipificó este delito el 2011-, a diciembre de 2017 se ha formalizado en 33 causas, con un total de 214 víctimas. De estas, se identificó 121 víctimas hombres (57%) -todos por trata laboral- y 93 mujeres víctimas de trata, en su mayoría con fines de explotación sexual (43%). De este total, se han identificado 16
víctimas NNA y se han otorgado 123 permisos de residencia temporal para víctimas.

100. La política pública es coordinada por la “Mesa intersectorial sobre Trata de Personas (MITP)” del MISP, creada el año 2008 y que implementa el “Plan de acción nacional contra la Trata de Personas 2015-2018”. En dicho marco se ha elaborado la “Guía de buenas prácticas en la investigación criminal del delito de trata de personas” (2015), “Guía de detección y derivación de víctimas de trata de personas” (2016) y la “Guía de actuación para fiscalizaciones intersectoriales en materia de Trata de Personas” (2017).

101. El MP generó un sistema de Fiscales Especializados para la investigación de este delito, junto con establecer criterios para su investigación55; generando protocolos de actuación. En protección de víctimas y testigos, realiza una pronta evaluación de riesgo adoptando las medidas necesarias. Asimismo, les entrega Orientación; Protección y Apoyo de manera diferenciada y especializada.

102. El 2013 se firmó el “Convenio intersectorial para aprobar el plan de acción nacional contra la trata de personas” con acciones del Estado, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Este convenio incorporó el “Protocolo Intersectorial sobre atención a víctimas de trata de personas. 103. Respecto de mujeres víctimas, SERNAMEG continúa implementando la “Casa de Acogida para mujeres vulneradas por la Trata de Personas y Migrantes en situación de explotación”

56. Desde 2012 han ingresado más de 45 mujeres. En cuanto a NNA, se diseñaron y difundieron procedimientos para la detección oportuna de indicadores de trata de NNA (2015), con alrededor de 300 centros residenciales y proyectos ambulatorios especializados de la oferta de atención proteccional vigente de la red SENAME. Asimismo, los 18 proyectos de protección especializada en explotación sexual comercial infantil y adolescente, emplazados en virtud de la Ley N° 20.032, registran atenciones a 40 niños, niñas y adolescentes, principalmente en situación sugerente de trata interna, entre enero 2014 y agosto 2018.

Apatridia (123)
104. Junto con la adhesión a las convenciones de apatridia, se implementó el Programa“Chile Reconoce” para disminuir el riesgo de apatridia de hijos de extranjeros, nacidos en Chile, que fueron erróneamente inscritos como hijos de extranjeros transeúntes (HET). La CPR establece que todos los nacidos en Chile son chilenos (art. 10), salvo los hijos de extranjeros transeúntes. Tanto la CS como el DEM, han señalado que son extranjeros transeúntes aquellas personas sin ánimo de permanecer en Chile (turistas o tripulantes); cambiando el criterio anterior por el cual se entendía a las personas en situación migratoria irregular. Cabe destacar que el SRCEI tiene un índice de inscripción de los nacimientos superior al 99% de los ocurridos en el territorio (0.47% de omisión de las inscripciones).

E. Personas con discapacidad

Institucionalidad (72, 157)

105. Diversas leyes han sido aprobadas: Ley N° 21.015 que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral (toda empresa u organismo del Estado con 100 o más trabajadores, debe tener al menos un 1% de dotación de personas con discapacidad); Ley N° 20.844 que establece derechos y deberes de asistentes y organizadores de espectáculos de fútbol profesional (establece obligatoriedad de accesos preferenciales para
personas con discapacidad); Ley N° 20.940 (2016) que moderniza el sistema de relaciones laborales, que incluye la variable discapacidad en las categorías de discriminación; Ley N° 21.021 (2017) que tiene por objeto proporcionar reparación y asistencia en rehabilitación e inclusión social a las víctimas de accidentes ocasionados por minas o artefactos explosivos de cargo de las Fuerzas Armadas; Ley N° 21.089 (2018) establece la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados para niños/as con discapacidad; Ley N° 20.978 (2016) reconoce el deporte adaptado para las personas en situación de discapacidad; y Ley N° 20.957 (2016) modificó el COT, eliminando la prohibición que existía para “los sordos”, “los mudos” y “los ciegos” para ser  juez o
notario.
106. Se realizó el II Estudio Nacional de la Discapacidad (2015). Para su confección se realizaron 17 diálogos ciudadanos en 15 regiones del país. El 2014 se abrió la postulación al Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos con el objetivo de financiar iniciativas que contribuyan a la inclusión de personas con discapacidad en diversas áreas.
Acceso a la justicia (157, 158, 159)

107. PJUD ha adoptado medidas para garantizar el acceso a la justicia. Respecto a personas sordas se ha dispuesto de la implementación nacional (en marcha blanca) de un servicio de traducción en línea que permite contactar, a través de un monitor y en tiempo real, a un intérprete en lengua de señas. Respecto a personas ciegas, PJUD cuenta con las licencias para las herramientas tecnológicas Non Visual Desktop Access (NVDA) y el software “Jaws”.

108. En la misma línea, se han venido realizando iniciativas asociadas a capacitación y sensibilización de funcionarios. El Departamento de Infraestructura y Mantenimiento de la CAPJ, ha implementado una política para nuevos diseños de establecimientos institucionales, los que deben reunir tres atributos: transparencia, información y
accesibilidad.

109. La CAJ tiene el Programa de Acceso a la Justicia para personas con discapacidad el que ofrece asistencia gratuita en todas las regiones del país.

Educación y Salud (145)

110. En cuanto a educación, la Ley N° 20.845 (2015), garantiza la gratuidad en la educación primaria y secundaria y asegura el acceso equitativo a la educación, permitiendo que estudiantes con discapacidad puedan acceder a cualquier establecimiento educativo regular. La Ley N° 21.091 (2018), Ley de Educación Superior releva los principios establecidos en la CRPD y mandata a las universidades a incorporar un sistema de acceso para personas con discapacidad. El Decreto 83/2015 mandata a incorporar paulatinamente la educación regular en escuelas especiales, junto con la utilización del diseño universal y las adecuaciones curriculares.

111. El Programa de Apoyos Adicionales a Instituciones Educativas para la Inclusión de Estudiantes en Situación de Discapacidad tiene por fin de que los/as estudiantes puedan participar de su proceso de enseñanza y aprendizaje, incrementando así el nivel de inclusión educativa al interior de los establecimientos que han ejecutado proyectos con SENADIS. Para el 2018, el concurso presentó una inversión total de US$560.394, distribuida en 64 iniciativas financiadas a nivel nacional57
.
112. El Programa de Apoyo para Estudiantes en Situación de Discapacidad en Instituciones de Educación Superior presentado el 2017, proporciona a estudiantes con discapacidad ayudas técnicas y servicios de apoyo para su autonomía e independencia.

113. En salud, desde 2014 se implementa el Programa de Apoyo a la Implementación de Centros Comunitarios de Rehabilitación, en coordinación con MINSAL.

114. El 2018 se inició un proceso de capacitación a equipos de rehabilitación de atención primaria de salud en materias de derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad.

F. Diversidad sexual

Legislación y políticas públicas (52, 54, 55, 67, 70, 71, 72, 73, 113)

115. Ley 20.830 (2015), crea el Acuerdo de Unión Civil, permitiendo las uniones civiles entre contrayentes del mismo sexo. En octubre de 2018, bajo el actual Gobierno, se aprobó el proyecto de ley “que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género” (boletín N° 8924-07), estableciendo una regulación para que las personas mayores de 14 años accedan al cambio de la inscripción relativa al sexo y nombre de una persona en el SRCEI, cuando ésta no se corresponde o no es congruente con la identidad de género del solicitante. El MINJUDDHH conformó una Comisión de expertos encargada de redactar un nuevo CP, la cual en su trabajo pre legislativo no ha contemplado sanción a conductas que ofendan el pudor o buenas costumbres, en coherencia con las demandas de la comunidad
LGBTI.

116. El 2017 MINEDUC y SUPEREDUC publicaron la “Circular de derechos de niñas, niños y jóvenes trans en el ámbito de la educación” que define los principios orientadores para la comunidad educativa, sostenedores y directivos y las “Orientaciones para la Inclusión de personas LGBTI” que entregan sugerencias para el resguardo de los derechos de escolares trans, además de ejes y objetivos de aprendizaje para abordar este tema.

117. El MP junto a organizaciones de la diversidad sexual58, constituyeron el “Observatorio de Violencia contra las Personas LGBTI+”.

G. Adultos mayores

118. El Estado está llevando adelante el plan de acción “Adulto Mayor, Adulto Mejor”, el cual tiene 4 ejes programáticos: Saludable, Seguridad, Participativo e Institucional. El 2018 se lanzó el “Consejo Ciudadano de Personas Mayores”; el que se reunirá de forma bianual y será presidido por la Primera Dama y coordinado por SENAMA. Asimismo, el Estado se encuentra implementado la sentencia de la Corte IDH recaída sobre el caso
Vinicio Poblete (2018).

H. Personas privadas de libertad
Sistema penitenciario (83, 84, 85)

119. El Sistema Penitenciario chileno mantiene una población de 112.248 personas privadas de libertad59 entre Subsistema Cerrado60 (50.944) y Subsistema Abierto (61306)61 A nivel nacional, las unidades penales tienen un 100,4% de uso según su capacidad de diseño (0,4% de sobrepoblación), porcentaje que varía si se analiza separadamente por sexo, existiendo hacinamiento en establecimientos para hombres (106,4% de sobreuso)62 .
Por su parte, el uso de las penas sustitutivas introducidas por la Ley N° 20.603 (2012)63, ha ido en aumento desde el 201464
.
120. GENCHI ha propuesto 12 lineamientos para guiar el trabajo institucional en los próximos años, poniendo énfasis en el mejoramiento del sistema penitenciario respecto a: habitabilidad, reinserción, modernización del REP (incorporando la perspectiva de derechos humanos con base en recomendaciones internacionales en la materia), mejora de procesos formativos, modificación del sistema de clasificación, dignificar la visita íntima, entre otros. Cabe mencionar el Plan de Vida Digna, destinado a mejorar las condiciones carcelarias, incluyendo la adquisición de nuevos colchones, frazadas y literas, mejoras en la alimentación y condiciones sanitarias, entre otros.

121. Se está formulando un Plan Nacional de Inversiones, para avanzar obras de  mejoramiento de Unidades del Sistema Cerrado, que a la fecha involucra 420 iniciativas (valor estimado US$253.431). Por su parte, el Plan Nacional de Infraestructura contempla 6 programas, que surgen de la priorización de los establecimientos penitenciarios y del catastro nacional en materia de infraestructura65
.
122. En paralelo, se ha elaborado una nueva ficha de clasificación de las personas privadas de libertad que permite contar con una herramienta dinámica de evaluación.

Uso de la fuerza en establecimientos penitenciarios (78)
123. GENCHI ha regulado el uso de la fuerza mediante tres protocolos aprobados el 201466 . Respecto de los casos de violaciones de DDHH y maltrato en lugares de detención durante el periodo 2015-2018, se han efectuado un total de 256 denuncias, siendo 10 de éstas de mujeres y 246 de hombres. La Unidad de Protección y Promoción de Derechos Humanos sistematiza a nivel nacional de las denuncias sobre vulneración de derechos67
.
Acceso a la justicia (85)
124. Las 16 regiones de Chile cuentan con defensa penitenciaria, con 55 defensores y 43 asistentes sociales. Existe un plan piloto68 de defensores/as que asesoran a personas condenadas en medio libre para evitar que el beneficio sea revocado e ingresen a cumplir pena privativa de libertad. El MP ha designado encargados de DDHH para asesorar a
fiscales en delitos cometidos contra PPL.69

Educación (33)
125. La oferta educativa en recintos penitenciarios, se imparte de acuerdo a la enseñanza básica y media de adultos70. El acceso es voluntario y se rige por objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para la educación de adultos71. La oferta se imparte en escuelas presentes en 76 establecimientos del subsistema cerrado y asiste, anualmente, cerca del 54% de la población que cumple condenas de privación de libertad. Para el acceso
a educación superior se facilita la rendición de la PSU a las personas privadas de libertad que lo deseen.
Mujeres privadas de libertad (33)

126. El programa “Creciendo Juntos”72 otorga atención a mujeres embarazadas y a aquellas que permanecen con sus hijos/as lactantes hasta los 2 años en reclusión. Ha atendido a 1.507 mujeres entre 2015 y 2018. Entre los años 2014 y 2017 la cobertura del programa aumentó en 39%.

127. En cuanto al acceso a la educación, los CPF cuentan con establecimientos educacionales y oferta educacional propia73; y en relación al acceso a la salud, las mujeres privadas de libertad acceden a diversas prestaciones74
.
I. Derechos económicos, sociales y culturales
128. En octubre de 2018, el Presidente Sebastián Piñera presentó el programa “Compromiso País”, que busca avanzar, en conjunto con la sociedad civil, en soluciones a 16 grupos de máxima vulnerabilidad (personas que viven en campamentos, en situación de calle, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros). Se conformarán mesas de trabajo que diseñarán propuestas de políticas públicas que buscan beneficiar a personas en situación de pobreza multidimensional.

129. Respecto a la disminución de la pobreza (40), la encuesta Casen del año 2017, indica una disminución sostenida de esta, de 14,4% de la población el 2013 a 8,6% el 2017. Las acciones y medidas para luchar contra la pobreza son abordadas a través del Subsistema Seguridades y Oportunidades y el Ingreso Ético Familiar, el cual tiene programas específicos para adultos mayores, NNA y personas en situación de calle.

130. En el período 2014 – 2017, el Estado invirtió más de 1.547 millones de dólares en el combate a la pobreza extrema y el Subsistema Seguridades y Oportunidades atendió a 181.099 familias en condición de pobreza extrema y a 65.354 personas de grupos vulnerables.

131. En educación (38, 57, 58, 65, 67, 73, 132, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,152, 153) el Estado ha dado pasos importantes. En materia legislativa, se aprobó la Ley de Inclusión Escolar 20.845 (2015) que entrega las condiciones para que los NNA y adultos que asisten a colegios que reciben subvención del Estado puedan recibir una educación de calidad75. A ello se suma la ley N° 21.040 (2017) que crea un nuevo Sistema de Educación Pública, transfiriendo gradualmente los establecimientos educacionales desde los municipios a 70 nuevos Servicios Locales de Educación, creando un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública para mejorar la calidad.

132. Frente a actos de discriminación, la SUPEREDUC ejerce su rol de garante del derecho a la educación y recibe denuncias de discriminación en el ámbito educacional. El 2017 se registraron 758 denuncias por “Discriminación”, aumentando un 18% con respecto al 2016. Durante 2018, se ha mantenido un índice al alza. En respuesta fue creado el buscador “Buena Escuela”76, que permite acceder fácilmente a las obligaciones normativas que los establecimientos educacionales deben atender. Por su parte, MINEDUC promueve la incorporación de acciones de apoyo a la inclusión en instrumentos de gestión, como el Plan de Mejoramiento Educativo (PME) de cada establecimiento, además de poner a disposición orientaciones para la construcción de comunidades educativas inclusivas, como las “Orientaciones Técnicas para la Inclusión Educativa de Estudiantes Extranjeros”
(2017)77
.
133. MINEDUC presentó el Plan de Aseguramiento de la Calidad Escolar 2016-2019, para desarrollar una visión compartida sobre la calidad de la educación y generar una coordinación territorial y nacional de las instituciones que conforman el SAC. Desde 2018, se implementa el Programa Nacional “Calidad de la Educación”, enfocado en mejorar la calidad y el acceso a la educación en todos sus niveles, concentrándose en la sala de clases.

134. Desde 2018 se ha implementado el Plan Nacional de Lenguajes Digitales, que busca enseñar pensamiento computacional y programación en las salas de clases y el Plan Nacional Todos al Aula, para desburocratizar la carga administrativa en los colegios.

135. En el marco de la “Agenda Mujer”, destaca la elaboración de un plan de asistencia técnica y acompañamiento a Universidades, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y Establecimientos de Educación Escolar, para la inclusión en sus reglamentos de los estándares en materia de convivencia, protocolos de prevención de abusos, acosos, discriminaciones y malos tratos, y fije procedimientos eficaces de denuncia.

136. De los 3.454 establecimientos rurales existentes, alrededor de 2.000 son multigrado (salas donde estudian NNA de distintos niveles escolares). El 2018 el objetivo ha sido desarrollar propuestas metodológicas que permitan generar aprendizajes de calidad que posibiliten la continuidad de estudios en establecimientos regulares.

137. El sistema educativo dispone de escuelas especiales, Programas de Integración Escolar (PIE) en establecimientos de educación regular, y escuelas-aulas hospitalarias. Actualmente, se encuentran en funcionamiento 2.235 establecimientos de Educación Especial, atendiendo a 182.097 estudiantes matriculados78; 5.652 establecimientos regulares con PIE y 46 escuelas hospitalarias. Por tanto, y como estimación general, existen más de 7.000 establecimientos educacionales impartiendo apoyos especializados a más de 500.000 estudiantes con necesidades educativas especiales de carácter transitorio y permanente, asociadas – o no – a discapacidad.

138. En salud, tal como fue reportado en el informe de medio tiempo, se lanzó el Plan Nacional de Inversión en Salud 2014-2018; elaborándose un nuevo plan para el periodo 2018-202279, cuyo objeto es fortalecer la Red de Salud a través de la construcción, reposición, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura sanitaria.

139. Otras iniciativas a destacar, son la Ley 20.850, que crea un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo80, que posee cobertura universal; la Ley 21.063, que crea el Seguro obligatorio para los padres y madres trabajadores de niños y niñas afectados por una condición grave de salud81; la ley de etiquetado de alimentos82, entre otras.

140. Finalmente, el actual gobierno presentó un proyecto de ley que permite a los padres sepultar, bajo nombre propio y en condiciones de dignidad, a sus hijos que fallecen antes de nacer83
.
141. Respecto de trabajo (58, 65, 128) el 2018 se lanzó la Estrategia Nacional de Empleo, tendiendo entre sus ejes “Un Chile inclusivo, que acoge a todos” para incorporar a más personas al mercado laboral. Respecto a trabajadoras de casa particular, la Ley N° 20.786 (2014) modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los
trabajadores de casa particular, y prohíbe la exigencia de uniforme en lugares públicos84
.
142. En cuanto a vivienda (58, 65), MINVU ha incorporado un enfoque de derechos humanos en el ámbito de vivienda, barrio y ciudad, mejorando el acceso a grupos más vulnerables. Ejemplo de ello es la ejecución en curso de 9 Establecimientos de Larga Estadía para el Adulto Mayor ( ELEAM); y la inclusión de consideraciones específicas para pueblos indígenas en los Programas de Habitabilidad Rural, Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, Sistema Integrado de Subsidio Habitacional y Programa de Protección al Patrimonio Familiar.
143. Se está desarrollando el Convenio entre el MINVU, MINDESO y CONADI, para avanzar en soluciones habitacionales a los pueblos indígenas que habitan en sectores urbanos y rurales. Además, se eliminaron barreras de acceso a subsidios habitacionales que afectaban a extranjeros (por ejemplo, se elimina exigencia de certificar permanencia definitiva de 5 años en el país, solicitándose acreditar sólo permanencia definitiva). Se adecuó el Programa Subsidio de Arriendo, eliminándose el límite de edad, permitiendo apoyar el acceso a vivienda adecuada a migrantes, adultos mayores y otros grupos de la población. Entre 2014 y junio de 2018 se ha beneficiado a un total de 8.197 migrantes con subsidios habitacionales para vivienda definitiva, vivienda en arriendo y mejoramiento de
la vivienda.

144. Sobre medio ambiente (177, 184), en Chile existe el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), administrado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). En dicho sistema se evalúan y califican ambientalmente los proyectos de inversión y actividades susceptibles de causar impacto ambiental. En el estudio de impacto ambiental, si un proyecto implica impactos significativos sobre el medio ambiente, el estudio
contemplará un plan de mitigación, reparación y compensación en relación a los efectos ambientales adversos del proyecto.

145. En justicia ambiental, la CS ha establecido criterios jurisprudenciales para la
preservación, conservación y protección del medio ambiente, en materias como el concepto
de daño ambiental85, nivel de diligencia exigible para evitar dicho daño86, establecimiento
de medidas de mitigación87 y cómo establecer el impacto88

J. Ley que establece medidas contra la discriminación (51, 52, 53, 54)

146. En relación a la aplicación de la Ley N°20.609 que establece medidas contra la discriminación entre 2012 y 2016, han ingresado 234 causas a tribunales de primera Instancia, 87 recursos ante las cortes de apelaciones y 10 en la CS; con una tasa de término del 64%. La Ley ha sido invocada generalmente para: Discriminación por Enfermedad o discapacidad, ideología u opinión política y orientación sexual89. Respecto de la aplicación de multas, en el 9% del total de causas terminadas se determinó el pago de multas.

147. SEGEGOB está implementando la Segunda Consulta Ciudadana de No Discriminación a nivel nacional. Esta servirá de insumo para la presentación de modificaciones a la Ley 20.609.

K. Violaciones sistemáticas, masivas e institucionalizadas (1973-1990) (114, 115, 116, 117)

148. PJUD ha adoptado distintas acciones para asegurar el derecho a la justicia de las víctimas como la conformación de un equipo de apoyo del Ministro Coordinador de Causas sobre violaciones a Derechos Humanos90, dedicada al registro y sistematización de estos casos y la reasignación de estas causas a Ministros de distintas Cortes de Apelaciones del país, quienes en su mayoría investigan estas causas con dedicación exclusiva.

149. Respecto a las causas sobre violaciones a Derechos Humanos ocurridos en la dictadura, al 31 de diciembre de 2017 se encontraban en tramitación 1.351 procesos a cargo de 13 ministros en visita. En 2017 se dictaron 195 sentencias en primera instancia. La CS dictó 41 sentencias en estos procesos en materia criminal y civil.
150. Respecto al Decreto Ley N° 2.191, éste no ha sido aplicado en los últimos diez años porque la jurisprudencia uniforme y permanente de los tribunales es que los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura no prescriben.91 Asimismo, la CS a partir del año 2011 ha sostenido la imprescriptibilidad de las acciones civiles que derivan de dichos crímenes.
151. En relación al carácter de la reserva establecida por la Ley 19.992, el Estado, siguiendo el criterio planteado por la Corte IDH en Maldonado Vargas y Otros (2015), afirma la proporcionalidad de la medida.92

L. Violencia policial (77, 78, 80, 81, 82)

152. Entre enero de 2014 a junio de 2018, el MP ha imputado por uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios policiales por dos tipos penales: hasta la entrada en vigencia de la ley 20.968 por tormentos y apremios cometidos por empleados públicos; y con posterioridad a la entrada en vigencia de ésta por el delito de tortura93. Desde 2015 a
mayo 2018 ingresaron al PJUD un total de 1.309 causas asociadas a denuncias por los delitos de tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y de otros agravios inferidos por funcionarios públicos y de abusos en contra de particulares94
.
153. Para investigar estos hechos, la PDI instruye la respectiva investigación administrativa para determinar responsabilidades y sanciones, sin perjuicio de la investigación penal. La PDI está trabajando en la creación de un mecanismo de registro de casos de tortura cometidos por sus funcionarios, así como un registro nacional de casos
vinculados a vulneración de derechos por parte de sus funcionarios.

154. Además, a petición del MP95, la PDI investiga denuncias de violaciones a DDHH en los procedimientos policiales, incluidas aquellas presuntamente cometidas en el contexto de manifestaciones sociales y estudiantiles96. A estos se suma la investigación de casos donde las presuntas víctimas son miembros de comunidades indígenas.97
155. Carabineros ha implementado tres mecanismos que permiten tomar conocimiento de eventuales infracciones a los deberes de servicio98 . En todos ellos si la inconducta  funcionaria es constitutiva de una infracción penal existe la obligación legal de denunciarla al órgano persecutor penal99
.
M. Capacitación y formación en DDHH (48, 49, 76, 77)

156. Carabineros implementó en 2013 un nuevo programa de enseñanza de la asignatura de “Derechos Humanos” en los procesos de formación, perfeccionamiento y capacitación100, y en el año 2017 estableció un Plan de Entrenamiento Nacional de actualización de competencias profesionales en DDHH y técnicas de intervención
policial101. Igualmente, en 2016 comenzó a implementar un programa de capacitación en DDHH en comisarías102. A ello, se suman 3 instrumentos para garantizar la integración directa de los derechos humanos a la actividad policial103
.
157. Desde el año 2013 a la fecha, 168 funcionarios/as han cursado el Diplomado en DDHH que promueve GENCHI entre sus funcionarios, ya sean civiles o uniformados; y su Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos ha desarrollado diversas capacitaciones en la temática104
.
158. La Escuela de Investigaciones Policiales ha reformulado los componentes curriculares incluyendo temáticas priorizadas en el Primer PNDH. Desde el 2013 existe un Diplomado Internacional sobre DDHH y se implementó el Programa “Ethos” cuya finalidad es capacitar a todo el personal institucional en ética y derechos humanos con
cobertura nacional.
159. En cuanto a PJUD, su formación es a través de la Academia Judicial, la que tiene programas de formación, de perfeccionamiento y de habilitación, impartiendo desde 2009 distintos cursos de formación en DDHH.
160. La SDH ha participado desde su instalación en diversas actividades de formación en DDHH a funcionarios/as policiales; y está diseñando un curso virtual sobre prevención de la tortura105, dirigido especialmente a funcionarios/as públicos que deben hacer cumplir la ley y empleen la fuerza en el ejercicio de sus labores.

VI. Iniciativas y compromisos nacionales esenciales

161. El Estado de Chile reitera su absoluto compromiso con el DIDH y rinde el presente informe acorde a la buena fe internacional y con el espíritu de profundizar los esfuerzos en pos de un ejercicio pleno, sin discriminación, de los derechos humanos.

162. Es por ello que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera se encuentra realizando esfuerzos para promover una agenda de derechos humanos con alto impacto social, apoyando a grupos históricamente violentados en sus derechos. Ello a través de medidas como: (a) el Acuerdo Nacional por la Infancia (NNA); (b) el Plan Araucanía (pueblo mapuche); (c) el Plan “Adulto Mejor” (adultos mayores); y la “Agenda Mujer” (mujeres). Por otro lado, a través del Plan “Compromiso País” se trabajará junto a 16 grupos sociales de extrema vulnerabilidad106. Todo ello en el contexto del Plan Nacional de Derechos Humanos.

163. Finalmente, el Estado recalca su compromiso con la democracia, el estado de derecho y el crecimiento económico, condiciones necesarias para el surgimiento de una adecuada cultura de promoción y protección de los derechos humanos. (A/HRC/WG.6/32/CHL/1)

Anexo 

Se adjunta un “Anexo” que complementa el informe:

1. Siglas
2. Acta Encuentro Sociedad Civil
3. Acuerdo Nacional por el desarrollo y la paz en la Araucanía
4. Protocolo Intersectorial de Atención a Víctimas de Trata de Personas
5. Anexo GENCHI Lineamientos
6. Anexo GENCHI Población penal
7. Estadísticas PJUD Ley 20609
A/HRC/WG.6/32/CHL/1
21
Notas
1 Ver en anexo el glosario de siglas.
2 Se adjuntan las actas de dicha jornada como anexo.
3 En las instancias de diálogo de esta iniciativa han participado más de 300 actores (autoridades
gubernamentales, empresarios, autoridades tradicionales, dirigentes indígenas, víctimas de violencia,
y representantes de las iglesias).
4 Fueron más de 300 encuentros en todo el país y 10.000 participantes en la etapa de deliberación
interna, más un encuentro nacional con los delegados de los pueblos indígenas. La consulta estuvo
precedida por un Proceso Participativo Constituyente para Pueblos Indígenas, ejecutado el 2016 y
donde participaron 17.016 personas.
5 Participaron los 9 pueblos indígenas reconocidos por Ley, con 9.018 representantes de pueblos
indígenas y 1.308 organizaciones. El proceso concluyó con un acuerdo sobre la versión final del
Reglamento.
6 Ver
http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/migration_files/instructivos/of._ord._ndeg_161116.pdf
7 Fuente: MINEDUC.
8 En 2017, el 15,5% de la población indígena indicó haber percibido un trato discriminatorio, frente al
19,3% del año 2015. En cuanto a la población no indígena, en 2017 el 13,5% se sintió discriminado,
mejorando el porcentaje de 2015 que se ubicó en 14,6%.
9 En 2014 se realizaron un total de 15.025 atenciones a personas indígenas y comunidades, de los
cuales 52,9% son mujeres indígenas. En el 2017, de las 17.291 atenciones, el 56% se realizaron a
mujeres. En el año 2018 se constatan 7.987 atenciones (enero a agosto).
10 Salvo la Región de Valparaíso.
11 El programa incluye apoyo técnico y sociocultural, que incluye el financiamiento de actividades de
consultoría y asistencia técnica a organizaciones indígenas, propiciando especialmente la
participación de mujeres en tres ámbitos: (i) diálogo inicial y apertura sociocultural; (ii) elaboración y
análisis de propuestas de valor; (iii) elaboración y análisis de anteproyectos de inversión. El apoyo
técnico para la formulación de proyectos de alto impacto, contó con una inversión estimada de 1.575
millones de dólares a diciembre de 2017.
12 El objetivo es desarrollar una validación de experiencias de negocio productivos reales, inclusivas y
replicables, donde las comunidades indígenas sean parte de las decisiones y propiedad de dichas
experiencias, bajo un esquema sostenible de largo plazo. En 2016, y con la finalidad de disminuir la
brecha de desarrollo que existe entre indígenas y no indígenas se firmó un contrato de préstamo con el
BID.
13 Algunos ejemplos son “Código de Ética de Turismo Comunitario”, “Fortalecimiento Integral de la
Oferta Turística / Componente: Inversión y Competitividad”, “Fortalecimiento de la oferta de
productos de Turismo Indígena”, “Elaboración de manual y levantamiento de iniciativas para el
desarrollo de Turismo Indígena”, entre otros.
14 De ellas, 4 de competencia del Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad de Temuco y 2 de Tribunales de
Santiago. De las sentencias del Tribunal de Temuco, en todos los procesos los acusados tenían
ascendencia mapuche. De las acusaciones formuladas ante este tribunal, 23 terminaron en absolución,
3 resultaron con condena por delito terrorista y 2 con condena no terrorista.
15 6° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Causa RUC N°1400674179-8, RIT N°64-2017. Sentencia
de 15 de marzo de 2018.
16 Corte Suprema, causas acumuladas ROL 40.863-17, 40.860-17, 40.862-17 y 40.864-17 de fecha 19
de octubre de 2017.
17 Oficio N° 3795 enviado el 28 de junio de 2018 del Director de la Corporación Administrativa del
Poder Judicial. Según consta en el referido oficio “…en el sistema de apoyo a la gestión judicial
(SIAGJ), el sexo de los participantes no es un campo de registro obligatorio, por lo tanto, no se puede
precisar si la víctima de la causa, corresponde a una mujer.”
18 La Ley aumenta la pena para proteger a las mujeres (también a NNA, personas con discapacidad y
personas mayores), tipifica como nuevo delito el maltrato corporal único relevante. Elimina la
precalificación del maltrato habitual establecido en la Ley N° 20.066 de violencia intrafamiliar, por
parte de los tribunales en materia de familia, dando cumplimiento recomendaciones previas
(CEDAW).
19 Boletín N° 11077-07. El proyecto contiene una definición de violencia contra las mujeres que adopta
los estándares internacionales en la materia, reconoce los ámbitos en que puede ocurrir dicha
violencia (tanto el ámbito público como el privado) y enuncia las formas que ésta puede adoptar,
comprendiendo la violencia física, psicológica, simbólica, económica, sexual e institucional.
20 Las conductas sancionadas en el proyecto se refieren a: (1) Maltrato no constitutivo de delito; (2)
Delito de maltrato habitual; (3) Femicidio; (4) Violencia entre adolescentes.
A/HRC/WG.6/32/CHL/1
22
21 Su objetivo es promover el derecho a una vida libre de violencias contra las mujeres en Chile, tanto
en el ámbito público como privado. Para ello se contemplaron cuatro líneas de acción estratégicas: (1)
Prevención de la VCM; (2) Articulación y fortalecimiento del Sistema de Atención en VCM; (3)
Acceso a la Justicia y Sanción Efectiva; e (4) Información y Conocimiento en VCM. El Plan refuerza
los mecanismos existentes de atención de mujeres que sufren violencia, a través de avances como: (1)
Nuevas casas de acogida para mujeres a nivel nacional, y nuevos centros de la mujer para prevención
y atención en violencia; (2) 7.650 trabajadoras/es de salud capacitadas/os en violencia de género; (3)
891 funcionarias/os públicas/os capacitadas/os en “herramientas para el abordaje de la violencia
contra las mujeres”; (4) Incorporación de la PDI y el SML al Circuito Intersectorial de Femicidio; (5)
Instalación de 15 circuitos regionales de femicidios que incorpora a sus funciones la prevención de
femicidios frustrados; (6) Capacitaciones a funcionarios/as de Carabineros y PDI sobre la pauta
unificada de evaluación inicial de riesgo de violencia contra las mujeres en contexto de pareja; (7)
Salas de acogida a víctimas de violencia sexual en 16 hospitales de alta complejidad del país; (8)
Atención a hombres en centros de reeducación para agresores (15 centros para HEVPA –hombres que
ejercen violencia de pareja- a nivel país). Entre 2014 y 2017 se ha atendido a 4.913 hombres y
123.241 mujeres en los distintos dispositivos de atención. A esto se suma el trabajo de SERNAMEG
y sus programas (Atención, Protección y Reparación en VCM; Prevención en Violencia contra las
Mujeres; y Línea de Violencia Extrema en femicidios y Casos de Violencia contra las Mujeres de
Connotación Pública.
22 La “pauta unificada de evaluación inicial de riesgo” es aplicada por personal de las policías y del MP
(según donde se denuncie). Es un cuestionario estructurado por ítems que contienen preguntas con
puntaje asignado, cuyo propósito es obtener, directamente de la afectada, información sobre la
existencia de factores de riesgo asociados a la situación de violencia que se ha denunciado. La pauta
arroja un nivel cuantitativo de riesgo que se calcula automáticamente según un algoritmo predefinido.
Este permite calificar esa situación de riesgo estableciendo si éste es vital/alto, medio o bajo. Una vez
obtenido el nivel de riesgo a partir de la aplicación de la pauta, se deben adoptar medidas y acciones
de protección, de acuerdo a cada nivel de riesgo, según lo que se define en el protocolo que se diseñó
para este fin.
23 Resolución FN/MP N° 2078 de octubre de 2017. La nueva Área de Violencia de Género ha
especializado las investigaciones criminales en los casos de violencia personas LGBTI y en delitos
cometidos en contexto de violencia intrafamiliar.
24 Si en 2013 un 5% de mujeres tenía participación en los directorios de empresas estatales; actualmente,
esa cifra es de un 40%.
25 Con esto se da cumplimiento a las recomendaciones efectuadas, entre otras, por los Comités CEDAW
(CEDAW/C/CHL/CO/5-6, párr. 35.d), de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(E/C.12/CHL/CO/4, párr. 29.a) y de Derechos Humanos (CCPR/C/CHL/CO/6, párr. 15), entre otros.
26 Publicadas en el Diario Oficial el 05 de Enero de 2018.
27 Fue aprobado por la Cámara de Diputados, y ahora se espera la aprobación del Senado. (Boletín N°
11758-07)
28 El proyecto de ley crea un “Fondo Solidario para Beneficio Social de Educación Parvularia en Nivel
de Sala Cuna”, que les dará cobertura a hijos entre seis meses y dos años de trabajadores dependientes
e independientes que cumplan con ciertos requisitos. El monto del beneficio asciende a una suma de
$245.000 mensuales, más el costo de la matrícula.
29 Boletín Nº 9303-11 que se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
30 https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=9734&prmBoletin=9322-13
31 Dictamen N° 1300/30, de 21.03.2017, de la Dirección del Trabajo. Sin reconsideración. En actual
aplicación: http://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/w3-article-111404.html
Ordinario N° 3164, de 12.07.17, de la Dirección del Trabajo.
http://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/w3-article-112357.html
Ordinario N° 3257, de 17.07.2017, de la Dirección del
Trabajo.http://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/w3-article-112425.html
Órdenes de Servicio y Circulares: Orden de Servicio N° 2, de 29.03.17, de la Dirección del Trabajo,
que regula el procedimiento administrativo en materia de denuncia por vulneración de derechos
fundamentales: www.dt.gob.cl/transparencia/OS-N2_29-03-2017.pdf
Circular 28, de 03.04.17, de la Dirección del Trabajo, que imparte instrucciones específicas sobre el
procedimiento administrativo en caso de denuncia por vulneración de derechos fundamentales:
www.dt.gob.cl/transparencia/Circ/N28_03-04-2017.pdf
32 Boletín N° 7567-07.
33 Para elaborar este Plan se realizaron un total de 705 encuentros a nivel nacional, con 19.082
participantes, aplicándose 31.272 instrumentos, (4.388 instrumentos fueron contestados de manera
virtual por funcionarias/os públicos/as). Uno de los principales logros fue la amplia participación de
diversidad de mujeres: migrantes, rurales, indígenas, diversidad sexual, estudiantes, pobladoras,
A/HRC/WG.6/32/CHL/1
23
tercera edad, sindicalistas, trabajadoras sexuales, académicas y mujeres privadas de libertad, entre
otras.
34 Plataforma público privada impulsada por el World Economic Forum, el Banco Interamericano de
Desarrollo y cuya Secretaría Ejecutiva está a cargo de la ONG Comunidad Mujer. Actualmente hay
120 empresas adheridas a la Iniciativa de Paridad de Género en Chile.
35 Este programa promueve la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar por medio de un
conjunto de herramientas que les permitan generar y gestionar ingresos y recursos propios a partir del
trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y de oportunidades de conciliación trabajo
remunerado, doméstico y de cuidados.
36 Estrategia de acción que busca contribuir al cambio cultural en las relaciones laborales entre mujeres
y hombres en contextos organizacionales con el fin de eliminar las brechas, barreras e inequidades de
género que enfrentan.
37 El financiamiento del programa proviene de una transferencia corriente del Ministerio de Desarrollo
Social en el marco de la Ley N° 20.595 en el marco del “Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile
Solidario”.
38 http://www.minjusticia.gob.cl/media/2018/07/Acuerdo_Nacional_por_la_Infancia.pdf
39 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1069827
40 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1103381
41 El delito de maltrato corporal relevante (artículo 403 bis del CP), sanciona con una pena de prisión en
cualquiera de sus grados (1 a 60 días) o multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales ($US 72
a $US 288), salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad. Esta sanción se
aumenta a presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) si quien comete el delito tiene un deber
especial de cuidado.
42 Oferta DEPRODE, julio 2018.
43 Fuente de datos entregados: DEPLAE, SENAME, 03 septiembre 2018.
44 Dicha política en con base en 5 ejes: promoción de derechos, diseño e implementación de políticas y
protocolos, generación de datos y estadísticas, alianzas interinstitucionales y estudio y monitoreo.
45 Estas acciones consistieron en reuniones realizadas en las diferentes regiones del país, con la
participación total de 168 personas, de las cuales un 35% corresponden al PJUD, 12,5% a Defensores
Penales Públicos, 11,3% a fiscales del MP, 23,8% a representantes de Organismos Colaboradores del
SENAME, 11,3% a representantes de Centros Privativos de Libertad (CIP-CRC-CSC) y el resto a
representantes regionales de diferentes servicios o ministerios.
46 Memorándum Nº 681 de 24 de agosto de 2018. Departamento de Justicia Juvenil, que informa a nivel
nacional “Lineamiento Enfoque de Derechos para adolescentes y jóvenes que se encuentran en
centros cerrados”. Servicio Nacional de Menores.
47 Oficio N° 330/2018 del Fiscal Nacional, de 20 de abril de 2018.
48 Esto supuso la incorporación de 50 defensores institucionales y 11 licitados, los cuales cubren el 86%
de los casos de NNA en que participa la DPP. El 14% restante, es cubierto por defensores generales,
que cuentan con capacitación en la materia.
49 https://www.chilevalora.cl/certificacion-de-migrantes/
50 Mayores detalles en el reciente “Informe trimestral trabajadores extranjeros, enero-junio 2018.
51 Ordinarios N°894 y N°329, MINEDUC.
52 Corte Suprema, causa Rol 3990-2017, sentencia de 16 de febrero de 2017.
53 Corte Suprema, causa Rol 7147-17, sentencia de 7 de marzo de 2017.
54 Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia Rol 351-2013, 9 de marzo de 2013.
55 Criterios de actuación en materia de persecución penal y protección de víctimas” del Fiscal Nacional
(Oficio FN N° 575/2015).
56 Este dispositivo integra dos líneas de acción: la protección y atención en el espacio residencial; y la
sensibilización y capacitación para una adecuada atención y detección de casos (llegando a 793
personas capacitadas).
57 Conversión según tipo de cambio publicado por el Banco Central de Chile al 19 de octubre de 2018
(US$1=$674.68). Ver www.bcentral.cl.
58 Movimiento de Integración y Liberación Homosexual; Organizando Trans Diversidades; Corporación
Humanas; Red Chilena de Violencia hacia las Mujeres; Colectivo “Ni una Menos”; Agrupación
Lésbica Rompiendo el Silencio; Fundación Todo Mejora; y Fundación Iguales. La instancia tiene
como misión registrar los delitos cometidos en contra las personas LGBTI+ y asesorar a los y las
fiscales en sus investigaciones criminales iniciadas por hechos de violencia motivados en razón de la
identidad o expresión de género de la víctima.
59 99.557, hombres y 12.691 mujeres al día 31 de julio de 2018.
60 El Subsistema Cerrado concentra un total de 50.944 PPL, de las cuales 46.799 son hombres y 4.145
son mujeres. Este subsistema incluye al Régimen de Control Cerrado en el cual se encuentran 41.432
PPL y se subdivide en Detenidos (26); Procesados (2); Imputados (14.113); y Condenados (26.577).
A/HRC/WG.6/32/CHL/1
24
El Subsistema Cerrado también incluye un Régimen de Control Semiabierto, donde están los
Condenados en C.E.T Semiabierto el que concentra 686 PPL. Finalmente, dentro de este Subsistema
está el Régimen de Control Abierto, que reúne 8.826 PPL. Por un lado se encuentran los que tienen
Beneficios de Reinserción (8.244) y por otro los Apremios (582).
61 El Subsistema Abierto concentra 61.306 PPL de las cuales 52.758 son hombres y 8.546 son mujeres.
Este Subsistema se divide en primer lugar, en Medidas Alternativas en la que se encuentran 4.523
PPL y que se subdivide en: Remisión Condicional de Pena (2.991), Libertad Vigilada (1.213) y
Reclusión Nocturna (319). En segundo lugar, están las Penas Sustitutivas, las que cumplen 56.781
PPL, y que se subdividen en: Remisión Condicional (31.400), Libertad Vigilada (1.121), Libertad
Vigilada Intensiva (12.901), Reclusión Parcial (7.183), Prestación de Servicio en Beneficio de la
Comunidad (4.044) y Expulsión (132).
62 La población recluida 24 horas, tiene un 102,7% de uso (2,7% de sobrepoblación), en el caso de los
hombres el uso es de un 106,4% (6,4% de sobrepoblación), mientras que las mujeres es de un 74,4%.
Respecto a la población juvenil, hay un 12,8% de uso, y en el caso de las personas que pernoctan en
las unidades penales, hay un 83,6% de uso según la capacidad de diseño.
63 Ha permitido que las personas condenadas a penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de
libertad, pudieran cumplir dichas penas en medio abierto, mediante control de GENCHI, ya sea en un
CRS o en establecimiento penal, según corresponda.
64 Respecto de los condenados hombres, ha aumentado de 18980 personas en 2014, a 49553 a agosto de
2018. Respecto de las condenadas mujeres, ha aumentado de 2580 personas en 2014, a 7782 a agosto
de 2018.
65 Los programas son: Proyectos de conservación, Proyectos de inversión, Proyectos construcción de
redes contra incendio.
66 (1) Res. Ex. 9681 de fecha 15 de septiembre de 2014, que aprueba procedimiento y flujograma para el
uso de la fuerza al interior de los establecimientos penitenciarios del subsistema cerrado; (2) Res. Ex.
9682 de fecha 15 de septiembre de 2014, que aprueba procedimiento y flujograma para el uso de
armas de fuego y munición ante fuga o intento de fuga desde el interior de los establecimientos
penitenciarios; (3) Res. Ex. 10.182 de fecha 02 de octubre de 2014, que aprueba normas aplicables a
la salida de internos de los establecimientos penitenciarios y a las órdenes de libertad de imputados.
Es dable señalar, que mediante Resolución Exenta N°11.354 de fecha 30 de diciembre de 2016, el
procedimiento de salida y custodia de mujeres embarazadas fue modificado, a fin de adecuar la
regulación a los estándares internacionales, en especial lo que dice relación con la prohibición del uso
de elementos de coerción física.
67 Estas denuncias alcanzaron en los años 2016 al primer semestre de 2018, 391, 540, y 178
respectivamente, relacionadas al derecho a la Integridad física y personal. En cuanto a sumarios
iniciados por GENCHI, existen 455 casos desde el año 2015 a la fecha, relacionados con malos tratos
por parte de su personal. De éstos en 50 casos se ha determinado una sanción, sea censura, multa o
suspensión del Empleo. Por otro lado, desde diciembre de 2016 a julio de 2018, se han realizado 115
denuncias judicializadas a funcionarios por Apremios Ilegítimos, 56 casos de enero a julio del
presente año.

68 El Plan Piloto opera en las regiones de Tarapacá y en la Metropolitana Sur.

69 Resolución FN/MP N° 2078-2017 del 31 de octubre de 2017 que modifica competencias y denominación de la unidad especializada que indica por el nombre de Unidad Especializada de DDHH, Violencia de Género y Delitos Sexuales; y Resolución FN/MP N° 895-2017 del 5 de diciembre de 2017 que imparte criterios de actuación en delitos de tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes.

70 Decretos Exentos Nº 584/2007 y N°1000/2007. La Ley N° 21.040 de 24 de noviembre de 2017 que
crea el sistema de educación pública, hace mención a la educación en contextos de encierro, estableciendo que los órganos encargados de la educación pública deberán tener en especial consideración el desarrollo de la oferta educacional para las personas que se encuentren bajo cualquier régimen de privación de libertad o programa de reinserción social.
71 Decreto Supremo de Educación Nº257/2009.
72 El programa “Creciendo Juntos” posee dos componentes:
Componente 1: se atiende e interviene a mujeres embarazadas o con hijos/as lactantes de hasta 2 años que permanecen con sus madres en reclusión, sin importar su calidad procesal (imputada o condenada). Se mantiene un 100% de cobertura de atención de las mujeres que tengan alguna de estas condiciones.
Componente 2: tiene por objetivo intervenir a personas condenadas con hijos/as hasta los 12 años de edad y que presenten un nivel de riesgo alto o muy alto en el factor criminógeno familia y pareja. Se ejecuta a través del Taller de Parentalidad, que entrega herramientas técnicas y prácticas asociadas a la parentalidad positiva, promueve las competencias parentales y la vinculación afectiva de las diadas padre-hijo/a y madre-hijo/a, durante el periodo de reclusión. Respecto a este componente,  personas participaron del Taller de Parentalidad (254 hombres y 228 mujeres).

73 CPF Antofagasta: Centro de Educación Integral de Adultos, Dr. Antonio Rendic; CPF Talca: Liceo Técnico Profesional Aulas de Esperanza; CPF Chillán: Colegio Nueva Esperanza E-2014; CPF Temuco: Colegio Manuel Rojas; CPF San Miguel: Escuela de Adultos Hugo Morales Bizama; CPF Santiago: Liceo Santa María Eufrasia. Actualmente, se cuenta con 15 plazas en el CPF Antofagasta, 225 en el CPF Talca, 155 en el CPF Chillán, 290 en el CPF Temuco, 352 en el CPF San Miguel y 416 en el CPF Santiago. En 2015 el número de mujeres matriculadas ascendía a 1.317; en 2016 a 1.356; en 2017 a 1.426; y a agosto de 2018 ascendía a 1.329.

74 Examen Preventivo de Salud (ingreso);Dispositivos de Salud para atención de mujeres; Atenciones de salud; Atenciones odontológicas; Atenciones ginecológicas; Tratamiento de Salud Mental; y Tratamiento VIH.

75 La iniciativa comienza a regir de forma gradual y tiene como objetivo garantizar la educación como un derecho. Esta ley otorga libertad de elección a las familias para escoger el proyecto educativo que prefieran, con disponibilidad completa de la información de cada establecimiento, sin estar condicionados a la capacidad de pago, rendimiento académico u otros tipos de discriminación para sus hijos e hijas. Junto con ello, elimina el lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado.

76 https://www.supereduc.cl/buscador-buena-escuela/

77 https://www.mineduc.cl/2017/12/22/orientaciones-la-inclusion-educativa-los-estudiantes-extranjeros/

78 Alumnos matriculados en Educación Especial durante 2017 representan el 5,1% de la matrícula total. http://junarsemantics.s3.amazonaws.com/mineduc/BigData/Visualizaciones/VZ1/dist/index.html

79 https://plandeinversionesensalud.minsal.cl/. Al mes de octubre del 2018, el Plan cuenta con 2 proyectos terminados, 26 en ejecución de obras civiles (4 de ellos bajo el contrato DiseñoConstrucción) y 10 recintos en proceso de licitación

80 http://leyricartesoto.fonasa.cl/

81 http://www.suseso.cl/sel/606/w3-propertyvalue-137400.html

82 Ley y su reglamento, comenzaron a regir el 27 de junio del año 2016. A dos años de la implementación de la ley entró en vigencia el segundo tramo de la iniciativa, elevando los estándares de exigencias de los límites de grasas, calorías, azúcares y sodio en los alimentos que se comercializan.
83 Boletín N° 5261-11.
84 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1068531
85 Corte Suprema, Rol 396-2009, de 2001. Sentencia de Reemplazo, considerando 30°.
86 Corte Suprema, Rol 396-2009, de 2001. Sentencia de Reemplazo, considerando 29°.
87 Corte Suprema, Rol 41.417-2017 de 25 de junio de 2018. Sentencia de Reemplazo, considerando 14°.
88 Corte Suprema, Rol 41.417-2017, de 25 de junio de 2018. Considerando 6°.
89 Ver Anexo.
90 El 24 de abril de 2014 (AD 739-2010), el Pleno de la Corte Suprema acordó “conformar un equipo de
apoyo para actualizar la base de datos existente en materia de derechos humanos”. Este equipo estará
integrado por “dos personas que trabajarán con el ministro coordinador, cuya designación e
implementación queda a cargo del Señor Presidente”.
91 La Corte Suprema ha resuelto en este sentido de forma permanente a partir del caso Pedro Poblete
Córdova, Rol 469-1998 (1998).
92 De acuerdo a la Corte, la medida de reserva “es proporcional puesto que el sacrificio inherente a la
restricción no resulta (…) desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el
cumplimiento de la finalidad perseguida”. Corte IDH, Omar Humberto Maldonado Vargas y Otros v.
Chile, Serie C 300, párrafo 99.
93 1.187 delitos correspondientes a 1666 víctimas (273 de ellas menores de edad). En cuanto a los
términos de los procesos, 457 han tenido salida judicial, 1339 salidas no judiciales y 285 han tenido
otros términos. Por su parte, en cuanto al delito de apremios ilegítimos cometidos por funcionarios
públicos (art. 150 D CP), hay un total de 2070 delitos ingresados correspondiente a 2639 víctimas. En
cuanto a los términos, 55 han tenido salida judicial, 838 salidas no judiciales y 367 otros términos.
94 El año que registró más ingresos fue el 2017, alcanzando un total de 505 causas. Respecto al tipo de
delito, el mayor número de ingresos se concentró en tortura del inciso primero del artículo 150 del
Código Penal con 456 ingresos, y en Abusos en contra de particulares establecido en el artículo 255
del Código Penal con 434.
95 Los oficiales investigadores se han capacitado en temáticas relativas a la protección de los derechos
humanos, uso de la fuerza, principio de igualdad y no discriminación y sistemas internacionales de
protección a los derechos humanos, entre otras materias.
96 Entre 2015 y 2017, el Ministerio Público expidió 183 órdenes para investigar la presunta comisión del
delito de apremios ilegítimos; 144 órdenes por el delito de tormentos a detenidos; y 116 órdenes por
el delito abusos contra particulares. Durante el primer semestre del año 2018, se recibieron 155
A/HRC/WG.6/32/CHL/1
26
órdenes de investigación por el delito de apremios ilegítimos y otras 47 por el delito de tortura.
97 En este contexto, en la actualidad se llevan a cabo cuatro investigaciones cuyas víctimas son
integrantes de comunidades mapuches: Caso Alex Lemun: Indagatoria desarrollada por el delito de
violencia innecesaria con resultado de muerte, hecho ocurrido en noviembre del año 2002; Caso
Liucura, 2018: Indagatoria seguida por los delitos de apremios ilegítimos en contra de integrantes de
una comunidad mapuche, quienes acusan violencia y detención ilegal en procedimiento adoptado por
Carabineros; Caso Huentelolén, 2018: Indagatoria seguida en virtud de una denuncia de comuneros
mapuche que acusan apremios ilegítimos por parte de Carabineros; y Caso Los Álamos, 2018:
Indagatoria seguida por la denuncia de un Lonco de una comunidad mapuche quien acusa apremios
ilegítimos en un procedimiento policial de Carabineros.
98 1) sistema público de recepción de quejas de fácil acceso para el público a través de la plataforma de
internet de Carabineros a cargo del Departamento de Información Pública Orden General N° 2149 de
17 de diciembre de 2012 que crea el Departamento de Información Pública, Reclamos y Sugerencias,
OIRS. 2) Los/as jefes/as con responsabilidad de mando ejercen una supervisión constante de sus
subalternos/as y cuentan con facultades disciplinarias. Por su parte, el personal sujeto a una
indagación administrativa cuenta con asesoría letrada para la defensa de sus intereses .Orden General
N° 2.253 de 17 de marzo de 2014 y Orden General N° 2.274 de 10 de junio de 2014, ambas de la
Dirección General de Carabineros. 3) La búsqueda y recolección de información sobre inconductas
funcionarias está a cargo del Departamento de Asuntos Internos. Para optimizar su desempeño
recientemente quedó radicado en la Contraloría General de Carabineros. Orden General N°2563 de
fecha 28 de marzo de 2018 de la Dirección General de Carabineros.
99 El número de denuncias penales por empleo excesivo de la fuerza es el siguiente: 2014, 36; 2015, 15;
2016, 7 (fuente: Departamento de Análisis Criminal, a partir de datos del sistema de Automatización
de las Unidades Policiales, AUPOL (junio 2018).
100 El total de funcionarios que ha recibido instrucción presencial en derecho internacional de los
derechos humanos entre los años 2013 y 2017 es el siguiente: a) Etapa de formación: 13.515; b) Etapa
de perfeccionamiento: 5.342.
101 Se capacitó a 14.997 funcionarios a nivel nacional.
102 Hasta agosto de 2018 ha cubierto a 31.945 carabineros/as de un total de 42.020 efectivos operativos.
Este mecanismo desde fines de 2018 contará además con un programa de realidad virtual.
103 (1) La Circular N° 1.756 de 2013 de la Dirección General de Carabineros que imparte instrucciones
sobre el uso de la fuerza; (2) la Orden General N° 2.287 de 2014 de la Dirección General que aprobó
la actualización de los 30 protocolos de intervención para el mantenimiento del orden público; y (3) la
Orden General N° 2.490 de 2017 de la Dirección General de Carabineros que aprobó el “Manual de
Técnicas de Intervención Policial para Carabineros de Chile. Nivel 1”.
104 Prevención de la tortura; Trato a NNA; Género y Diversidad Sexual; Pueblos Indígenas;
Discapacidad y Migración.
105 Disponible a partir del 2019.
106 https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=84674

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