LA EDUCACION ES UN DERECHO, NO UN BIEN DE CONSUMO, MADRES EXIGEN ACCESO SEGUN ESTANDARES UNIVERSALES

Obligaciones internacionales contraídas por Chile respecto del derecho a la educación .

Autora: Vanesa Hermosilla /Ong Emprender con alas.

Chile, en cuanto Estado parte en varios instrumentos internacionales de derechos humanos, ha contraído obligaciones jurídicas respecto del derecho a la educación. Ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aborda de manera exhaustiva el derecho a la educación. Es también parte en la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que prohíbe toda discriminación en la educación por motivo de origen nacional o social, posición económica o nacimiento, entre otros. Además, Chile ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece el derecho a la educación y proscribe la discriminación por motivo de origen social y posición económica.
También es Estado parte en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Todos esos instrumentos internacionales de derechos humanos consagran el principio fundamental  de igualdad de oportunidades en la educación.

Hoy ,  el presidente Sebastian Piñera  expresa la necesidad de realizar una gran reforma educacional encabezada por la Ministra Marcela Cubillos.

Video autoria CNN: Noticia publica /1/1/2019.

Obligaciones nacionales existentes en la Constitucion política de la República  de Chile 

La Constitución de Chile de 1980 establece el derecho a la educación. En virtud de lo dispuesto en el artículo 19, numeral 10, de la Constitución, se asegura a todas las personas el derecho a la educación. La Constitución dispone que corresponde al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho y lo obliga a garantizar el acceso
gratuito al sistema educativo desde el último año de la educación parvularia y durante la educación primaria (“básica”) y secundaria (“media”), que constituye la enseñanza obligatoria, debiendo, por tanto, financiarlo. En esas etapas, la educación es obligatoria para toda la población y debe ser gratuita.

El artículo 19, numeral 10, de la Constitución también establece el objetivo de la educación, que es el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, y dispone que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Establece además que es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación

En este contexto el  año 2016 el Relator Especial sobre el derecho a la educación, Kishore Singh, realizó una
misión a Chile del 28 de marzo al 4 de abril de 2016 en ocasion al siguiente 35º período de sesiones
6 a 23 de junio de 2017 dando cuenta del Tema 3 de la agenda Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo:

En cuanto a la enseñanza básica.

En la actualidad hay en Chile tres tipos de establecimiento, en función de su forma de financiamiento:
a) Establecimientos públicos, dependientes del Estado y gestionados principalmente por las municipalidades, en los que la educación se imparte de forma gratuita. En 2011, el 40% de los alumnos asistían a estos establecimientos.
b) Establecimientos particulares subvencionados por el Estado, financiados de forma conjunta con subsidios estatales y copagos de las familias de los alumnos , gestionados en su mayoría por propietarios privados. En 2011, el 53% de los alumnos asistían a estos establecimientos.
c) Establecimientos particulares pagados (independientes), financiados totalmente con las cuotas que se cobran a las familias de los alumnos. En 2011, el 7% de los alumnos asistían a estos establecimientos
.
Los tres tipos de establecimiento escolar están fuertemente estratificados por grupo socioeconómico: el 70% del alumnado de los establecimientos públicos municipales procede de los hogares con menos ingresos, mientras que el 75% del alumnado de los establecimientos particulares procede del quintil con ingresos más altos.
Además, debido a las grandes diferencias entre las municipalidades en lo que respecta a su capacidad, su
voluntad política y sus calificaciones profesionales, el sistema de educación municipal de Chile ocasiona importantes disparidades en términos de calidad entre las escuelas públicas.

Según el Ministerio de Educación, se planea introducir un convenio de desempeño basado en un nuevo acuerdo sobre educación con las municipalidades, en virtud del cual cada municipalidad se comprometerá a poner en marcha una serie de iniciativas acordadas en 2015.  Esas disparidades ponen de manifiesto la importancia del proyecto de ley que crea el sistema nacional de educación pública, que se propone crear un sistema nacional de educación de calidad uniforme, en el que el Gobierno nacional tenga la responsabilidad general de hacer una mejor gestión, al tiempo que se mantiene la ejecución descentralizada en manos de las autoridades municipales.

El financiamiento compartido se había introducido en la Ley núm. 19247, de 15 de septiembre de 1993, relativa a las donaciones con fines educacionales, y permitió tanto a los establecimientos particulares subvencionados de escolarización primaria y secundaria como a los establecimientos públicos municipales de escolarización secundaria cobrar tasas de matriculación en la máxima cuantía posible al tiempo que percibían subvenciones. Años más tarde se permitió a las escuelas privadas subvencionadas cobrar una cuota mensual adicional además del copago. La aplicación de la Ley de Inclusión Escolar dará a las familias la libertad de elegir cualquier establecimiento educativo, independientemente de su situación económica o capacidad financiera, y de acceder a la educación de forma gratuita.

Expresó el informe internacional que  Chile ha emprendido reformas educativas , destinadas a desmantelar la herencia dejada por los enfoques basados en la lógica de mercado aplicados a la educación, que han generado un sistema educativo enormemente segregado y discriminatorio. El Relator Especial acoge con satisfacción el nuevo modelo de educación, que reconoce la educación como un derecho, y no como un bien de consumo. El informe presenta un análisis del sistema jurídico nacional emergente, que se está elaborando de conformidad con las normas internacionales y que constituye la base de las reformas. El proceso ha sido posible gracias a que la libertad de enseñanza se ha ajustado a las obligaciones internacionales y constitucionales del país sobre el derecho a la educación, de forma que esa libertad de enseñanza no pueda ejercerse sin restricciones. El informe ofrece un panorama general de las mejoras en materia de educación y basadas en la equidad encaminadas a ampliar el acceso a la educación a todos los niveles, destacando los retos que entraña la materialización concreta de las reformas. El Relator Especial subraya la necesidad de que las operaciones financieras de todos los sostenedores privados se investiguen rigurosamente, con transparencia y plena rendición de cuentas, y concluye con una serie de recomendaciones que deberían contribuir a reforzar las reformas

Avances en la educación superior

La cuestión del acceso a la educación como un derecho se colocó en el centro del debate nacional a raíz de las protestas estudiantiles y las manifestaciones públicas masivas que tuvieron lugar en 2006 y 2011 contra la educación privatizada de Chile, que ha generado importantes desigualdades educativas. La mayoría de las reivindicaciones de los estudiantes abordaban la posibilidad legal de lucrarse con la educación en todos los niveles de enseñanza y la necesidad de aliviar la carga de las familias, en particular la que se derivaba del financiamiento de los estudios universitarios.

En Chile hay tres tipos de establecimientos de educación superior:

a) Las universidades, que imparten educación superior tanto profesional como técnica y pueden expedir títulos académicos.
b) Los institutos profesionales, que imparten educación profesional y técnica, pero no pueden otorgar títulos académicos.
c) Los centros de formación técnica, que imparten educación superior técnica.

El alumnado de los institutos profesionales y los centros de formación técnica pertenece principalmente a los tres primeros quintiles con ingresos más bajos.  Si bien la tasa de escolarización en la enseñanza superior ha aumentado considerablemente en los últimos años, situándose en 2014 en aproximadamente el 40% de la población de entre 18 y 24 años  el acceso sigue dependiendo en gran medida de la renta familiar. Aproximadamente el 80% de los estudiantes están matriculados en universidades privadas y, en la actualidad, la educación superior es mayormente privada y muy costosa.
Para obtener una plaza en la universidad, los candidatos deben someterse a la prueba de selección universitaria, de la que se encarga el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile. Todos los graduados de la educación media pueden presentarse a la prueba, pero los resultados dependen en gran medida de los efectos acumulativos de haber accedido a una educación básica y media de determinado
nivel de calidad, por lo que los grupos más vulnerables quedan rezagados.

Además, las universidades procuran obtener la acreditación institucional, en algunos casos recurriendo a medios poco fiables, puesto que esa certificación da acceso, entre otras cosas, a préstamos y becas estudiantiles, lo que a su vez permite a la universidad aumentar el porcentaje de matriculación y, por lo tanto, multiplicar las posibilidades de lucro. En algunos casos se concede la acreditación por uno o dos años solamente, pero ello permite a las instituciones cobrar cuotas durante toda la formación universitaria más allá de los años para los que tenían acreditación. Si no obtienen la acreditación para los años subsiguientes, las universidades deben cerrar, después de haber cobrado las tasas por estudios futuros y dejando a los estudiantes endeudados y sin una institución académica en la que continuar sus estudios.

En el momento de la visita del Relator Especial, todavía se estaban perfilando las reformas de la educación superior. Estas prevén el establecimiento de un sistema de aseguramiento de la calidad y de un nuevo sistema de acreditación, la creación de instituciones públicas y la modificación del régimen de financiamiento de la investigación,
el desarrollo y la innovación. El Relator Especial confía en que las reformas incluirán un proceso participativo y que, cuando se aprueben, aumentarán la capacidad institucional para absorber el número creciente de estudiantes y mejorarán la calidad, la capacidad y el financiamiento de las instituciones de educación superior.

 

Educación y formación tecnico profesional y desarrollo de competencias

En Chile hay pocos establecimientos acreditados que imparten educación tecnico profesional, entre otras razones porque no pueden acceder a financiamiento público. El sistema de acceso a fondos públicos para los establecimientos y el alumnado de educación técnica se concibió teniendo en mente una educación centrada en la universidad.
Por consiguiente, los requisitos para acceder a esos fondos no son compatibles con las necesidades y capacidades requeridas en la educación tecnico profesional. En consecuencia, a esos establecimientos les ha resultado difícil acceder a financiamiento público, tanto como a sus estudiantes lograr el desempeño de nivel universitario que se exige para conseguir becas y préstamos.
El Gobierno reconoce que la educación tecnico profesional es fundamental para el desarrollo sostenible encaminado a construir un futuro mejor. La calidad y la pertinencia, así como el entorno productivo y social y el valor social de la educación tecnico profesional, son los tres pilares de acción de la reforma en ese sector de importancia estratégica.

El Relator Especial celebró la decisión de ampliar la educación superior técnica con 15 centros de enseñanza superior nuevos, uno en cada región de Chile. Con ello se subsanarán las carencias existentes en la educación terciaria pública. Ello demuestra la firme voluntad del Gobierno de fomentar una educación tecnico profesional de calidad que potencie la capacidad de sus beneficiarios para una transformación individual y social. De
acuerdo con la ley aprobada en marzo de 2015 por la que se crean los centros, cada uno de ellos estará asociado con una universidad pública que tenga acreditación institucional. Los centros, que comenzarán a funcionar de forma gradual, también tendrán acceso a actividades de formación continua para el desarrollo de competencias, así como a educación cívica.

Durante la visita, se informó al Relator Especial sobre el marco nacional de cualificaciones para la formación tecnico profesional que los Ministerios de Educación y del Trabajo y Previsión Social están elaborando para posibilitar la organización de los procesos de aprendizaje como un continuo. El marco pretende normalizar las cualificaciones de los estudiantes en el sistema educativo, promoviendo la formación continua mediante la certificación de competencias y el reconocimiento de aprendizajes previos, haciendo además hincapié en las competencias por necesidad ocupacional. Pone el acento en la pertinencia de la educación y la formación para que las competencias se correspondan con las necesidades de las personas en un entorno socio productivo.

Asimismo, se informó al Relator Especial de las medidas del Ministerio del Trabajo y Previsión Social para aumentar la formación en colaboración con el sector privado a fin de crear oportunidades para certificar competencias y vincular la formación con los programas laborales dentro del sistema educativo. y plantea que otra medida importante prevista en la Ley de Inclusión Escolar,  es la introducción de un sistema de cupos en la educación. En 2005, el Decreto núm. 196 estableció la obligatoriedad de todas las escuelas subvencionadas de contar con al menos un 15% de alumnos de familias con los ingresos más bajos como requisito para continuar recibiendo la
subvención. En 2016, a raíz del requerimiento presentado por algunos miembros del Congreso contra la Ley de Inclusión Escolar ante el Tribunal Constitucional, se reabrió el debate sobre los cupos. El Tribunal concluyó que estos eran constitucionales, especialmente si el Estado los financiaba. Así pues, las escuelas particulares subvencionadas tienen que admitir, en virtud del sistema de cupos, a un 15% de alumnos procedentes de familias de
bajos ingresos. De conformidad con la información facilitada por el Ministerio de Educación, en la actualidad, más de 5.000 establecimientos educativos sin fines de lucro reciben subvenciones para apoyar la educación gratuita. A partir de marzo de 2016, el aumento de un 20% de la subvención escolar preferencial beneficiará a más alumnos.

 El Relator Especial recibió  las informaciones sobre otros programas de Acompañamiento y Acceso Efectivo, destinado a combatir la discriminación mediante la prestación de asistencia a estudiantes y la reserva de plazas universitarias para el 15% de los alumnos con mejores resultados académicos.

La Relatoria Especial  enuncia los retos en educación ,  hoja de ruta y análisis  que aporta a las ONG y a los defensores de los derechos del Niño y Adolescentes para analizar la situación de la educación en Chile , recabar informacion  e incidir realizando  informes alternativos , previos o complementarios  de forma a de aqui al Octubre 2019 que contribuira a avanzar  con las propuestas de la sociedad civil . Destacar que el  próximo Examen periódico que Chile debe rendeir ante el Comite de los derechos del Niño ocurrirá el primer trimestre del 2020.

El ciclo y plazos  de entrega de informes desde la sociedad  definidos para  aportar a  la Convención de los derechos del niño, a traves de su Comité, informes  sumamente importante porque  el Comité recibirá información específica, fiable y objetiva de ONG e INDH a fin de evaluar de modo integral e independiente los avances realizados y las dificultades encontradas en la aplicación de la CDN.

El Comité desea información sobre todas las áreas cubiertas por la CDN, preferentemente en un informe completo.

El Comité también desea información que complete el informe del Estado o información sobre temas de inquietud no cubiertos en el informe del gobierno o tratados, a juicio de las ONG y las INDH, de modo incorrecto o equívoco.

La experiencia muestra que la mayoría de los informes de los Estados se centra en los aspectos legales y no siempre incluye suficientes análisis de los desafíos prácticos y las medidas de aplicación adoptadas. Por lo tanto, los informes alternativos deben recalcar las buenas prácticas, mencionar las brechas y destacar las dificultades de aplicación de la legislación, los programas y las políticas. Las ONG y las INDH pueden decidir qué tipo de informe elaborar en función de su capacidad, sus recursos y sus conocimientos y de la contribución que consideran más útil para que el Comité comprenda la situación del Estado en el momento del examen.

Los informes redactados por ONG  siempre deben ser independientes del informe del Estado parte. Incluso si el Estado las invita a aportar datos para su informe como parte de un proceso de consulta, las ONG y las INDH pueden y deben escribir sus propios informes.

Movimiento Nacional por la Infancia ( MNI) permanentemente  convoca a personas profesionales y organizaciones de la sociedad civil y recibe expresiones de interés en  participar en  incidencia y Lobby  internacional .

Escribenos : mni@emprenderconalas.cl

 

 

 

 

 

 

 

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